Discutieron en la cocina de la Casa de Gobierno y uno terminó imputado: la prueba que lo complica
Una discusión que empezó en la cocina y siguió en un patio interno terminó con un empleado imputado y un compañero con la mano lastimada. La defensa rechaza la versión de la Fiscalía y busca una salida sin juicio. ¿Qué captaron las cámaras del edificio?
Un empleado de la Casa de Gobierno de Chubut quedó en la mira de la Justicia por una pelea con un compañero de trabajo que terminó con lesiones en una de las manos de la víctima. El episodio ocurrió en abril, dentro del edificio gubernamental de Rawson, y derivó en una investigación penal por lesiones leves.
La jueza de garantías Eve Ponce hizo lugar al pedido de la Fiscalía de Rawson y dispuso abrir la causa por un plazo de seis meses. El imputado, identificado con las iniciales A. R., y el damnificado se desempeñan en la administración pública.
Cómo empezó todo
La reconstrucción del hecho la expuso la procuradora fiscal Silvina Nicholson durante la audiencia. Según el Ministerio Público Fiscal, la discusión arrancó el 1 de abril cerca de las 10.30 en la cocina de la Casa de Gobierno y después siguió en un patio interno del edificio.
De acuerdo con la acusación, fue en ese segundo escenario donde el imputado habría tomado la carcasa de una CPU para golpear a su compañero. El resultado: lesiones leves y escoriaciones en una mano.
La fiscal sostuvo además que el incidente quedó captado por las cámaras de seguridad del establecimiento y que durante la investigación preliminar se entrevistó a varios testigos que habrían presenciado la escena.
La defensa no acepta la versión oficial
Los abogados particulares del trabajador, Lisandro Benítez y Fabricio Petrakowsky, rechazaron el relato de la Fiscalía y plantearon ante la jueza que los hechos no se desarrollaron como los describió Nicholson.
En la misma audiencia, la defensa propuso una salida alternativa al conflicto para evitar que el caso llegue a juicio. Frente a ese planteo, Ponce ordenó la apertura de la investigación y adelantó que convocará a una nueva audiencia dentro de tres meses para analizar si esa herramienta es viable.
Hasta entonces, la Fiscalía tendrá medio año para reunir pruebas y avanzar en el esclarecimiento. El trabajador sigue imputado, una condición procesal que no equivale a una declaración de culpabilidad.
