Disparó contra el perro de su vecino en Roca: la Justicia repartió la culpa y ahora deberá pagar

Una pelea entre perros en una zona rural de General Roca terminó con dos animales muertos, un escopetazo y un fallo judicial que distribuyó la responsabilidad en partes iguales entre dos vecinos. La jueza consideró que ambos contribuyeron al desenlace y condenó al hombre que disparó a pagar una indemnización.

Todo arrancó cuando un perro de raza American Bully y otros animales de la misma familia entraron a un terreno lindero. Adentro se toparon con el perro de los dueños de esa propiedad y se desató una pelea feroz. El enfrentamiento dejó consecuencias graves para las dos familias.

El disparo y las versiones cruzadas

El dueño del terreno agarró una escopeta y le disparó al American Bully, que murió por un impacto en la cabeza. El perro de la familia que vivía en esa propiedad también murió a causa de la pelea. Los vecinos quedaron enfrentados por versiones opuestas: uno dijo que usó el arma para defender a su mascota; el otro sostuvo que la muerte de su perro fue injustificada.

El propietario del American Bully y sus dos hijas llevaron el caso al fuero Civil de Roca con una demanda por daños y perjuicios. Reclamaron una indemnización por la muerte del animal, los gastos veterinarios, las consecuencias emocionales y la pérdida de ingresos que generaba su reproducción.

El fallo: 50 y 50

La jueza hizo lugar parcialmente al reclamo y condenó al hombre que disparó a pagar una reparación económica. Pero determinó que los dos vecinos habían contribuido al resultado y repartió la responsabilidad en partes iguales.

Según la magistrada, el dueño del American Bully no tomó las medidas necesarias para evitar que sus perros entraran a los terrenos vecinos. La falta de un cerramiento adecuado facilitó el enfrentamiento. Al mismo tiempo, calificó el uso de la escopeta como «desproporcionado».

La sentencia dejó en claro que el ingreso de los perros a una propiedad ajena no justificaba por sí solo el uso de un arma de fuego. La jueza diferenció la responsabilidad de quien debía controlar a sus animales de la conducta de quien decidió disparar. Por eso, atribuyó un 50% de responsabilidad a cada vecino. También rechazó la demanda contra otras tres personas porque no se acreditó que hubieran participado en los disparos o en la decisión de usar el arma.

Qué normas aplicó la jueza

Para resolver el conflicto, la magistrada se apoyó en las normas del Código Civil y Comercial sobre responsabilidad por daños, la intervención de la víctima en la producción del perjuicio y las condiciones que permiten justificar una conducta para evitar un daño mayor.

También tomó en cuenta la normativa municipal sobre tenencia de perros potencialmente peligrosos, que fija obligaciones especiales de cuidado y custodia. Sobre el uso de la escopeta, concluyó que no se habían acreditado los requisitos legales para admitir una situación de necesidad que justificara el disparo.

El valor de las mascotas y el daño moral

Otro punto central del fallo fue el valor que las mascotas tienen para las familias. La jueza explicó que, aunque el Código Civil y Comercial considera a los animales «como cosas», existen antecedentes judiciales vinculados al concepto de familia multiespecie, que reconoce los vínculos afectivos entre las personas y sus animales.

Los testimonios demostraron que el American Bully formaba parte de la vida cotidiana de su dueño y que su muerte le provocó un sufrimiento emocional. El fuero Civil reconoció una indemnización por daño moral y gastos veterinarios.

Las otras dos causas: redes sociales y exposición

La pelea entre los perros derivó en otros dos expedientes judiciales. Después del episodio, el dueño del American Bully difundió lo ocurrido en redes sociales y medios de comunicación. Esas publicaciones generaron nuevos reclamos de la familia vecina, que consideró afectados sus derechos por la exposición pública. La mujer y su pareja iniciaron demandas por separado contra el propietario del perro. En ambos casos, la jueza les dio la razón y ordenó indemnizaciones.

En el caso de la mujer, consideró que las publicaciones permitieron identificarla y localizar su vivienda, con consecuencias para su intimidad y privacidad. En el del hombre que efectuó el disparo, determinó que la difusión de información y los comentarios ofensivos y amenazantes afectaron su honor y su privacidad. La magistrada sostuvo que el derecho a informar sobre la muerte del animal no justificaba la exposición de los vecinos.