Doce años de concurso, un acuerdo homologado en 2017 y una planta que llegó a exportar a México: así y todo, la Justicia terminó declarando la quiebra de la agroindustria de Guaymallén y de cuatro garantes. Qué pasó con el inmueble y el desalojo.
La Justicia de Mendoza declaró la quiebra de Establecimientos Antonio Isgro y Cía. S.A., una firma agroindustrial con planta en Los Corralitos, Guaymallén, que arrastraba más de doce años dentro de un proceso concursal. La resolución no quedó limitada a la sociedad: también abarcó a cuatro personas que habían firmado como garantes de sus obligaciones.
Las cinco quiebras salieron publicadas el jueves 5 de noviembre en el Boletín Oficial de la Nación. Las resoluciones, sin embargo, son previas: en el caso de la empresa, la declaración fue dictada el 9 de octubre de 2026 por el Tercer Juzgado de Procesos Concursales de Mendoza, a cargo de Pablo González Masanés.
Qué hacía la firma en Los Corralitos
La compañía se movía en la producción, el procesamiento y la comercialización de productos agrícolas. Su establecimiento funcionaba en la Ruta Provincial 20 al 801, en Los Corralitos, departamento de Guaymallén.
Uno de sus rubros visibles era el empaque de ajo fresco para exportación. De hecho, hasta diciembre de 2025 figuraba en un registro oficial de establecimientos habilitados para enviar ese producto a México.
Junto con la sociedad fueron declarados en quiebra Ángel Alfredo Isgro, María Estela Isgro, Antonino Isgro y José Miguel Callejón. Los cuatro estaban involucrados en los procedimientos concursales como garantes de las deudas de la empresa, por lo que sus situaciones patrimoniales se tramitaron en expedientes individuales, aunque atados al concurso principal.
Una historia judicial que arrancó en 2014
El derrotero de la compañía se remonta a febrero de 2014, cuando pidió la apertura de su concurso preventivo de acreedores. El procedimiento se admitió al mes siguiente y abrió una negociación pensada para reestructurar las obligaciones y esquivar la quiebra.
Tras varios años de trámite, en mayo de 2017 la Justicia homologó un acuerdo preventivo unificado que incluía tanto a la sociedad como a sus cuatro garantes. La propuesta fijaba para los acreedores quirografarios comunes el pago del 40% de los créditos reconocidos, en diez cuotas anuales, con un interés del 3% anual sobre saldos y una espera inicial de dos años. Los acreedores fiscales tenían otro tratamiento.
En ese momento, el expediente registraba un pasivo consolidado de unos 12,88 millones de pesos y un activo de 43,03 millones. Son cifras de 2017 que no reflejan la situación patrimonial actual. Entre los acreedores identificados entonces aparecían el Banco Nación, el Banco Supervielle y Cuyo Aval SGR.
La subasta, el desalojo y el litigio por el inmueble
La firma también acumuló conflictos judiciales por sus instalaciones. En junio de 2023, un inmueble vinculado a la empresa en Los Corralitos fue adquirido en una subasta judicial por Don Luis SRL.
La operación derivó en un litigio por la ocupación del establecimiento. En junio de 2026, la Justicia hizo lugar a una demanda de desalojo contra Isgro S.A. y contra Rupro S.A.S., otra sociedad que ocupaba parte del inmueble y que había invocado un contrato de locación con opción de compra firmado en 2020.
En ese proceso, Rupro sostuvo que el desalojo podía afectar la continuidad de las actividades productivas y las fuentes de trabajo. El tribunal, en cambio, consideró que no había acreditado en tiempo y forma sus derechos frente al comprador del inmueble, y ordenó la restitución. No está confirmado si esa sentencia quedó firme ni si el desalojo llegó a ejecutarse.
Quiebra indirecta: qué significa el nuevo giro
En octubre de 2026 llegó el cambio de escenario, con las declaraciones de quiebra indirecta. Esta figura se aplica cuando un procedimiento concursal previo termina en quiebra por alguna de las causales que prevé la legislación.
Los edictos publicados no detallan los fundamentos que llevaron al tribunal a tomar esa decisión ni informan el monto actualizado de las deudas.
Las cinco causas comparten el mismo juzgado y la misma sindicatura, integrada por Roberto Guillermo Palumbo y Juan Francisco Nieto. También tienen un cronograma común para que los acreedores presenten y verifiquen sus créditos.
Las fechas que vienen
Según las publicaciones oficiales, los acreedores tendrán plazo hasta el 21 de diciembre de 2026 para pedir la verificación de sus acreencias. Las impugnaciones podrán presentarse hasta el 5 de febrero de 2027, mientras que el juzgado prevé resolver sobre los créditos el 23 de marzo. El informe general de la sindicatura deberá estar presentado hasta el 26 de abril del próximo año.
