Doce mil riocuartenses se movilizaron: el mensaje que dejó la marcha universitaria

Una multitud estimada en 12.000 personas se concentró en Río Cuarto para respaldar la marcha federal universitaria, con la rectora de la UNRC, Marisa Rovera, los gremios docentes y nodocentes, y los estudiantes a la cabeza. El intendente Guillermo De Rivas también se sumó a la convocatoria.

Antes de la movilización, el Puente Carretero fue cortado como parte de la protesta. Durante el acto se advirtió que "las universidades están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene".

Los ejes del reclamo

El discurso central dejó varios conceptos que resumen la posición de la comunidad universitaria. En primer lugar, se remarcó que esta nueva marcha federal "es la manifestación de la voluntad de la comunidad universitaria, pero también de la ciudadanía toda, de hacer cumplir el principal instrumento para su sostenimiento: la Ley de Financiamiento Universitario".

En esa línea, se advirtió que el incumplimiento de la norma por parte del gobierno nacional "nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano". Y se recordó que tanto el Congreso como la Justicia "nos han dado la razón sancionando una Ley, declarando inconstitucional la pretensión del gobierno de anularla y estableciendo una medida cautelar que exige el cumplimiento inmediato de sus artículos 5 (salarios) y 6 (becas)".

Los manifestantes también cuestionaron lo que describieron como un incumplimiento sistemático de las leyes y de las medidas judiciales, y sostuvieron que esa actitud expresa "su voluntad de gobernar por decretos de necesidad y urgencia, reemplazando las funciones legislativas que son propias del Congreso de la Nación".

Por eso, el reclamo incluyó un pedido concreto: "la derogación del DNU 70/23 que anula leyes emanadas del Congreso de la Nación y declara otras que no han sido sometidas al necesario debate parlamentario". Además, se le exigió al Congreso que asuma "la enorme responsabilidad de defender nuestras instituciones y someter a su deliberación todas las leyes que se crean necesarias para nuestro país".

Universidad pública, becas y salarios

Otro de los tramos del discurso apuntó a la defensa del sistema universitario. "Este gobierno vino a romper un consenso fundamental de la sociedad Argentina que siempre creyó en la educación", se afirmó. Y se subrayó que "la universidad pública es una herramienta fundamental de justicia social, movilidad social ascendente y construcción de soberanía nacional".

Sin embargo, se aclaró que "garantizar su gratuidad no alcanza si las y los estudiantes no cuentan con las condiciones económicas necesarias para sostener sus estudios, y sobre todo si el Gobierno se sigue negando a cumplir la ley".

El deterioro del sistema de bienestar estudiantil fue otro de los puntos centrales. "Las becas no constituyen un subsidio ni un gasto: son la herramienta imprescindible para garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de miles de jóvenes que necesitan del apoyo estatal", se planteó. Y se advirtió que sin un sistema de ayudas actualizado y transparente, "el acceso a la educación superior se convierte en un privilegio inaccesible para los sectores más vulnerables".

Como ejemplo, se mencionó la pérdida de poder adquisitivo de las Becas Progresar, "cuyos montos se mantienen congelados en $35.000 desde el año 2024", una cifra que, según los manifestantes, no alcanza para cubrir costos elementales como el transporte urbano o los materiales de estudio. A eso se suman, dijeron, mayores exigencias administrativas y falta de claridad en las convocatorias.

También se apuntó contra la desinversión en las Becas Manuel Belgrano y el "virtual congelamiento" de las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC-CIN), lo que consideraron un golpe al primer eslabón de la formación de futuros investigadores. "Desmantelar el sistema de becas no constituye una mera meta de equilibrio fiscal; representa una política de deserción forzada que amenaza con transformar a la universidad pública, una vez más, en el privilegio de unos pocos", se sostuvo.

El ataque al salario y a la negociación colectiva de docentes y nodocentes fue señalado como "uno de los núcleos más duros" de la decisión oficial de "asfixiar las universidades nacionales".

Finalmente, se advirtió que el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso "no contempla las partidas requeridas por Ley de Financiamiento Universitario, ni prevé la recuperación de las pérdidas acumuladas".