Docentes chaqueños bajo la lupa: certificados adulterados y una sanción que ya tiene nombre

El Ministerio de Educación del Chaco puso en marcha un nuevo marco normativo para validar y registrar postítulos docentes, y en el camino detectó certificaciones adulteradas que ya derivaron en sumarios administrativos y denuncias penales. La medida apunta a darle transparencia y respaldo legal a los puntajes que otorga la Junta de Clasificación.

La subsecretaria de Descentralización de la Provincia, Marta Fassano, confirmó que la iniciativa se apoya en un decreto firmado por el gobernador y alineado a las pautas del Consejo Federal de Educación. Según la funcionaria, las resoluciones reglamentarias están en proceso de emisión y, a partir de este esquema, cada entidad oferente y cada postítulo deberán pasar por una comisión evaluadora técnica antes de quedar registrados formalmente.

Fassano explicó que la norma busca darle mayor solidez jurídica al sistema, después de que el año pasado la justicia obligara a retrotraer un decreto anterior: “Hubo un decreto que hace poco había firmado el gobernador. El año pasado, por decisión de la justicia se tuvo que retrotraer, y ahora ha salido un nuevo decreto con requisitos mucho más firmes, tomando como base las consideraciones del Consejo Federal de Educación”.

Qué encontraron en las revisiones

Durante los procesos habituales de control, las Juntas de Clasificación detectaron irregularidades en la documentación presentada por algunos aspirantes. El mecanismo que salió a la luz consiste en tomar un postítulo legítimo y alterar los datos filiatorios —nombres y apellidos— para presentarlo como propio.

Cuando aparece documentación sospechosa, la Junta deriva las actuaciones a la Dirección de Títulos de Equivalencia, el organismo que lleva el registro oficial, para que verifique si el cursado lo hizo efectivamente la persona que presenta el certificado.

Sumarios y denuncias penales

Frente al hallazgo de certificaciones falsificadas, la cartera educativa activó los protocolos de investigación e información sumaria. Los docentes involucrados enfrentan procesos disciplinarios que suspenden de manera cautelar la asignación de puntaje por los postítulos cuestionados mientras dure la investigación.

Además, como se trata de adulteración de documentación pública, los casos detectados serán derivados a la justicia penal.

Fassano cerró con un llamado a la responsabilidad ética del colectivo docente: “Pedimos a los docentes no mancillar su nombre y tengan en cuenta la dignidad que debe tener la profesión. Estos hechos constituyen actos de corrupción que atentan contra la transparencia del sistema educativo”.