Docentes universitarios redoblan la apuesta: la Justicia intimó al Gobierno pero el plan de lucha sigue
La Justicia le puso un plazo al Gobierno para que cumpla con la ley que financia a las universidades, pero los docentes ya avisaron que no piensan aflojar. El dato que nadie esperaba: lo que dicen que perdieron en el bolsillo.
La pulseada entre los gremios universitarios y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo. Después de que un juez federal intimara al Ejecutivo a cumplir con la cautelar que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, la Asociación de Docentes Universitarios (ADU) ratificó que no levantará las medidas de fuerza hasta que el pago sea efectivo.
Así lo confirmó Arturo Gómez, secretario gremial de ADU y secretario de Organización de CONADU Histórica, quien fue tajante sobre la posición del sector.
“Hasta que no haya un cumplimiento efectivo, hasta que no se nos pague lo que nos deben, claramente nosotros sostenemos nuestro plan de lucha”, afirmó el dirigente.
Qué dice la intimación judicial
El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, ordenó al Poder Ejecutivo dar “efectivo cumplimiento” a la cautelar vigente en un plazo de cinco días.
La resolución advierte que, si el incumplimiento persiste, podrán aplicarse astreintes, es decir, multas por cada día de demora. La medida está vinculada con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que contemplan disposiciones sobre la actualización de salarios docentes y no docentes y las becas estudiantiles.
El impacto en el bolsillo de los trabajadores
Para Gómez, el conflicto excede la discusión sobre el financiamiento de las universidades y tiene un impacto directo sobre los salarios de docentes y no docentes.
El dirigente dijo que los trabajadores acumulan una pérdida superior al 30% del salario durante el período actual y sostuvo que la deuda salarial equivale a “casi cinco salarios”.
Desde los gremios universitarios reclaman una recomposición salarial en el marco de la Ley de Financiamiento Universitario. Gómez planteó que el cumplimiento de la norma sería el punto de partida para recuperar los ingresos perdidos.
“El cumplimiento de la ley va a ser simplemente un inicio en ir recuperando lo que hemos perdido, que llevará meses y años”, sostuvo.
El secretario de Organización de CONADU Histórica también vinculó el deterioro salarial con las condiciones de trabajo y con la permanencia de docentes y jóvenes profesionales dentro del sistema universitario.
Asambleas y una nueva marcha federal
La intimación judicial no modifica por ahora las medidas gremiales. Gómez señaló que ADU aguardará el cumplimiento efectivo de la normativa antes de cambiar su estrategia.
En paralelo, CONADU Histórica mantiene asambleas y reuniones gremiales para definir las próximas acciones dentro del conflicto universitario.
La comunidad universitaria también tiene prevista una nueva movilización nacional. El 15 de octubre se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria, con reclamos por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una respuesta salarial para docentes y no docentes.
“Tenemos la responsabilidad de defender la educación pública, los colegios preuniversitarios y la universidad”, sentenció Gómez.
Investigación, becas y fuga de profesionales
El dirigente cuestionó el impacto que, desde su perspectiva, tiene la falta de financiamiento sobre las distintas actividades universitarias.
En este sentido, mencionó dificultades para sostener proyectos de investigación, becas estudiantiles, docencia y extensión, además de las consecuencias que atribuyó a los bajos salarios sobre la permanencia de profesionales en las universidades.
“Muchos estudiantes, muchos recién recibidos no ven en la docencia universitaria o en la investigación las posibilidades reales de acceso, porque no existen, no hay financiamiento”, concluyó el docente.