Santiago Calderón Salomón tomó la causa de Berardo y Ramírez, miró el fallo que los dejó libres y no lo aceptó. Ahora Fiscalía de Estado apuesta a revertirlo el 24 de noviembre: qué encontró en las contrataciones de las canchas.
La Fiscalía de Estado de San Luis no piensa dejar pasar el sobreseimiento de Miguel Ángel Berardo y Cintia Ramírez, dos exfuncionarios de la gestión de Alberto Rodríguez Saá, y ya confirmó que apelará la decisión. El organismo sostiene que hay pruebas suficientes para sentarlos en el banquillo por presuntas irregularidades en la contratación de obras deportivas.
Santiago Calderón Salomón, jefe de la Sala Penal de Fiscalía de Estado, fue quien puso la cara y cuestionó el fallo del juez de Garantía N.º 3, Marcos Flores Leyes. Para el funcionario, la resolución que los liberó no equivale a declararlos inocentes: se trata, según su lectura, de una interpretación judicial sobre los plazos procesales.
La causa que incomoda: $88 millones y canchas de fútbol
La investigación apunta a contrataciones realizadas en los últimos días de la gestión de Rodríguez Saá. Berardo, exsecretario General de la Gobernación, y Ramírez, exsecretaria de Deportes, quedaron en la mira por desembolsos que rondaron los $88 millones y que estaban destinados a trabajos vinculados con la construcción de canchas de fútbol.
De acuerdo con lo que expuso Calderón Salomón, entre las presuntas irregularidades aparecen anticipos financieros del 70% y pagos totales que se efectuaron pocos días después, sin que se hubiera acreditado la finalización de las obras.
El representante de Fiscalía de Estado remarcó que el organismo aportó pruebas y pidió medidas para empujar la investigación. Igual, aclaró un punto: la facultad de formular la acusación le corresponde al Ministerio Público Fiscal.
La fecha que puede dar vuelta la causa
El juez Flores Leyes había dispuesto el sobreseimiento al considerar que la acción penal había prescripto. Fiscalía de Estado, en cambio, sostiene que la acusación se presentó dentro de los plazos legales y que la interpretación del magistrado es incorrecta.
La apelación será examinada el próximo 24 de noviembre por los jueces Adriana Lucero Alfonso, Eugenia Zabala Chacur y Ariel Parrilli. Si el tribunal revierte la resolución, la investigación podrá seguir hacia las siguientes etapas procesales. Si no, desde Fiscalía de Estado anticiparon que podrían recurrir al Tribunal de Impugnaciones.
Calderón Salomón insistió en un punto central: el sobreseimiento no resolvió si existieron delitos ni determinó la responsabilidad de los imputados. Esas cuestiones, sostuvo, deberán establecerse en un juicio si la causa logra avanzar.