Dos exjefes militares declararon por la muerte del soldado Córdoba: uno se quedó callado y la madre estalló

La causa por la muerte del soldado Pablo Córdoba tuvo su jornada más esperada en tres años: dos tenientes coroneles fueron citados a indagatoria por la Justicia Federal, pero la audiencia terminó sin respuestas y con la familia del joven en pie de guerra.

El miércoles 9 de septiembre de 2026, el juez federal de General Roca, Ezequiel Humberto Andreani, tomó declaración por Zoom a los exjefes de la Guarnición Militar de Zapala. Los convocados fueron el teniente coronel Germán Isidro Green, exjefe del Grupo de Artillería 16 —la unidad donde Pablo cumplía guardia—, y el teniente coronel Enrique Rafael Lamas, exjefe de la Base de Apoyo Logístico y superior jerárquico del padre de la víctima. Green declaró desde Buenos Aires y Lamas desde Neuquén capital. Ni la querella ni el público pudieron participar.

Según consta en la causa, ambos debían explicar la pérdida de una prueba clave: las grabaciones de las cámaras de seguridad del período que interesa investigar, que se perdieron por sobregrabación a pesar de que los militares conocían el tiempo limitado de almacenamiento.

El comunicado de una madre que no se rinde

Tras las audiencias, Natalia Uribe, mamá de Pablo, publicó un comunicado que retumbó en redes. Con dolor y bronca contenida, detalló lo ocurrido. Sobre Lamas contó que se presentó con representación pública y declaró durante un tiempo considerable. Su estrategia, según pudo conocer, estuvo orientada a deslindar responsabilidades, haciendo referencia a que se encontraba de licencia al momento del hecho.

Sobre Green, el panorama fue distinto. Se presentó acompañado por dos abogados particulares y decidió hacer uso de su derecho a no declarar ni responder preguntas, manifestando que presentará su declaración por escrito en el expediente.

"Ahora será la Justicia la que deberá analizar sus declaraciones, sus silencios y los elementos incorporados a la causa", escribió Natalia. Y dejó una frase que resume 39 meses de lucha desigual: "Después de más de tres años de reclamar respuestas, no puedo dejar de sentir que una vez más la justicia parece avanzar a ritmos muy diferentes según quién se encuentre frente a ella". Cerró con lo que la sostiene: "No voy a dejar de reclamar justicia para mi hijo. Pablo merece verdad y justicia".

La madre amplió sus declaraciones: "La justicia se aleja"

En contacto exclusivo con LM Neuquén, Natalia amplió su testimonio y aportó un dato que no estaba en el comunicado. Aclaró que la licencia a la que habría hecho referencia Lamas no sería una licencia común y corriente, sino una licencia especial o parte médico por otro tema, según consta en el expediente, y que su abogado aún está analizando.

Confirmó además cómo se dieron las indagatorias: por Zoom, con el juez Andreani desde Zapala, sin posibilidad de que la querella participe. Y dejó su impresión más cruda: "La sensación que me queda es que para que haya justicia tenés que tener plata. Green tiene para pagar abogados particulares y yo no. Si Pablo hubiese sido hijo de alguien con plata, esto se hubiese resuelto mucho más rápido".

"Todos, asesinos, encubridores, cómplices, tienen la posibilidad de defenderse", dijo, con la voz quebrada, y aseguró que seguirá luchando para saber quiénes son los asesinos de su hijo.

El caso que conmueve los cimientos del cuartel

Pablo Gabriel Jesús Córdoba tenía 21 años. El 1 de junio de 2023 apareció agonizando a las 6 de la mañana frente al casino de oficiales del Grupo de Artillería 16 con dos disparos en la cabeza y su arma sobre el pecho. Murió horas después. La versión oficial que llegó a su familia fue que se habría quitado la vida.

Esa versión se derrumbó sola: dos balazos, falta de huellas en el fusil, ausencia de pólvora en sus manos y una pericia psicológica que descartó conducta suicida. Pablo organizaba un asado y se había comprado ropa para el Día del Soldado.

El caso hizo temblar los cimientos del mismo lugar donde en 1994 perdió la vida otro soldado, Omar Carrasco, el crimen que terminó con el servicio militar obligatorio en el país. 32 años después, otra familia llora a un hijo y reclama que el nombre de Pablo no quede perdido en un expediente.