Dos exjueces del STJ de Formosa condenados por lesa humanidad: ahora revisan su pena
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Dos exjueces del STJ de Formosa condenados por lesa humanidad: ahora revisan su pena

Dos exjueces del Superior Tribunal de Formosa quedaron sentenciados por encubrir delitos de lesa humanidad, pero la pena que les tocó generó una reacción en cadena: la querella, la Fiscalía y las defensas salieron a pelear el monto. Ahora la Cámara Federal de Casación Penal tiene la última palabra sobre qué sanción les corresponde.

El Tribunal Oral Federal de Formosa habilitó la revisión de la condena que pesa sobre dos exintegrantes del Superior Tribunal de Justicia provincial, Bernardo Alfredo Montoya y Jorge Demetrio Vázquez Rey, sentenciados por abuso de autoridad y encubrimiento en el marco de delitos de lesa humanidad.

Los magistrados Juan Manuel Iglesias, Mariela Rojas y Rubén Quiñones concedieron los recursos de casación que habían presentado la querella, la Fiscalía y las defensas contra el fallo que les impuso tres años de prisión en suspenso. La resolución fue difundida por un portal periodístico especializado.

El tribunal no entró en el fondo de los planteos. Solo constató que los recursos estuvieran presentados en tiempo y forma y los admitió en bloque. Las partes quedaron emplazadas a sostenerlos ante la Cámara Federal de Casación Penal dentro de los ocho días posteriores a la llegada del expediente.

El recorrido judicial que vuelve a foja cero

No es la primera vez que este caso pasa por Casación. En marzo de 2024, la Sala III del máximo tribunal penal confirmó una parte de la sentencia inicial, pero revocó la manera en que se habían aplicado las reglas del concurso de delitos. Ese punto alteraba directamente el monto de la pena original, que era de 1 año y 8 meses de prisión.

Con esa orden, el tribunal de Formosa debió fijar una nueva sanción. El resultado llegó tras una audiencia realizada el 31 de agosto: 3 años de prisión en suspenso. Esa es la pena que ahora quedó bajo la lupa de la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá definir si la sostiene o la modifica.

La querella habla de "impunidad biológica"

Los apoderados de las víctimas, Williams Dardo Caraballo y Luis María Zapiola, reclamaron que Casación revise la sanción y establezca una nueva, en sintonía con la gravedad de los crímenes de lesa humanidad. Para la querella, la pena es "exigua" y el tribunal no aplicó los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

El planteo central apunta a un doble beneficio: sostienen que la edad y las patologías de los condenados se utilizaron dos veces a su favor, primero para reducir la pena y después para justificar que se cumpla de manera condicional. En ese marco hablan de una "impunidad biológica".

También objetan que el contexto histórico de la dictadura haya operado como atenuante y que no se haya reflejado en la pena el cargo que ambos ocupaban como máximas autoridades judiciales, lo que implica un deber reforzado de proteger a los empleados del Poder Judicial. Destacan, además, que Montoya y Vázquez Rey son los primeros jueces de una corte provincial condenados por encubrir delitos de lesa humanidad cometidos contra los propios trabajadores del Poder Judicial.

La Fiscalía pidió ocho años de cumplimiento efectivo

El Fiscal General, Carlos Amad, fue por más: solicitó que Casación anule la sentencia y dicte directamente una pena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo, el máximo de la escala que el propio tribunal fijó siguiendo lo resuelto por la alzada.

En su momento había pedido 14 años por los siete hechos. Argumentó que se omitió valorar la magnitud de los crímenes, en especial los casos de Mirta Insfrán y Ricardo Borgne, que continúan desaparecidos.

Amad cuestionó que el tribunal haya seguido un criterio de "piedad biológica" con personas que, según dijo, gozaron de una vida plena y de reconocimiento institucional durante cincuenta años. También reclamó reglas de conducta: prohibir que los condenados salgan del país sin autorización, por el carácter fronterizo de Formosa, y vedarles el acercamiento o contacto con las víctimas y sus familiares. Sobre ese punto, el tribunal respondió que corresponde "estar a lo que determine" Casación.

Las defensas apuntan a la falta de fundamentación

La Defensora Pública Oficial Rosa María Córdoba, que representa a Vázquez Rey, sostuvo que la sentencia no explica por qué se apartó del mínimo de la escala ni qué incremento asignó a cada hecho. Planteó que se valoró dos veces como agravante su condición de abogado y de integrante de la máxima magistratura, cuando ambas ya integran el tipo penal.

Sumó otro argumento: la audiencia se realizó mientras seguía pendiente de resolución un recurso de reposición ante Casación contra el fallo de la Corte Suprema del 18 de junio de 2026, que había desestimado una queja.

Los abogados de Montoya, Juan Sebastián Montoya y Juan Cruz Fernández, alegan que no se trataron sus pedidos de prescripción y de nulidad. Sostienen que transcurrió un plazo irrazonable desde la primera condena, que se rechazó una pericia neurológica, psiquiátrica y psicológica sobre su asistido y que la Fiscalía solicitó una pena superior al máximo legal. Pretenden que Casación fije la pena en el mínimo o muy por debajo de los tres años impuestos, con inhabilitación reducida y condicionalidad, o bien que ordene una nueva determinación debidamente fundada.

El expediente queda ahora en manos de la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá resolver desde el monto de la pena hasta los planteos de prescripción, nulidad y reglas de conducta.

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