Dos femicidios que expusieron la peor cara de Rosario: “La clandestinidad es lo que nos mata”

Myriam Auyeros, referenta de Ammar, denunció la inacción judicial y policial tras los crímenes de Débora Bordón y Bárbara Aragón, y reclamó derechos laborales para las trabajadoras sexuales. En las últimas semanas, Rosario sumó dos nombres a la larga lista de víctimas de violencia machista: Débora Bordón, de 31 años, y Bárbara Aragón, de 26. A ellos se agrega un tercer episodio ocurrido en la zona de Lima y 3 de Febrero, donde una trabajadora sexual logró comunicarse al 911 tras ser agredida por un integrante de Gendarmería durante un servicio a domicilio; el agresor se quitó la vida cuando llegó el móvil policial.

Los tres hechos, según la dirigenta de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) en Rosario, comparten un denominador: la vulnerabilidad extrema que genera la clandestinidad y la ausencia de respuestas estatales preventivas. “Sin derechos ni reconocimiento, la vulnerabilidad es total”, sintetizó Auyeros en diálogo con El Ciudadano.

La búsqueda que la Justicia no hizo

El caso de Bárbara Aragón dejó al descubierto las fallas del sistema. Según relató Auyeros, la madre de la víctima concurrió a la Fiscalía acompañada por integrantes de Ammar, pero no fue atendida en ese momento: recién días después pudo prestar declaración. “La inacción de las fuerzas de seguridad obligó a la familia y al entorno a encabezar la búsqueda”, sostuvo.

La reconstrucción que las propias compañeras hicieron a través de las redes sociales resultó clave. Un remisero reconoció la foto de Bárbara e indicó la dirección a la que la había trasladado. Cuando la familia ingresó al lugar, el desenlace ya era trágico.

Las primeras informaciones apuntan a un ex policía de Reconquista —exonerado por causas vinculadas al narcotráfico y con condena previa— como principal sospechoso. “Si no fuera por el remisero y la desesperación de la familia, no la encontraban. La inoperancia policial y la demora en tomar las denuncias son constantes”, remarcó Auyeros.

La trampa de la clandestinidad

A diferencia del trabajo en la vía pública, tanto Débora como Bárbara se desempeñaban en departamentos privados y servicios a domicilio, contactadas a través de plataformas digitales. No estaban organizadas en el sindicato, una realidad que refleja la dispersión y el aislamiento que la crisis económica impone a muchas jóvenes de la ciudad.

“Nuestra actividad no está reconocida y eso hace que quedemos tapadas, sin apoyo de nadie. La clandestinidad es lo que nos mata”, afirmó la referenta de Ammar, quien a sus 63 años combina la militancia con un puesto en una feria popular.

La crisis económica agrava el panorama. “Hoy la mayoría de las chicas son jefas de familia con tres a cinco hijos a cargo. La falta de trabajo y el aumento de los alquileres las obliga a salir a hacer domicilios, expuestas a cualquier situación, porque los clientes en los hoteles ya no consumen o pagan miseria. En la desesperación por llenar la olla, se aceptan riesgos enormes”, describió.

Auyeros también señaló que la brecha social se profundizó con el desmantelamiento de herramientas públicas de asistencia: “Nos fueron sacando secretarías, subsidios de emergencia para alquileres y áreas de atención a la violencia. Las compañeras más pobres terminan en situación de calle o en comedores comunitarios. Cuando decimos que somos trabajadoras sexuales se nos cierran todas las puertas”.

Hostigamiento y reclamo de derechos

Si bien la legislación vigente prohíbe que la policía detenga a personas por el solo hecho de ejercer el trabajo sexual, la dirigenta denunció que la presencia de uniformados en el territorio mantiene una lógica de hostigamiento sistemático. “Siguen dando vueltas, pidiendo documentos veinte veces a las chicas de la zona de la Terminal o cruzando el patrullero para ahuyentar la actividad. Pero cuando hay una emergencia o una compañera desaparece, no están”, cuestionó.

En el marco de la convocatoria en las puertas del Centro de Justicia Penal para acompañar a las familias en las audiencias imputativas, desde Ammar ratificaron que la exigencia de fondo va más allá del castigo individual a los agresores.

“Pedimos derechos laborales y ser reconocidas como trabajadoras. Queremos salud, vivienda y educación para nuestros hijos, y una jubilación o resarcimiento para las compañeras más grandes que llevan décadas trabajando en la ruta o en la calle sin nada. Débora dejó cinco hijos; Bárbara dejó mellicitos de 6 años. Detrás de cada una hay una madre que sale a laburar para darles de comer. Necesitamos que la Justicia se mueva rápido y que el Estado deje de darnos la espalda”, concluyó Auyeros.