Dos jueces polémicos llegan a la sala que investiga al Presidente

El Poder Ejecutivo formalizó este martes la designación de Pablo Daniel Bertuzzi y Pablo Yadarola como vocales de la Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, y la extensión del mandato de la jueza Matilde Ballerini en la Cámara Comercial. Las decisiones se tomaron tras el aval del Senado y llevan la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

En el fuero penal, los decretos 847 y 848/2026, fechados el 1° de septiembre, cubren dos vacantes en una de las salas más estratégicas de Comodoro Py. Esa sala tiene competencia en causas de alto impacto institucional, entre ellas la investigación por la presunta estafa con el criptoactivo $LIBRA, que alcanza a Milei y a su hermana Karina; las que involucran al ministro Luis Caputo por presuntas negociaciones incompatibles y por el acuerdo con el FMI de 2018; la pesquisa por el presunto vaciamiento de YPF y el ingreso de la familia Eskenazi; y expedientes vinculados con presuntas irregularidades en la compra de vacunas contra el Covid-19 y el Vacunatorio VIP.

La designación de Yadarola generó un fuerte debate en el peronismo. El magistrado fue cuestionado por sectores del kirchnerismo por su presunta participación en decisiones vinculadas al denominado lawfare, y también por su viaje a Lago Escondido en 2022 junto a otros jueces, funcionarios porteños, empresarios de medios y un exintegrante de la inteligencia.

Bertuzzi, por su parte, fue señalado por el mismo espacio político como parte del supuesto entramado de lawfare contra la expresidenta Cristina Kirchner. Su actuación más recordada es la de 2018, cuando la Sala I de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de la entonces exjefa de Estado como presunta jefa de una asociación ilícita en la causa conocida como los Cuadernos.

Renovación polémica en la Cámara Comercial

En paralelo, el Gobierno renovó por cinco años a la jueza Ballerini como vocal de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, mediante el Decreto 853/2026, que regirá desde el próximo 6 de septiembre. La magistrada, que ocupa el cargo desde 2009, fue noticia en 2022 cuando votó a favor de suspender la quiebra del Correo Argentino, una decisión que benefició al Grupo Macri y frenó un proceso judicial que buscaba cobrar una deuda millonaria de la empresa.

La fiscal del caso, Gabriela Boquin, pidió entonces a la Corte Suprema la nulidad de su voto por considerarlo arbitrario e incongruente, y cuestionó que se haya impedido la participación del Ministerio Público Fiscal antes de tomar la resolución. Con esta renovación, el oficialismo blinda a una jueza clave en medio de la polémica por su rol en una de las causas más sensibles del fuero comercial.