Dos juezas federales juraron en Catamarca y la Defensoría habló de un paso clave contra el narcotráfico
La Justicia Federal de Catamarca sumó dos juezas al Tribunal Oral y la Defensoría del Pueblo lo celebró como un avance clave para la lucha contra el narcotráfico. La medida llega después de un reclamo que el organismo viene sosteniendo desde hace meses por las vacantes en todo el país.
La Defensoría del Pueblo de Catamarca celebró la asunción de Ana María Busleiman y María Virginia Miguel Carmona como juezas del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia. El organismo calificó la jura como "un hecho trascendental para la provincia y un avance en el fortalecimiento de la Justicia Federal".
Desde la entidad remarcaron que la llegada de ambas magistradas representa un logro institucional. "Este logro pone en valor la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones y el compromiso sostenido para atender las necesidades del sistema judicial", señalaron.
El antecedente de las 337 vacantes
La Defensoría recordó que durante el Congreso de ADPRA, realizado en noviembre de 2025, ya había planteado la urgencia de cubrir "las más de 337 vacantes existentes en la Justicia Federal de todo el país". En ese marco, advirtió sobre "sus consecuencias para la investigación y el juzgamiento de delitos federales, especialmente los vinculados al narcotráfico".
Esa preocupación fue acompañada luego por un pronunciamiento conjunto de las Defensorías del Pueblo que integran ADPRA.
Un reclamo que también se escucha en los medios locales
La entidad señaló que en distintos medios locales se advierte la necesidad de cubrir las vacancias en la Justicia Federal de Catamarca. "Hemos dado un paso institucional importante para la lucha de ese flagelo. Más allá de las competencias, todas las instituciones y organismos públicos debemos trabajar en una política común de fuerte prevención en este flagelo que atenta contra la salud y el futuro de niños, niñas y adolescentes", expresaron.
Para cerrar, desde la Defensoría subrayaron la importancia de sostener un trabajo articulado entre la Justicia, los organismos públicos y las instituciones competentes, cada uno desde sus atribuciones, para impulsar políticas de prevención y protección.