Dos mineros murieron en Cerro Negro y la causa quedó bajo la lupa del máximo tribunal de Santa Cruz

La muerte de Daniel Alberto Ochoa y Rosana Paola Ledesma dentro de la mina Cerro Negro, en el noroeste de Santa Cruz, vuelve al centro de la escena judicial. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz dispuso una auditoría sobre el expediente, después de más de dos años de reclamos de la familia del trabajador oriundo de Río Gallegos.

La medida no resuelve la causa ni define responsabilidades. Pero pone bajo observación el recorrido de una investigación que acumula cuestionamientos por demoras y falta de respuestas.

Qué pasó el 9 de abril de 2024

Ochoa, de 26 años y nacido en Río Gallegos, y Ledesma, ingeniera de 48 años radicada en Perito Moreno, fallecieron mientras cumplían tareas en el complejo minero operado por Newmont.

El hecho conmocionó al sector y activó a las autoridades provinciales. Al día siguiente, el Gobierno de Santa Cruz dispuso el cese total preventivo de las actividades en el yacimiento, hasta que la empresa presentara información sobre los protocolos de seguridad y las condiciones existentes al momento del episodio.

Desde el comienzo hubo una sospecha que ordenó la investigación: la posible presencia de gases en el sector donde fueron encontrados los trabajadores. El acta de clausura mencionó la presunta existencia de múltiples gases que todavía no habían sido identificados.

El Ministerio de Trabajo, además, pidió a la compañía los registros de mediciones de gases y las comunicaciones entre los trabajadores y la sala de control durante el turno en el que ocurrió la tragedia. El entonces ministro de esa cartera, Julio Gutiérrez, cuestionó la falta de información aportada por la empresa y sostuvo que no existían elementos suficientes para determinar con certeza qué había ocurrido.

La investigación judicial quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N° 1 de Las Heras.

El reclamo que no se detuvo

Desde la muerte de Daniel, su familia sostuvo un pedido constante: saber qué ocurrió dentro de la mina y si existieron responsabilidades vinculadas con las condiciones de seguridad laboral.

En abril de 2024, los familiares fueron recibidos por los ministros provinciales Pedro Luxen y Julio Gutiérrez, que se comprometieron a gestionar ante la Justicia para acelerar la investigación. El reclamo, sin embargo, siguió en los meses siguientes.

En enero de 2025, parientes de Daniel se presentaron frente a Casa de Gobierno mientras se desarrollaba una reunión entre autoridades provinciales y representantes de la actividad minera. Gisela Ochoa, hermana del trabajador, insistió entonces en la necesidad de esclarecer lo sucedido y cuestionó la falta de respuestas.

Al cumplirse un año de las muertes, en abril de 2025, la familia volvió a expresar su preocupación por el estado de la causa. En diálogo con Radio Nuevo Día, Gisela apuntó contra la falta de avances y también contra el gremio AOMA, por lo que consideró una ausencia de acompañamiento.

Uno de los ejes del reclamo fueron las medidas de prueba: la familia pidió que se realizaran pericias en el lugar donde murieron los trabajadores para reconstruir las circunstancias del episodio. También cuestionó decisiones judiciales sobre la participación de terceros en el expediente, entre ellas el rechazo al intento de AOMA de constituirse como querellante, según relató Gisela en aquella entrevista.

En abril de 2026, al cumplirse dos años de la tragedia, los reclamos continuaban. La familia volvió a marcar la falta de avances concretos y manifestó su preocupación por el paso del tiempo y las demoras.

Qué cambia con la auditoría del TSJ

La decisión del máximo órgano judicial provincial abre una nueva instancia de revisión sobre una investigación que arrastra reclamos familiares desde el primer día.

La auditoría vuelve a poner bajo la lupa el recorrido del expediente y las actuaciones realizadas desde que se produjeron las dos muertes en Cerro Negro. El dato central es que la causa regresa a la atención del TSJ después de los cuestionamientos por demoras y falta de respuestas.

El alcance de la medida es acotado: no equivale a una sentencia ni determina por sí misma responsabilidades penales. Su peso estará en lo que permita detectar sobre el estado del expediente y las diligencias desarrolladas.

Para la familia de Daniel Ochoa, el pedido sigue siendo el mismo desde abril de 2024: saber qué pasó con el trabajador y con su compañera dentro de la mina, y que la investigación avance hasta esclarecer las circunstancias de sus muertes.

Más de dos años después, la revisión dispuesta por el TSJ abre una nueva expectativa sobre una causa que todavía tiene preguntas fundamentales sin resolver.