Dos muertes sin resolver en Caleta Olivia: el máximo tribunal ordenó una auditoría
Gissella Yamile Cruz fue hasta el Tribunal Superior de Justicia para reclamar por la causa de su hermano. Lo que decidieron los jueces después de escucharla...
La Presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) decidió someter a auditoría administrativa las actuaciones de los Juzgados de Instrucción de Caleta Olivia, luego de los reclamos de familiares por demoras en dos investigaciones vinculadas a muertes en la zona norte santacruceña.
La medida, firmada por el presidente del cuerpo, Gabriel N. Contreras Agüero, busca transparentar la tarea de los magistrados y destrabar expedientes frenados por la inacción judicial.
El origen del reclamo
El detonante fue la presentación de Gissella Yamile Cruz, hermana de Mario García. En junio pasado, la mujer expuso ante los vocales del TSJ las irregularidades y el estancamiento de la causa N° 88.070/25, que se tramita en el Juzgado de Instrucción N° Uno y se inició por la desaparición y posterior muerte de su familiar.
Ante la gravedad de los señalamientos, el Máximo Tribunal decidió intervenir por la vía jerárquica para evitar que el expediente quede impune.
Otra causa incorporada
En el mismo acto, la cúpula judicial sumó de oficio la causa por el fallecimiento de Alejandro Palemarchuk, un proceso calificado por el tribunal como de "singular complejidad". Los allegados a la víctima habían denunciado la parálisis de los peritajes y la falta de avances en sede penal.
La resolución se apoya en las facultades de superintendencia que otorga el artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley N° 1600). El Juez de Recursos de la Segunda Circunscripción Judicial será el encargado de conducir el relevamiento.
El magistrado auditor tendrá 15 días hábiles para elevar un informe pormenorizado con las demoras injustificadas, las medidas de prueba pendientes y las eventuales fallas en la instrucción de ambas investigaciones.
Desde la Presidencia del TSJ aclararon que la fiscalización tiene carácter exclusivamente administrativo, con el objetivo de preservar la imparcialidad del Juez de Recursos y evitar opiniones anticipadas sobre responsabilidades penales.
