Dos municipios de la frontera salteña van a la Justicia por las bolsas de 10 kilos
Bolsas de harina y azúcar de 25 o 50 kilos quedaron fuera de juego en la frontera salteña, y dos municipios decidieron llevar el tema a los tribunales. Lo que está en riesgo, según sus autoridades, es la recaudación con la que se sostienen.
El comercio fronterizo entre Salta y Bolivia desembarcó en los tribunales. El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, junto al intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, presentaron un recurso de amparo contra la Resolución 5910 de ARCA, al entender que la normativa golpea la actividad comercial y la recaudación de los municipios de frontera.
La presentación fue confirmada por el propio Zigarán en diálogo con Radio LUP 94.7, donde apuntó contra el origen de la medida: disposiciones tomadas desde Buenos Aires que, según su mirada, no contemplan la realidad económica de las localidades que viven del intercambio con el país vecino.
“Hemos presentado un amparo contra la Resolución 5910, que la toman desde Buenos Aires y perjudica a todos los pueblos o municipios de frontera, no solo de Salta, sino también de Jujuy, Formosa, Corrientes y Misiones”, expresó el funcionario.
Los granos, en la mira
Entre los sectores que la normativa complica, Zigarán mencionó la comercialización de trigo, soja y maíz, productos que representan una fuente de ingresos central para Salvador Mazza y para el movimiento comercial de la zona.
El impacto no se limita a los comerciantes: según el interventor, las restricciones también alcanzan las arcas provinciales y municipales. “Perjudica la recaudación de Rentas de la Provincia y del municipio. Dos tercios de los sueldos municipales de Mazza se pagan por esa recaudación”, afirmó.
Bolsas de 10 kilos y un “kiosquito” para los compradores
Uno de los puntos que más cuestionó tiene que ver con los volúmenes permitidos para trasladar mercadería. “No se pueden comercializar bolsas mayores a 10 kilos. No podés pasar una bolsa de harina o de azúcar de 25 o 50 kilos”, señaló.
Para el funcionario, esa limitación achica de manera drástica las posibilidades de venta a los compradores bolivianos que cruzan la frontera. “Prácticamente nos limitan a hacer un kiosquito para la gente de Bolivia que viene a comprar”, disparó.
Zigarán también advirtió que, si las disposiciones se mantienen, parte del movimiento comercial podría trasladarse hacia otros pasos de la extensa frontera con Bolivia, en perjuicio de los municipios que hoy concentran esa actividad.
Bagayeros y cortes en el puente internacional
El conflicto trasciende a los comerciantes y alcanza a quienes trabajan trasladando mercadería entre ambos países. Según explicó el interventor, más de 1.500 bagayeros bolivianos, organizados en cooperativas, dependen de esa actividad para sostener sus ingresos.
“Cuando ellos dicen que hay corte de puente, hay corte de puente. Son más de 1.500 bagayeros bolivianos que están identificados con cooperativas, cada uno tiene su carrito y vive de esto”, manifestó.
El funcionario cerró con una crítica al modo en que se modifican las reglas para la región: “De la noche a la mañana les cambian las reglas del juego a las fronteras”.