Dos policías cargaron un gato hidráulico en el patrullero y terminaron imputados

La Justicia de General Pico formalizó este lunes la imputación de dos efectivos policiales por el hurto de un gato hidráulico valuado en casi 3 millones de pesos en una gomería de la ciudad. El fiscal Matías Juan les atribuyó el delito de "hurto simple agravado por ser los autores miembros de la fuerza policial", en calidad de coautores.

Se trata del sargento Hugo Alejandro Muñoz y del cabo primero Luis Alberto Medrano Lino, ambos adscritos al Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II. La audiencia se realizó en el Palacio de Tribunales piquense.

Qué pasó esa madrugada

Según la plataforma fáctica expuesta por la Fiscalía, el hecho ocurrió en la madrugada del 14 de octubre de 2026. Los uniformados, en pleno ejercicio de sus funciones, llegaron al comercio "Cattaleya", ubicado en la calle 29 entre 14 y 16, a bordo de una camioneta policial Chevrolet S10 (dominio HMR 456, móvil 2441).

Con el motor apagado y las balizas encendidas, cargaron el pesado crique rojo —herramienta principal de trabajo del damnificado— y se retiraron. Las cámaras de seguridad registraron la maniobra.

La versión de los imputados

Ambos acusados declararon en la audiencia. Reconocieron haber levantado la herramienta de la vereda, pero negaron haber tenido intención de sustraerla. Argumentaron que buscaban "resguardarla" porque la vieron en situación de abandono y no querían que se la robara un tercero.

De acuerdo con la teoría de la defensa, Muñoz, por su mayor jerarquía, le habría ordenado a Medrano cargar el crique. Ninguno avisó a un superior ni dejó constancia del hallazgo en el parte oficial.

El relato de los implicados continúa minutos después: se dirigieron a la casa del hermano de Muñoz —también gomero— para llevarle cigarrillos. Allí habrían recibido una alerta radial para brindar apoyo en el barrio Ranqueles. Para evitar que el pesado gato golpeara y rompiera los vidrios de la patrulla, lo bajaron y lo dejaron en la vereda de esa vivienda, a dos cuadras del Comando.

Según dijeron, nunca volvieron a buscarlo: terminaron cansados, uno se acostó a dormir en el Comando y, al salir del turno a las 7 de la mañana, aseguraron haberse olvidado de todo. A partir de los datos que ellos mismos aportaron tras su identificación, la herramienta pudo recuperarse horas más tarde en un allanamiento.

La visita que complicó todo

Uno de los momentos más llamativos de la audiencia fue el relato de la Fiscalía sobre un episodio ocurrido el jueves posterior a la denuncia. Los imputados se presentaron en el domicilio del propietario, Luis Alberto Miranda, uniformados y a bordo del mismo patrullero.

Los efectivos argumentaron que fueron a "pedirle perdón", aunque sin reconocer responsabilidad delictiva formal. El damnificado vivió esa visita como una presión, sobre todo después de que el caso tomara estado público y mediático.

Ante el riesgo de injerencia indebida o entorpecimiento, el fiscal solicitó una medida de coerción sustitutiva que el juez Gilardenghi convalidó. Hasta que termine el proceso, Muñoz y Medrano tienen estricta prohibición de contacto, comunicación y acercamiento hacia Miranda y su domicilio.

Defensas separadas y sumario administrativo

En un primer momento, ambos efectivos fueron asistidos por la defensora oficial Soledad Forte. Pero por las diferencias de rango y las posibles responsabilidades cruzadas en las directivas, el magistrado ordenó separar las defensas: Forte seguirá patrocinando a Medrano, el de menor jerarquía, mientras que Walter Vaccaro representará a Muñoz.

Más allá del proceso penal, el Ministerio Público Fiscal confirmó que remitirá las actas de declaración y el legajo completo a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) provincial. El objetivo es que el organismo avance con los sumarios por el evidente incumplimiento de protocolos, fallas administrativas que incluso la propia defensa de los uniformados reconoció.

La defensa oficial, por su parte, había intentado una calificación alternativa mucho más leve: "apropiación de cosas por error", un delito que solo prevé una pena de multa.