Dos policías secretarias imputadas: el nuevo eslabón en la red de corrupción dentro de la fuerza
Dos secretarias policiales fueron imputadas por encubrir a su exjefe, acusado de un escandaloso esquema. ¿Cómo intentaron borrar las pruebas desde dentro de la comisaría? Los detalles del nuevo golpe judicial a la corrupción en la fuerza.
La justicia tucumana amplió el cerco sobre una red de corrupción policial al imputar a dos mujeres policías por encubrir las maniobras de su exjefe, el principal acusado de usar presos para obras en su casa. Las agentes, que se desempeñaban como secretarias en la Unidad Regional Norte, habrían actuado para entorpecer la investigación apenas se enteraron de que se iniciaba.
Este sábado, el auxiliar de fiscal Federico Lizarraga, siguiendo las instrucciones de la fiscal Mariana Rivadeneira, formalizó la imputación contra las dos uniformadas, de 30 y 53 años. Ambas fueron acusadas del delito de encubrimiento agravado contra la administración pública.
¿Qué hicieron las secretarias?
Según la acusación fiscal, las mujeres eran las secretarias de Gustavo Javier Beltrán, el exjefe de la Unidad Regional Norte (URN) que hoy está detenido. El Ministerio Fiscal sostiene que, al tener conocimiento del inicio de una investigación por el delito de peculado, las agentes ingresaron a las oficinas del primer y segundo jefe de la URN.
Su objetivo, según la teoría del caso, era retirar objetos que podrían haber sido claves y constituir prueba en el proceso judicial. Ante estos graves hechos, el juez interviniente autorizó medidas de menor intensidad contra las imputadas por un plazo de tres meses.
El corazón del esquema corrupto
Esta nueva imputación se enmarca en una investigación principal que ya involucra a nueve personas. El núcleo del caso es la acusación contra el exjefe Beltrán, quien habría ordenado, entre agosto y noviembre de 2025, el traslado de cuatro personas privadas de la libertad desde las comisarías de Chuscha y Choromoro.
Con la presunta colaboración de su segundo, Sergio Marcelo Juárez (también detenido), los detenidos eran llevados hasta la propiedad particular de Beltrán, ubicada en la localidad de El Cadillal. Allí, se los habría obligado a realizar trabajos de albañilería, herrería y pintura en beneficio del exjefe policial.
Un círculo que se cierra
Actualmente, además de Beltrán y Juárez, también permanecen detenidos los jefes de Infantería y de Personal de la misma unidad regional. La imputación de las dos secretarias policiales marca un punto de inflexión, ya que amplía el círculo de responsabilidades más allá del mando operativo.
La justicia ahora apunta también al personal administrativo que, según la fiscalía, habría facilitado la impunidad del esquema ilegal desde dentro de la propia estructura policial. Las maniobras de encubrimiento atribuidas a las agentes buscan demostrar cómo se intentó proteger la red desde sus diferentes niveles.