Dos tercios para privatizar el puerto y un consejo que ahora decide: la reforma que vuelve a la Legislatura

El bloque Somos Fueguinos volvió a poner sobre la mesa un proyecto que ya había intentado en 2024 y que en su momento no logró convertirse en ley. La nueva embestida, impulsada por el legislador Jorge Lechman, apunta a modificar artículos clave de la Ley 69, la norma que creó la Dirección Provincial de Puertos (DPP), y promete sacudir el tablero de decisiones del sistema portuario fueguino.

Un freno legislativo a las privatizaciones

El primer cambio fuerte que propone la iniciativa es que cualquier privatización o concesión —total o parcial—, transferencia, transformación societaria, gestión mixta, asociación público-privada o creación de terminales portuarias deberá pasar antes por la Legislatura. No alcanzará con una simple mayoría: el proyecto exige el voto de dos tercios del total de los legisladores.

Si se aprueba, la conducción de la DPP perdería la facultad de decidir por sí sola sobre la explotación de servicios, instalaciones y espacios portuarios. Es decir, las decisiones estratégicas quedarían atadas a un respaldo legislativo amplio.

El Consejo Asesor Portuario, con más poder

El otro eje de la reforma toca al Consejo Asesor Portuario. El texto no cambia demasiado los sectores que ya participan, pero sí precisa quiénes serán sus representantes. Por los usuarios, se suma un representante de las Cámaras de Comercio de la Provincia; por los prestadores, uno de las agencias marítimas y otro de las empresas de estibaje y/o servicios portuarios. También se detalla la representación sindical y se mantiene la presencia de municipios y comunas, la Armada Argentina, Prefectura Naval Argentina y Aduana.

Pero el cambio de fondo es otro: hoy el Consejo tiene carácter consultivo y la ley dice expresamente que sus opiniones y dictámenes no son vinculantes. El proyecto de Lechman invierte esa lógica y los convierte en obligatorios.

Así, la propuesta no incorpora nuevos actores con poder de decisión, sino que agranda el peso institucional de los que ya están sentados en la mesa. Entre ellos hay empresas privadas que desarrollan actividades económicas usando la infraestructura portuaria provincial y organismos que dependen del Estado nacional.

Los grises que deja el texto

El proyecto, sin embargo, no aclara sobre qué materias operará ese carácter vinculante, qué decisiones deberán someterse al Consejo ni cómo se resolverán eventuales diferencias con la conducción de la DPP. Es más: mantiene la disposición que establece que el Consejo no podrá “interferir o inmiscuirse” en cuestiones internas de administración y conducción. Esa ambigüedad deja abierta la discusión sobre el alcance real de sus nuevas facultades.

La iniciativa también suma entre las funciones de la DPP la promoción de puertos municipales turísticos y recreativos para embarcaciones de hasta 50 metros de eslora. Y deroga el artículo 7 bis, que fija las funciones del Director Ejecutivo de Puertos, aunque mantiene vigente el artículo que contempla la existencia de ese cargo.

Una contradicción que crece tras la intervención

La propuesta original es anterior al conflicto con Nación, ya que se presentó en 2024. Pero su reedición llega después de la intervención del Puerto de Ushuaia, lo que le da una lectura diferente.

Somos Fueguinos cuestionó que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación avanzara sobre facultades provinciales. Raúl Von der Thusen sostuvo públicamente que “el puerto es de Tierra del Fuego y la administración debe ser de Tierra del Fuego”, aunque también respaldó una auditoría y cuestionó la gestión provincial. Lechman también se manifestó contra la intervención y después defendió la necesidad de mantener bajo control provincial un recurso considerado estratégico.

Ahí aparece la contradicción: mientras el espacio criticó que Nación sobrepasara sus facultades al intervenir una terminal administrada por Tierra del Fuego, ahora propone aumentar la incidencia en las decisiones de organismos que dependen del propio Estado nacional.

Armada, Prefectura y Aduana ya integran el Consejo Asesor. La diferencia es que hoy participan de un organismo cuyas opiniones no obligan a la DPP. Con la reforma, integrarían un cuerpo cuyos dictámenes tendrían carácter vinculante. Esto no significa que esos organismos pasen a administrar el puerto ni que puedan imponer individualmente sus decisiones, pero sí que participarían de un ámbito con capacidad de condicionar a la autoridad portuaria provincial como nunca antes.

Algo similar ocurre con el sector privado. Mientras el proyecto fortalece el control público al exigir dos tercios de la Legislatura para privatizaciones y concesiones, en paralelo aumenta el peso en las decisiones de empresas que obtienen beneficios económicos de actividades desarrolladas sobre una infraestructura construida, mantenida y ampliada con inversión pública provincial.