Dos votos le faltan al oficialismo: quiénes tienen la llave para aprobar el financiamiento educativo
El oficialismo llega con seis votos firmes y necesita ocho. Mientras la oposición quiere desactivar la urgencia del proyecto, hay dos nombres que podrían inclinar la balanza: ¿qué exigen a cambio?
La Legislatura de Tierra del Fuego se reúne este mediodía en una sesión especial que definirá el futuro inmediato del proyecto de Financiamiento Integral del Sistema Educativo enviado por el Ejecutivo. La oposición pidió el encuentro para quitarle el trámite de urgencia a la iniciativa, mientras el oficialismo y sus aliados intentarán avanzar con el dictamen de las comisiones de Educación y Economía, firmado el jueves pasado.
La convocatoria fue solicitada por Damián Löffler y Pablo Villegas (MPF), Jorge Lechman y Raúl Von der Thusen (Somos Fueguinos), Natalia Gracianía (La Libertad Avanza) y Matías Lapadula (Provincia Grande). El objetivo: evitar que el proyecto original quede aprobado por el vencimiento del plazo de urgencia.
Los números que no cierran
El despacho favorable lleva las firmas de Myriam Martínez (FORJA); Victoria Vuoto, Juan Carlos Pino y Tomás García (PJ); y Gisela Dos Santos (Sumemos Tolhuin). A ese bloque hay que sumarle el acompañamiento de Federico Greve (FORJA), que no firmó el despacho porque no integra ninguna de las comisiones.
Esos seis respaldos garantizados no alcanzan: para sancionar la iniciativa con la Cámara completa se necesitan ocho votos.
Tres caminos posibles
El primer escenario es que el oficialismo consiga los apoyos que le faltan para convertir en ley el dictamen firmado la semana pasada. El segundo, que la oposición se limite a retirar el trámite de urgencia al proyecto del Ejecutivo para evitar su aprobación automática el viernes 6 y continuar el debate por el procedimiento ordinario. El tercero, que impulse el rechazo del proyecto y no habilite el tratamiento del dictamen, con la intención de discutir el financiamiento educativo en el marco del Presupuesto 2027.
Si la sesión se limita a retirar la urgencia, el oficialismo tendrá otra oportunidad: la sesión ordinaria convocada, a pedido de Greve, Martínez, Pino, García y Dos Santos, para mañana martes 3 a las 12:00.
Más parecido que diferente
El dictamen modifica algunos aspectos de la propuesta original, pero conserva buena parte de las fuentes de recursos previstas por el Ejecutivo. Ambos textos contemplan aportes de Rentas Generales, hasta el 10% del remanente distribuible de utilidades de empresas estatales —una vez cumplidas las reservas y afectaciones legales— y otros recursos específicos que se establezcan por ley.
También mantienen el adicional del 3% de Ingresos Brutos sobre las actividades gravadas del Banco de Tierra del Fuego. La diferencia es que el despacho de comisión prohíbe trasladar ese costo a los servicios y costos financieros que la entidad cobra a sus clientes.
La alícuota del 3,4% sobre la distribución de gas también permanece, pero cambia el destino de su recaudación. Mientras el proyecto original la incorpora al fondo educativo, el dictamen crea un Fondo Provincial de Infraestructuras y reserva el 40% para mantenimiento, mejoras, accesibilidad y obras educativas. El 60% restante financiará redes de gas y conexiones domiciliarias. Además, dispone dejar de recaudar ese recurso si el ente regulador nacional autoriza trasladar su costo a la tarifa de los usuarios.
Ambas versiones incluyen hasta el 10% de los incrementos derivados de adicionales o afectaciones sobre actividades económicas estratégicas, aunque el dictamen precisa que ese porcentaje se calculará sobre recursos netos de coparticipación.
También conservan la asignación de hasta el 40% de los recursos generados por modificaciones de alícuotas, bases imponibles o revalúos del Impuesto Inmobiliario Rural. El despacho agrega la actualización anual por IPC de la valuación fiscal determinada para 2026.
Se mantienen, asimismo, los recursos generados por la explotación del hidrógeno verde y los provenientes de la promoción, radicación y desarrollo de la economía del conocimiento. El dictamen precisa que, en ambos casos, los ingresos se incorporarán netos de coparticipación y, para el hidrógeno verde, exige una afectación específica.
Entre las diferencias, desaparece la asignación del 0,5% de la recaudación total provincial de Ingresos Brutos, que el proyecto original excluía de la distribución a los municipios. En contrapartida, se incorpora la recaudación de ese impuesto correspondiente a las actividades de Terra Ignis.
El dictamen también integra expresamente los recursos educativos del Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales. Preserva su destino y permite continuar aplicándolos a salarios docentes, sin sujetarlos al reparto porcentual general del nuevo fondo.
El nudo de la negociación
La continuidad de los gravámenes al BTF y a la distribución de gas concentra buena parte de las dificultades para ampliar los seis respaldos. Federico Sciurano (FORJA) sostuvo públicamente que acompaña una ley de financiamiento educativo, pero condicionó su apoyo a excluir ambas fuentes porque considera que terminarían repercutiendo sobre los usuarios.
Los opositores Löffler, Villegas, Lechman, Von der Thusen, Lapadula, Colazo, Gracianía y Selzer también cuestionaron el esquema de financiamiento, ya sea por las nuevas cargas tributarias, su posible impacto sobre las familias y el sector productivo o la insuficiencia de los recursos previstos. Varios objetaron, además, la afectación de fondos municipales contemplada originalmente, y plantearon la necesidad de revisar si el Ejecutivo está haciendo una eficiente y racional uso del recurso público afectado a la función educativa.
Para convertir el dictamen en ley con la Cámara completa, sus promotores deberán sumar al menos dos votos a los seis respaldos obtenidos en comisión. Las posiciones conocidas anticipan una negociación difícil, cuyo resultado dependerá de los acuerdos de última hora que el Ejecutivo y sus aliados puedan alcanzar con algunos de los principales referentes de la oposición.
