Duras críticas del ministro Fernández a los diputados que rechazaron el acuerdo con Vicuña

El ministro de la Producción, Gustavo Fernández, salió a responder con dureza a los legisladores que votaron en contra del acuerdo entre San Juan y Vicuña. La Cámara de Diputados aprobó el convenio este miércoles con 27 votos a favor y 9 en contra, pero el funcionario de Marcelo Orrego aseguró que varios de los argumentos esgrimidos en el debate "carecen de total fundamento".

En una entrevista con Radio Colón, Fernández manifestó que desde el Gobierno siguieron el tratamiento legislativo "sorprendidos por algunas argumentaciones" y sostuvo que "con la sola lectura del acuerdo uno puede advertir que muchos de los fundamentos de quienes están anticipando una posición contraria al acuerdo no tienen base".

¿Qué cuestionó el ministro?

El titular de la cartera productiva apuntó contra la interpretación de que el convenio implicaría una cesión de facultades ambientales o jurisdiccionales por parte de la Provincia. Para Fernández, allí existe una confusión entre las atribuciones tributarias y las potestades de control sobre la actividad minera.

"Se están confundiendo facultades de control ambiental con facultades tributarias", subrayó. Explicó que las contribuciones económicas y patrimoniales que establece el acuerdo, como las regalías o los aportes al fideicomiso, requieren un pacto entre las partes o una ley provincial, mientras que las competencias ambientales permanecen reguladas por la legislación vigente.

"Uno tiene derecho como Estado provincial a imponer todos los requisitos correspondientes para el buen desarrollo desde el punto de vista ambiental de cualquier actividad industrial y, en particular, de la minería", remarcó el ministro.

Los puntos clave del acuerdo

El convenio regula las contribuciones económicas que Vicuña realizará a San Juan. Las regalías tendrán como base de cálculo el valor de facturación, en lugar del valor en boca de mina previsto por el esquema legal actual. Además, se suma una contribución convencional para infraestructura, que se canalizará mediante un fideicomiso.

Una de las diferencias más destacadas por Fernández es que la Provincia comenzará a recibir beneficios económicos desde el inicio. Se trata de los US$250 millones que la compañía deberá aportar y que estarán disponibles a partir del 20 de diciembre de 2026. "Después se avance o no con la construcción, se inicie o no la producción, la provincia ya va a haber recibido y no tiene que devolver" ese dinero, afirmó.

¿En qué se usarán los fondos?

El aporte inicial estará destinado a obras de infraestructura vial, hídrica, saneamiento y otras relacionadas con las necesidades productivas. Entre las primeras aparece la recuperación integral de la Ruta 40 Norte, desde el puente de Albardón hasta el ingreso al norte provincial.

El ministro remarcó que la obra impactará no solo en la minería, sino también en la producción y el turismo. Además, explicó que el Gobierno no necesariamente deberá esperar hasta diciembre para comenzar a ejecutar los proyectos, ya que podrá utilizar fuentes alternativas de financiamiento, avanzar con licitaciones y pagar los primeros certificados. Luego, cuando el fideicomiso cuente con los recursos de Vicuña, podrá recuperar esos fondos y destinarlos a nuevas obras.

"Lo que estamos buscando en definitiva es un inicio temprano y rápido de obras de infraestructura que necesita la provincia", señaló Fernández.

Diferencias con fideicomisos anteriores

El funcionario marcó una distinción con los fideicomisos mineros previos. Según explicó, en esos casos las empresas estaban obligadas a aportar, pero el Estado no necesariamente debía tener una obra concreta en ejecución para usar los recursos, por lo que parte del dinero podía quedar acumulado. El nuevo mecanismo busca que no haya desembolsos si no existe una obra en ejecución y certificados que respalden su utilización.

Respuesta a las críticas por el tratamiento legislativo

Fernández también respondió a quienes acusaron al Gobierno de convertir a la Legislatura en una "escribanía". Rechazó esa comparación y destacó que el Ejecutivo puso a disposición a funcionarios del gabinete para responder consultas antes de la votación. "Los documentos han estado disponibles desde hace ya casi dos semanas, tiempo para estudiarlo. Es un documento simple de leer y simplemente lo que hace falta es buena voluntad", sostuvo.

En particular, remarcó que durante la reunión con los legisladores el viernes previo a la votación, el bloque Justicialista realizó solamente dos preguntas, mientras que el resto de las consultas provinieron de otras bancadas. El funcionario incluso contrapuso ese tratamiento con una decisión de la gestión de Sergio Uñac: "Cuando el exgobernador Uñac modificó la ley electoral sobre tabla y sin el conocimiento ni siquiera de sus propios diputados. Eso sí fue insultar a los legisladores", lanzó.