Duros con los celulares en las cárceles: qué pasará con los presos que igual consigan uno
La norma ya tiene media sanción, pero lo que viene después es lo que realmente cambia el juego: los teléfonos que aparezcan adentro no van a quedar solo secuestrados. Qué dice el artículo 4 sobre los equipos detectados sin autorización.
La Cámara de Diputados de Corrientes dio media sanción a un proyecto de ley que prohíbe el ingreso, la tenencia y el uso no autorizado de teléfonos celulares y de cualquier otra tecnología de comunicación inalámbrica dentro de las unidades penitenciarias de la provincia. La iniciativa, impulsada por la diputada Lorena Lazaroff, busca desarticular las maniobras delictivas que se organizan desde los pabellones y ahora pasa al Senado para su sanción definitiva.
Durante el debate, Lazaroff puso el foco en el crecimiento de los delitos que se cometen intramuros y enumeró amenazas, fraudes, extorsiones y secuestros virtuales. «Hoy, una de las mayores modalidades delictivas es precisamente el ingreso de telefonía celular de manera ilícita a los establecimientos carcelarios provinciales», señaló la legisladora.
Lazaroff también subrayó que la problemática golpea de manera directa a los sectores más vulnerables. «Sin lugar a dudas, esta situación pone en riesgo en muchas circunstancias a nuestros adultos mayores, a nuestros jóvenes y nosotros desde la legislatura debemos estar a la altura de las circunstancias», sostuvo.
Qué tecnología se va a instalar en las cárceles
El texto aprobado no se queda en una prohibición normativa: ordena la instalación y puesta en marcha de sistemas tecnológicos de avanzada en todas las cárceles de Corrientes. Estos equipos permitirán la detección fija y remota de dispositivos móviles activos en áreas de acceso restringido, con especificaciones técnicas que quedarán bajo la órbita de la autoridad de aplicación.
«La finalidad de este proyecto es bloquear las telefonías celulares o dispositivos y controlar esa comunicación que va a ser realizado, por supuesto, por la autoridad competente», explicó Lazaroff al detallar los alcances de la norma.
En esa línea, el artículo 4 establece que los aparatos detectados sin autorización serán inutilizados de forma remota mediante el bloqueo de su identidad internacional de equipo móvil y de abonado, lo que impedirá que vuelvan a operar en las redes de telefonía.
Llamadas controladas y sanciones para el personal penitenciario
La iniciativa resguarda el derecho de los internos a mantener el vínculo con familiares, allegados, curadores, abogados y representantes de organismos dedicados a la reinserción social. Una vez promulgada la ley, esos contactos deberán realizarse exclusivamente a través de teléfonos fijos de tecnología analógica, sujetos a horarios, límites de tiempo y un monitoreo estricto del Servicio Penitenciario.
El diputado Ricardo Leconte celebró la incorporación de sus aportes en comisión y advirtió sobre el rigor disciplinario que traerá la normativa. «Se prevé severas sanciones a los agentes penitenciarios y para quienes infrinjan la futura ley», afirmó el legislador respecto al control sobre los encargados de custodiar los penales.
Una tendencia que ya recorrió otras provincias
El debate sobre el uso de teléfonos móviles en los penales cobró relevancia en todo el país a partir de 2020, cuando diversas jurisdicciones habilitaron los dispositivos de manera excepcional para suplir la suspensión de las visitas presenciales durante la emergencia sanitaria.
Con el regreso a la normalidad, provincias como Santa Fe, Córdoba y Mendoza avanzaron en esquemas de restricción e instalación de inhibidores, después de comprobar que gran parte de las estafas telefónicas y las amenazas extorsivas se originaban desde las celdas. Con esta media sanción, Corrientes se suma a la tendencia regional de restituir el control estricto de las comunicaciones intramuros.

