Echaron a la titular de dos registros de Lomas de Zamora y ahora le van a buscar los $117 millones
La decisión ya está firmada y alcanza a dos registros del conurbano. A los vecinos que hacen trámites ahí les cambia la cara visible de la oficina, pero el dato que más pesa es otro: el monto que el Estado ahora sale a recuperar por la vía judicial.
El Ministerio de Justicia removió a la titular de dos registros automotores de Lomas de Zamora tras concluir que no giró al Estado los remanentes de recaudación que las oficinas están obligadas a depositar. El perjuicio fiscal ya fue actualizado a $117.246.510,53, una cifra que todavía puede crecer con los intereses que se devenguen hasta que el dinero vuelva a las arcas públicas.
La sanción quedó formalizada en la Resolución 551/2026, firmada el 12 de noviembre y publicada este lunes en el Boletín Oficial. La medida alcanza a Marta Elena Castañón en su doble rol: era la responsable del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Lomas de Zamora n.º 5 y del Registro Seccional con Competencia Exclusiva en Motovehículos Letra A.
De $73 millones a más de $117: el cálculo que complicó a la exfuncionaria
Según el expediente administrativo, Castañón incumplió la obligación de depositar a favor de la Administración Central los excedentes de las liquidaciones de emolumentos. Esa porción de los aranceles que se cobran por los trámites registrales pertenece al Estado desde el mismo momento en que se percibe y debe transferirse dentro de los dos días hábiles posteriores al cierre de cada mes.
La investigación abarcó irregularidades detectadas entre julio de 2024 y febrero de 2025. En ese período, los saldos mensuales impagos fueron desde $858.000 hasta casi $19 millones.
En una primera instancia, la instrucción sumarial había estimado el daño patrimonial en $73.566.460,66 de capital puro. Pero al actualizar la liquidación al 15 de septiembre de 2026, con intereses y otros componentes, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) llevó la deuda total a más de $117,2 millones.
Qué argumentó Castañón y por qué le rechazaron el descargo
Durante el proceso disciplinario, la exfuncionaria negó haber incurrido en una maniobra de apropiación o desvío de fondos. Planteó que las dependencias a su cargo atravesaban un cuadro de desfinanciamiento que le impedía afrontar los pagos, dijo que no obtuvo respuesta oficial a sus pedidos para cancelar el pasivo en cuotas y sostuvo que otras seccionales tenían condiciones económicas y arancelarias más favorables.
La cartera que conduce Juan Bautista Mahiques desestimó esos argumentos. En los fundamentos de la resolución remarcó que la recaudación se divide de manera estricta entre los emolumentos que retribuyen al encargado y sus gastos operativos, por un lado, y los remanentes que son propiedad del Estado, por el otro.
Además, subrayó que las dificultades financieras de una oficina no habilitan a disponer de recursos públicos para cubrir desequilibrios: el costo operativo forma parte del riesgo propio de la función asumida.
El dato que desarmó el planteo de una crisis generalizada
Frente a la versión de que se trataba de un problema extendido, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios aportó números concretos: sobre un universo de aproximadamente 1.400 seccionales en todo el país, solo 14 registraban deudas, y de esas 10 ya tienen sumarios en curso.
El organismo también aclaró que las sedes intervenidas cuentan con esquemas de alquileres y mobiliario distintos, por lo que su estructura de costos no es equiparable a la de los titulares externos.
Demanda judicial y plazos para apelar
Además de declarar la responsabilidad disciplinaria y disponer la remoción inmediata, la resolución instruye a las áreas competentes del Ministerio a iniciar las acciones administrativas y judiciales necesarias para cobrar el monto adeudado con sus respectivos intereses.
La norma, sin embargo, deja constancia de que la vía administrativa todavía no está agotada: Castañón podrá interponer un recurso de reconsideración dentro de los 20 días hábiles posteriores a la notificación, o presentar un recurso jerárquico en un plazo de 30 días hábiles.