Echaron al interventor de un registro automotor de San Lorenzo y él denuncia una maniobra política

Lo que arrancó como un trámite de transición tras la muerte de la histórica titular del Registro Seccional Nº 1 de San Lorenzo terminó en una batalla judicial. El interventor que estuvo tres años al frente de la dependencia fue cesado de golpe por la Dirección Nacional del Registro Automotor (DNRPA), y sus abogados ya presentaron una denuncia penal y un amparo federal. Denuncian que detrás de la remoción hay un esquema de vaciamiento deliberado y que, ahora que el negocio volvió a ser rentable, quieren poner a un hombre propio.

El desplazamiento se confirmó el 31 de agosto, el mismo día en que se notificó el cese. En su reemplazo, el organismo nacional designó a un contador público, una decisión que la querella considera una falta de respeto a la idoneidad del funcionario saliente, que había sido formado por la propia titular fallecida y que nunca tuvo una sanción ni una auditoría negativa.

La denuncia: aprietes y llamadas intimidatorias

Antes de que se concrete la remoción, el abogado de la víctima, Martín Marini, ya había ido a la Justicia. Según la denuncia, el interventor recibió una serie de llamadas y mensajes por WhatsApp de personas no identificadas que decían hablar en nombre de “aspirantes con contactos políticos” y le exigían que diera un paso al costado en la oficina de calle Richieri 350.

La presentación incluye registros de llamadas y capturas de pantalla. Pide que la Fiscalía determine quiénes son esos interlocutores y si hubo coacción para forzar la entrega del local. La causa quedó radicada en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y en la Justicia Federal.

“Ahogaron el sistema y ahora que vuelve a ser negocio nombran a dedo”

El trasfondo que plantea la querella es un plan de asfixia económica. Según Marini, durante tres años los aranceles de los trámites registrales se mantuvieron congelados mientras la inflación disparaba los costos (alquileres, sueldos, insumos). De las 1.500 dependencias que había en el país, unas 500 no aguantaron la crisis.

Pero el escenario cambió: con las últimas actualizaciones de tarifas, el sistema volvió a ser altamente rentable. Y ahí, sostienen los denunciantes, aparecieron los nombramientos “a dedo” en un área del Ministerio de Justicia controlada por el subsecretario de Asuntos Registrales, Gonzalo Estévez. “Ahogaron el sistema y ahora que vuelve a ser negocio nombran a dedo”, resumió el abogado.

El amparo y las medidas que piden

Frente a la remoción, los abogados presentaron una acción de amparo con medida cautelar de no innovar. Entre los pedidos están:

Nulidad de la Disposición Nº 190: aseguran que tiene vicios en la causa, motivación y desviación de poder, según el Art. 7 de la Ley 19.549.

Cuestionan la falta de concurso público: dicen que la DNRPA evitó llamar a concurso de oposición y antecedentes (Resolución Nº 238/03), que es el único canal legal para cubrir vacantes definitivas.

Objeta la idoneidad del nuevo interventor: un profesional ajeno a la materia registral en lugar de alguien con tres años de experiencia y reconocimiento del propio organismo.

Piden custodia del archivo: la sede de calle Richieri es una propiedad privada y hay más de 34.000 legajos automotores que necesitan protección.

En el escrito presentado en los Tribunales federales, la defensa sostiene que la intervención es por naturaleza “excepcional, precaria y transitoria”, y que su uso sucesivo la convierte en “un mecanismo discrecional de asignación de cargos” que viola el debido proceso y la transparencia administrativa.

La Justicia federal deberá resolver en los próximos días si suspende la toma de posesión del nuevo designado y si obliga a la DNRPA a fijar un cronograma para el concurso público de la Seccional San Lorenzo Nº 1. En paralelo, avanza la causa penal por las presuntas coacciones.