Echaron al responsable del Mírame III: lo que encontraron adentro del centro para personas en situación de calle

El Gobierno del Chaco dispuso la cesantía del agente que estaba al frente del Centro de Contención para Personas en Situación de Calle Mírame III, en Resistencia, luego de un sumario administrativo que sacó a la luz una serie de irregularidades dentro del dispositivo.

La medida quedó formalizada en el Decreto 2214/2026, del 18 de septiembre. Según el expediente, la investigación arrancó en mayo de 2022 cuando las autoridades detectaron anomalías tanto en el estado del edificio como en el funcionamiento interno del centro.

Un edificio recién remodelado y un baño con llave

Entre las primeras situaciones advertidas aparecen canillas e inodoros deteriorados, un baño para personas con discapacidad que permanecía cerrado con llave, filtraciones de agua en los dormitorios, desagües pluviales obstruidos y paredes afectadas por la humedad.

El dato llamativo es que el inmueble había sido remodelado menos de un año antes. Y, según el decreto, esas fallas no habían sido asentadas en el libro de novedades, publicó el portal Data Chaco.

Las llaves del Economato y los fondos bajo sospecha

El expediente también puso bajo la lupa el funcionamiento del Economato, el sector encargado de manejar las mercaderías que llegan al establecimiento.

En abril de 2022 se detectó que las mercaderías recibidas no se registraban correctamente. Se habilitó un nuevo cuaderno de control, pero el entonces responsable del dispositivo se habría negado a recibirlo y a hacer las anotaciones correspondientes.

Días después se le pidió transparentar el uso de los fondos para las raciones y entregar las llaves del Economato. Según el sumario, las solicitudes no se cumplieron del todo: se entregó solo una copia de las llaves y después hubo una negativa a completar lo requerido. La normativa, además, establecía que la persona a cargo del Economato debía ser distinta del responsable institucional, justamente para separar la conducción de la administración de los recursos.

La investigación también incorporó una exposición policial por una presunta retención indebida de fondos públicos provenientes de vueltos entregados por proveedores. El decreto menciona esa presentación dentro de las actuaciones administrativas, aunque no consigna el resultado de una eventual investigación penal.

La noche en que no los dejaron entrar

Uno de los puntos más sensibles del expediente tiene que ver con la atención de quienes llegaban al centro buscando un lugar donde dormir.

Un informe de marzo de 2022 registró que operadores de una guardia se negaron a permitir el ingreso de tres personas en situación de calle. En ese momento intentaron comunicarse tres veces con el responsable institucional, pero no obtuvieron respuesta.

El expediente sumó otro episodio similar ocurrido un día antes, cuando otras tres personas tampoco pudieron alojarse. Según el documento, algunas de ellas contaron que no era la primera vez que les pasaba y señalaron las dificultades que implicaba ser derivadas a otro dispositivo alejado de sus lugares de trabajo informal.

Una profesional de Trabajo Social evaluó que esos episodios habían provocado una revictimización de personas en condiciones de vulnerabilidad y describió actitudes de rechazo incompatibles con la función que debía cumplir el centro.

Hostigamiento y un "equipo paralelo"

La investigación administrativa también detectó la existencia de un denominado "equipo técnico paralelo", que no contaba con autorización formal y que, según los informes del expediente, ejercía hostigamiento sobre residentes del dispositivo.

El decreto señala además que el equipo técnico oficial fue desalojado de manera violenta de su oficina y que desaparecieron informes confidenciales de legajos personales de los usuarios.

Al evaluar las pruebas, la administración provincial consideró acreditados el mal desempeño en las funciones de conducción, la negligencia grave y la omisión de deberes. También le atribuyó al entonces responsable haber permitido el funcionamiento de ese equipo paralelo, haber obstaculizado la tarea del personal técnico formal y haber contribuido al descontrol en el manejo del Economato.

Entre los cargos que el decreto da por suficientemente acreditados aparecen el maltrato y hostigamiento indirecto hacia residentes, la deficiente custodia de bienes e infraestructura estatal, la desobediencia de las vías jerárquicas, la retención de llaves del Economato y la obstaculización del ingreso de mercaderías.

Como agravante, el Ejecutivo tuvo en cuenta la experiencia previa del agente en la administración pública y una sanción anterior vinculada, también, con el trato indebido hacia residentes vulnerables.

Cesantía y nuevos controles

Tras analizar el expediente, la Dirección de Sumarios recomendó aplicar la cesantía al responsable institucional. En el mismo informe se habían propuesto suspensiones para otras dos agentes investigadas en el marco del procedimiento.

Finalmente, el Ejecutivo dispuso la cesantía del principal investigado por incumplir obligaciones relacionadas con la conducción del establecimiento, la obediencia jerárquica, el resguardo del patrimonio público y el deber de garantizar un trato digno, cortés y ecuánime.

El decreto también ordenó medidas para evitar que situaciones similares se repitan: digitalizar en tiempo real el stock del Economato, hacer inventarios mensuales, programar inspecciones periódicas del edificio, delimitar las funciones y espacios de los equipos técnicos y crear un canal seguro de denuncias.

A eso se suma un registro automatizado de los ingresos nocturnos al centro, con el objetivo de mejorar el control y proteger tanto a las personas alojadas como a los trabajadores del dispositivo.