Echaron de la Policía a dos efectivos condenados por un robo que cometieron con sus armas reglamentarias
Dos policías de Tucumán fueron exonerados tras ser condenados a 8 años de prisión por un robo. ¿Qué hicieron exactamente y cómo se destapó todo?
El Gobierno de Tucumán oficializó la expulsión definitiva de dos exintegrantes de la Policía provincial que fueron condenados a ocho años de prisión por un robo triplemente agravado. La medida, que cayó como un balde de agua fría en la fuerza, se conoció a través del Boletín Oficial y pone fin a un largo proceso interno que se extendió por más de tres años.
Los protagonistas de esta historia son el exsargento Jorge Alejandro Rojas y el expersonal Transitorio Policial (PTP) Esteban Darío Aráoz. Ambos fueron exonerados mediante el Decreto N° 1.819/7 (SES), firmado el 6 de agosto por el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo. La resolución declaró clausurada la investigación administrativa y aplicó la sanción más severa que contempla el régimen disciplinario policial.
¿Cómo se destapó todo?
El expediente administrativo nació a raíz de un allanamiento en el domicilio de Rojas, realizado en el marco de la causa "Aráoz Ariel Gustavo y otros s/Robo Agravado". Ese procedimiento destapó una serie de irregularidades que comprometieron directamente a los dos efectivos.
Según consta en el decreto, la Justicia comunicó el 7 de agosto de 2024 la condena contra Ariel Gustavo Aráoz, Esteban Darío Aráoz y Jorge Alejandro Rojas. Los tres fueron considerados coautores penalmente responsables de un robo triplemente agravado por el uso de un arma de fuego, por haber sido cometido en poblado y en banda, y por la participación de miembros de la Policía y del Servicio Penitenciario.
La sentencia les impuso una pena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo. Aunque la defensa intentó apelar, finalmente renunció a la vía recursiva y el 19 de febrero de 2025 se confirmó que la condena quedó firme, ordenándose el inicio del incidente de ejecución.
El recorrido de los sumarios
La situación de Rojas comenzó a complicarse en 2023, cuando tras el allanamiento y su detención, una resolución del 14 de junio de ese año dispuso su pase a Situación Pasiva por Proceso y se abrió un sumario administrativo.
Por su parte, Aráoz también fue sometido a un sumario en mayo de 2023 y pasó a Situación Pasiva por Proceso. En octubre de ese mismo año, el Gobierno provincial decidió su desafectación y cese inmediato como Personal Transitorio Policial, ya que se encontraba imputado en la causa penal.
En abril de 2025, la Dirección General de Asuntos Internos Policiales (DIGAIP) unificó ambos expedientes. La investigación concluyó que las conductas de Rojas y Aráoz encuadraban en el artículo 14 del Reglamento del Régimen Disciplinario de la Policía, que contempla faltas gravísimas.
El peso de la ley
El decreto remarcó que las pruebas incorporadas demostraron que ambos tienen una condena judicial firme por un delito doloso con pena privativa de la libertad, lo que habilitó la exoneración. Además, se aseguró que durante el proceso se respetaron el debido proceso y el derecho de defensa.
Finalmente, el Ejecutivo expulsó formalmente a Rojas de la fuerza. En el caso de Aráoz, se modificó la causal de su desvinculación: la desafectación de 2023 fue reemplazada por la exoneración, es decir, su despido definitivo del cargo.
Con esta decisión, el Gobierno cerró un capítulo que dejó en evidencia la conducta de quienes debían proteger a la ciudadanía y terminaron condenados por delinquir. La pregunta que queda flotando es: ¿cuántos casos similares aún esperan justicia?
