Echó a su empleada doméstica y creyó que zafaba: la cuenta que debe pagar por 3 años

Cuando una empleada de casas particulares deja su trabajo o es despedida, el empleador no puede simplemente cerrar la puerta y olvidarse. Hay una liquidación final, una baja obligatoria en ARCA y papeles que deben quedar en manos de la trabajadora. Todo está regulado por la Ley 26.844, que fija derechos y obligaciones de ambos lados.

La diferencia más pesada entre una salida voluntaria y un despido sin causa aparece en la indemnización. Si la trabajadora renuncia, no cobra antigüedad. Si la despiden sin justa causa, el empleador debe pagarla cuando corresponda.

Renuncia: qué papeles y qué plata

El primer paso es confirmar que la renuncia llegó de forma formal. Lo habitual es un telegrama laboral, que deja constancia de la decisión y de la fecha en que termina el vínculo. Con esa comunicación en mano, se arma la liquidación final.

Aunque la salida sea voluntaria, la empleada tiene derecho a cobrar lo que quedó pendiente:

Salario pendiente: los días trabajados que todavía no se abonaron.

Aguinaldo proporcional: la parte del SAC que corresponde al período trabajado.

Vacaciones proporcionales no gozadas: los días que correspondan por la fracción de año trabajada.

Otros conceptos: horas extras, diferencias salariales u otros importes adeudados.

Lo que no corresponde en una renuncia común es la indemnización por despido sin causa.

La baja en ARCA, un trámite que no se saltea

Sea renuncia o despido, la finalización de la relación laboral debe quedar registrada en el sistema de Casas Particulares de ARCA. El trámite es gratuito y se hace por internet.

El recorrido es este: ingresar al sitio oficial con clave fiscal, entrar al servicio de Casas Particulares, seleccionar a la trabajadora registrada, elegir la opción Baja e informar la fecha de finalización, confirmar la operación y generar la constancia. Después, una copia de esa constancia tiene que llegar a la trabajadora.

Además, hay que abonar los aportes y contribuciones que quedaron pendientes del último período y emitir el recibo de sueldo de la liquidación final.

Despido sin causa: cuánto sale la antigüedad

En un despido sin causa, la liquidación suma los conceptos pendientes y las indemnizaciones que marca la ley. La Ley 26.844 establece un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses, con un mínimo de un mes de remuneración, siempre que corresponda según la antigüedad y las condiciones de contratación.

Un ejemplo sirve para dimensionarlo: si la trabajadora tiene tres años de antigüedad y su remuneración mensual de referencia es de $600.000, la indemnización por antigüedad llega a $1.800.000. A ese monto se le suman, cuando correspondan, los salarios pendientes, el aguinaldo proporcional, las vacaciones no gozadas y otros conceptos indemnizatorios.

El preaviso: 10 o 30 días según la antigüedad

Los plazos de preaviso dependen de cuánto tiempo lleva la trabajadora en el puesto. Con menos de un año de antigüedad son 10 días; con más de un año, 30 días.

Si el empleador termina la relación sin respetar ese plazo, debe pagar una indemnización sustitutiva del preaviso. Y si el despido se produce sin preaviso antes del último día del mes, puede corresponder la integración de los días que faltan hasta cerrar ese período. Por eso la fecha de desvinculación también mueve el cálculo final.

Período de prueba: seis meses sin indemnización por antigüedad

Para los contratos por tiempo indeterminado hay un período de prueba de seis meses. Dentro de esa ventana, la relación puede extinguirse sin indemnización por antigüedad. Igual deben pagarse los salarios devengados y el resto de los conceptos de la liquidación final que correspondan.

Antes de calcular cualquier indemnización, entonces, conviene revisar la fecha de ingreso y confirmar si la trabajadora ya superó el período de prueba.

Embarazo, maternidad o matrimonio: la indemnización extra

La Ley 26.844 también prevé casos en los que el despido puede generar una indemnización adicional. Son los vinculados con embarazo, maternidad o matrimonio, siempre que se cumplan las condiciones legales. En esas circunstancias puede corresponder una indemnización equivalente a un año de remuneraciones, que se suma a la del despido sin causa.