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viernes, noviembre 27, 2020

“No tienen autoridad moral”: la FET rechaza el proyecto de Reparación Histórica

A través de una carta documento dirigida a Alberto Roque Guardia, presidente de la Federación Económica de Tucumán, el histórico dirigente peronista Hugo Aldo Santillán, hermano de Atilio Santillán, expresó su fuerte rechazo al proyecto de “Conmemoración y reparación histórica por la destrucción de la Provincia de Tucumán en 1966” que la misma FET presentó a diputados y senadores tucumanos. “No tienen autoridad moral, ni jurídica, ni social para plantear esta Reivindicación que es de los pueblos de la Provincia”, sentenció.

“La propuesta de Ley de Reparación Histórica de la provincia de Tucumán presentada por la FET a diputados y senadores nacionales avasallan los derechos de los pueblos, verdaderas víctimas del genocidio social ocurrido en 1966, y como referencia recuerdo que Hilda Guerrero de Molina y Camilo González pagaron con su vida”, apunta Santillán en la misiva que él mismo facilitó a eltucumano.

Señala que “los golpes de Estado siempre tuvieron dos patas, una ideológica -del poder económico o stablishment- y otra ejecutora -las fuerzas Armadas- que imponen la fuerza, que es el derecho de las bestias, violan la Constitución Nacional y el Estado de Derecho para terminar con el pueblo sometido, empobrecido y asegurar la concentración de la riqueza para sus mandantes”.

Hugo Aldo Santillán denunció en su proyecto de reparación histórica “la FET señala como únicos responsables a Onganía y Salimei, sin duda los ejecutores, pero soslaya y oculta alos responsables ideológicos de la desgracia social que son los industriales azucareros del país con participación de patrones tucumanos”. En ese sentido, recuerda que “el decreto fue escrito por la oligarquía azucarera encabezada por Arrieta – Blaquier – Jorge Prat Gay, entregado al Brigadier Teodoro Álvarez quien lo llevó a Onganía para la firma”.

También subraya que “Tucumán perdió el 30% de su producción y 250.000 tucumanos fueron condenados a la desesperanza, hambre, miseria y al desarraigo”. “La responsabilidad también pasaba por el atraso, falta de pago de los salarios, que no tenían justificativo pues el Estado financiaba la zafra con subsidios, también se le otorgaba créditos y por supuesto que ante la mora en el pago de los haberes se reaccionaba, los trabajadores en de defensa de sus derechos se manifestaban con medidas de fuerza, huelgas, toma de fábricas, ollas populares, puebladas, etc. Y esto llevó a que los obreros azucareros fueran catalogados de subversivos”, remarcó.

Afirma Santillán que “la Reparación Histórica de Tucumán comenzó cuando en 1973 el peronismo triunfa en las elecciones” y enumera la designación de obreros en el directorio de CONASA, la creación de cooperativas y puestos de trabajo, mejoras salariales y el decreto presidencial que ordenaba la reapertura del ingenio Esperanza, en Delfín Gallo.

“FOTIA se reunió con el gobernador Amado Juri para que apoye la reapertura de cinco ingenios, que se concretaría con la producción de la empresa CONASA, se gestiona la nacionalización de la actividad azucarera para que Nunca Más se cierre un ingenio y se terminaba el monopolio auzcarero”, apunta.

Sin embargo, precisa que “en diciembre de 1975, Vilas y Bussi informaban que todo estaba pacificado” pero que “el 22 de marzo de 1976 es ejecutado en la sede de FOTIA el secretario general Atilio Satillán“. “Pretendieron disfrazas su muerte argumentando que “subversivos fueron los autores”. A partir de ese hecho más de 100 obreros azucareros fueron asesinados. Los industriales azucareros fueron los ideólogos d crímenes atroces y aberrantes”.

Santillán recuerda que “también asesinaron a los hermanos Arancibia, Dardo Molina, José Chebaia, Tenreyro, Raúl Lechessi, Vargas Aignasse, Felipe Urueña, por apoyar la Reparación Histórica de Tucumán, violando lo dispuesto en el Decreto 261 que establecía que ‘en virtud el estado de sitio se podía allanar sin orden judicial y se podía detener personas, pero se consignaba que a las 48 hs había que poner esas personas a disposición del PEN o de un juez”.

Los industriales pagaron 4.640.000 dólares, mediante una ley tramposa, a Bussi por esos crímenes. Luego, el genocida Bussi abrió cuentas en el país y en el exterior, a nombre de sus hijos José Luis y Ricardo, hija y esposa, un total de 20. Depositó 30 millones en el Banco Nación para crear una empresa exportadora. Además, invirtió en el fondo mal habido en varias propiedades en la Capital Federal. CONASA fue desguasada y entregada a los amigos de Martínez de Hoz, Estofan, al amigo de Menéndez y Bussi, Minetti y a los parientes de Llamil Reston, los hermanos Jorge violaron así el pliego de condiciones“, arremete.

Subraya Santillán que “la FET está integrada por distintas Cámaras, una de ellas es la azucarera, por lo que a través del proyecto de ley Usted representa a los victimarios que pretenden transformarse en víctimas. También resulta grotesco que se proponga al gobierno como administrador del fondo de reparación, es como poner un vagón de dinero en la cueva de Alí Babá“.

Sostiene el histórico militante peronista que “la corporación política-empresaria-judicial que desde hace 20 años gobierna la provincia fueron socios y cómplices de Videla y Bussi. En política el partido Vanguardia Federal hoy algunos tienen altos cargos y otros fueron intendentes nombrados por Bussi en 1976. En el sector empresario, además de los asesinos ideológicos, algunos se han transformado en empresarios mediante maniobras non santa. Y en lo judicial, jueces y abogados fueron cómplices del genocida Bussi y el capitán Abba”.

No tienen autoridad moral, ni jurídica, ni social para plantear esta Reivindicación que es de los pueblos de la Provincia“, concluye Santillán y solicita a Guardia que exhorte a los industriales:

a no producir azúcar en negro (evasión fiscal);

a no robar a los cañeros en los rendimientos;

a cumplir con el Art. 14 bus (CN) y el convenio colectivo de trabajo del sector azucarero;

que la empresa Los Balcanes devuelva al pueblo los terrenos y el casco del Ingenio Esperanza ubicado en Delfín Gallo otorgado por la corporación política actual, que la FET pida la investigación de la compra del ingenio San Pablo;

que Catalina Lonac en declaraciones públicas expresó que “hace más de 20 años compró la Petrolera ESSO” instalando varias estaciones de servicios, debe investigarse el origen de esos fondos;

que diga si es verdad la muerte y fecha supuesta de la misma del Sr. Alberto Furió, propietario del Ingenio Florida;

que se investigue el lavado de dinero mediante empresas azucareras;

que se abra de inmediato la calle Avenida del Trabajo, ubicada en la ciudad de Bella Vista, cerrada por Minetti durante el Golpe empresario-cívico-militar;

que se abandone el proyecto de caña transgénica por las nefastas consecuencias que acarreará;

que se deje de contaminar a los pueblos y se cumpla la Constitución Nacional (derecho al medio ambiente sano).

El proyecto de la FET

El proyecto de Ley Nacional contempla que el “Régimen de Reparación Histórica Productiva de Tucumán” beneficiaría a empresas radicadas en nuestra provincia que incrementen su capacidad instalada y personal contratado o aquellas que se radiquen en territorio tucumano con planta permanente de por lo menos 50 empleados. A las mismas se propone otorgar beneficios principalmente impositivos:

a. Exención parcial de tributos nacionales a las empresas y emprendimientos que general radicaciones industriales y productivas que generen mano de obra en la Provincia de Tucumán.
b. Reintegro parcial las inversiones en obras de infraestructura y de nexo, necesarias para la ampliación y/o instalación que realicen las empresas industriales y productivas anteriores.
c. Subsidios parciales de las tasas de interés de las líneas crediticia o de asistencia financiera para la inversiones y capital de trabajo que tales empresas lo requieran para su instalación y capital de trabajo.
d. Aportes no reintegrables a la Provincia de Tucumán para la ejecución de las obras viales, energéticas, logísticas, hídricas, sanitarias, etc. que se requieran para la creación de parques industriales e instalación de las empresas antes citadas.
e. Otros que pueda disponer el Poder Ejecutivo.
f. Las exenciones y subsidios podrán ser de aplicación con una disminución escalonada de mayor a menor, para permitir una adaptación progresiva al efecto que la eliminación de los mismos genera en las estructuras económicas de las actividades productivas.

Por su parte, el proyecto de Ley Provincial establece los mismos términos y propone los siguientes beneficios para empresas radicadas o que se instalen en la provincia:

a. Exención parcial de tributos provinciales.
b. Reintegro parcial las inversiones en obras de infraestructura y de nexo, necesarias para la ampliación y/o instalación de las mismas.
c. Colaboración y trámite urgente de las factibilidades de servicios públicos, permisos, certificados medioambientales, registraciones inmobiliarias y catastrales, finales de obra, habilitaciones, etc. que requieran las empresas que soliciten la inclusión en dicho régimen.
d. Otros que pueda disponer el Poder Ejecutivo.

La iniciativa recuerda que “el conjunto de políticas diseñadas por el estado nacional entre agosto de 1966 y abril de 1967, conocidas “Operativo Tucumán”, tenían como objetivo teórico la racionalización y diversificación de la industria local. Este programa implicaba una forzada retracción de la producción de azúcar y poner en marcha un plan de incentivos fiscales para la radicación de nuevas industrias. Para principios de septiembre habían sido intervenidos, previa ocupación militar, 7 ingenios: Esperanza, Bella Vista (reabierto en 1968), Lastenia, Trinidad, Nueva Baviera, La Florida y Santa Ana. A ello hay que sumar el cierre por quiebra del ingenio San Antonio sucedido poco tiempo antes, y lo cierres por acuerdo entre el estado y los propietarios de los ingenios Mercedes, Los Ralos, y San José”.

“La promesa de Onganía de crear un polo de desarrollo y la inmediata radicación de más de 20 empresas industriales nunca se cumplió. Las nuevas industrias tardaron varios años en llegar, y cuando lo hicieron, las pocas que finalmente se radicaron apenas si influyeron sobre los índices de desocupación”, denuncia el proyecto y enfatiza que “las heridas dejadas en Tucumán, jamás fueron reparadas. Las inútiles promesas ovacionadas por los tucumanos siguen incumplidas. Ha llegado la hora de reclamarlas, esa es la base histórica de nuestra convocatoria”.

Tras repasar los índices de desocupación y pobreza, afirman que “el pueblo de Tucumán exige a sus gobernantes acciones inmediatas para posibilitar el desarrollo productivo y potenciar el empleo, con políticas activas que enriquezcan a sus habitantes y en consecuencia al Estado. La actual política impositiva de la provincia orientaba exclusivamente al cierre de caja, debe entender que lejos de ser sustentable para el Estado, desalienta y mata paulatinamente a los actores principales de la economía”.


Fuente: eltucumano.com

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