La justicia federal ordenó el congelamiento de dos billeteras digitales relacionadas con el estadounidense Hayden Mark Davis, uno de los principales señalados en la causa que investiga el presunto fraude detrás de la criptomoneda $LIBRA. Las wallets inmovilizadas acumulan fondos por un total de u$s57,5 millones en USDC, una moneda estable que replica el valor del dólar. El caso salpica a empresarios locales y al presidente Javier Milei, quien había promocionado públicamente el proyecto.
Las billeteras intervenidas fueron identificadas como “61yk”, que posee u$s44,6 millones, y “Libra Team Wallet 1” (alias “Defc”), con otros u$s13,4 millones. Ambas estuvieron activas durante el lanzamiento del token $LIBRA y habrían recibido grandes sumas en los momentos críticos, justo cuando el precio del criptoactivo comenzó a derrumbarse la noche del 14 de febrero de 2024.
Davis, señalado como uno de los cerebros detrás de la maniobra, reconoció en su momento haber captado cerca de u$s110 millones, aunque solo la mitad fue alcanzada por la medida cautelar. El resto permanece en billeteras que almacenan otra criptomoneda, $SOL, de la red Solana, que por su naturaleza descentralizada y volátil resulta más difícil de intervenir judicialmente.
Caso $LIBRA: el pedido fue pedido por un grupo de casi 50 damnificados
El pedido de congelamiento fue impulsado por un grupo de casi 50 damnificados, representados por los abogados Nicolás Oszust y Agustín Rombolá. Para detectar los movimientos financieros sospechosos contaron con el trabajo pericial del ingeniero en sistemas Fernando Molina, quien trazó el recorrido del dinero casi en tiempo real desde el nacimiento del token.
El 13 de abril, los abogados enviaron un oficio a la jueza federal María Servini -quien instruye la causa en Argentina- para que, mediante exhorto internacional, se solicitara a Circle, la empresa emisora del USDC, bloquear los fondos. Este martes, las cuentas aparecían efectivamente congeladas en la blockchain de Solana.
Además del reclamo local, el expediente también se tramita en juzgados federales de Estados Unidos, desde donde se investiga si hubo lavado de activos o manipulación de mercado.
Entre los afectados hay tanto argentinos como extranjeros. Si bien el promedio de inversión ronda los u$s17.000 por persona, un ciudadano de Bielorrusia denunció haber perdido casi u$s1 millón. En el caso argentino, los abogados aseguran que varios damnificados prefieren no avanzar judicialmente por temor a represalias, dado que el escándalo involucra al propio presidente Milei, quien promocionó la criptomoneda en su cuenta de X (ex Twitter) apenas segundos después del lanzamiento.
Pese a que Milei negó públicamente la existencia de damnificados locales, los registros de transacciones contradicen esa versión. “Muchos pusieron dinero y lo perdieron, pero tienen miedo de meterse en un lío judicial”, contaron fuentes de la defensa a Clarín.
La Justicia sigue el camino del dinero que “desapareció”
Los fondos que no quedaron alcanzados por la cautelar judicial están en tres wallets que contienen $SOL, el token nativo de Solana. A precios actuales, esas cuentas suman el equivalente a u$s42,4 millones. Las direcciones, asociadas informalmente a Davis y sus colaboradores, contienen 143.343 $SOL (u$s25 millones), 69.275 $SOL (u$s11,8 millones) y 32.045 $SOL (u$s5,4 millones).
Como USDC es una stablecoin emitida por una firma privada, puede ser bloqueada bajo pedido judicial. En cambio, otras criptos, como $SOL o $ETH, al operar de forma descentralizada, ofrecen menos puntos de intervención, salvo que puedan vincularse a exchanges o identidades físicas.
El token $LIBRA debutó con un valor inicial de 0,01 dólares y escaló hasta casi u$s5 en cuestión de horas. El impulso inicial se dio luego de que Milei compartiera el contrato inteligente para adquirir el token apenas 22 segundos después del primer movimiento de compra, lo que alimentó la fiebre por el activo.
Sin embargo, esa cotización se derrumbó rápidamente. De acuerdo con la investigación, el derrumbe fue provocado por ventas masivas ejecutadas por el equipo fundador y otros insiders que habrían tenido acceso privilegiado a información del proyecto. En ese movimiento, se habrían retirado hasta u$s100 millones, dispersos en múltiples billeteras.
En paralelo al congelamiento de fondos, la jueza Servini pidió recientemente a entidades bancarias datos financieros del presidente Milei, su hermana Karina, y los empresarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. El objetivo es analizar sus declaraciones patrimoniales desde 2023 y detectar posibles inconsistencias o enriquecimiento ilícito.
El escándalo, que comenzó como un aparente proyecto para financiar pymes con un criptoactivo nacional, hoy amenaza con convertirse en un caso de alcance internacional por la magnitud de los fondos involucrados y el vínculo directo con figuras del poder político.
Fuente: iprofesional.com