El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, adelantó que el Gobierno enviará en las próximas semanas al Congreso un proyecto de ley con el objetivo de “blindar” a quienes se adhieran al Régimen de Ganancias Simplificadas, la iniciativa presentada oficialmente la semana pasada.
La propuesta implica una reforma significativa en el modo de determinar y liquidar el impuesto a las ganancias. El esquema actualizado dejará de exigir datos sobre el patrimonio y los consumos personales de los contribuyentes, y pondrá el foco únicamente en los ingresos facturados y los gastos que puedan ser deducidos.
Durante la presentación oficial, Pazo aseveró: “No vamos a requerir más información sobre los consumos ni el patrimonio. Los consumos personales no van a pasar más por ARCA”, afirmó Pazo durante la presentación oficial del régimen.
Desde junio se podrá optar por el nuevo régimen
Desde junio, las personas alcanzadas por la medida podrán adherirse al nuevo régimen, que regirá para el período fiscal 2025 (desde esa misma fecha hasta mediados del año siguiente). Conforme explicaron desde ARCA, en el vencimiento previsto para mayo de 2026, cada contribuyente podrá ingresar a su perfil en el sitio web del organismo, consultar el monto que haya sido calculado automáticamente por el sistema y optar por aceptarlo, abonarlo o ajustarlo según la información que tenga disponible.
En paralelo, se prepara un cambio en la legislación penal tributaria. “Estaremos presentando un proyecto de ley al Congreso para cambiar la ley penal tributaria. Es el único país del mundo que por menos de u$s15.000 tenés evasión penal tributaria, podés ir preso”, señaló Pazo en declaraciones a TN y A24.
Un nuevo enfoque para incentivar la formalidad
Pazo remarcó que la puesta en marcha del nuevo régimen apunta a establecer un nuevo enfoque en la política fiscal. “Aumentar los umbrales significa que hasta $50 millones vas a poder operar sin que ARCA tenga información previa. Lo mismo va a aplicar para billeteras virtuales y tarjetas de crédito o débito. Vas a poder comprarte un auto o un departamento con ahorro bien habido, sin necesidad de justificarlo”.
El titular de ARCA remarcó que el objetivo es construir confianza en el sistema formal: “Invitar a la gente a que facture por las buenas razones, porque el sistema te lo va a premiar“. Y añadió: “Tu número de seguridad social y tu historia crediticia son lo más importante que podés tener, porque son la llave para acceder al sistema”. Además, anticipó que se está trabajando en la incorporación de las fuentes de renta del exterior al esquema de simplificación tributaria.
El cambio también impactará en el sistema de control fiscal, ya que ARCA dejará de contar con información clave como los consumos personales y los patrimonios, dos herramientas históricamente utilizadas para detectar evasión e inconsistencias.
Desde el Gobierno, sin embargo, sostienen que el nuevo enfoque se enmarca en una política más amplia orientada a facilitar la formalización económica. “Generar los incentivos que inviten al ciudadano a entrar al sistema formal” es, según expresó Pazo, una de las metas centrales, con la expectativa de ampliar el acceso al crédito y fomentar un crecimiento económico más sostenido.
En síntesis, el nuevo régimen de Ganancias busca desburocratizar los procesos impositivos y simplificar las declaraciones. Si bien algunos especialistas dicen que esto podría implicar la pérdida de herramientas esenciales para el control fiscal, el Gobierno confía en que esta mayor simplificación fomente la incorporación de nuevos contribuyentes y promueva un desarrollo económico sustentado en una base más amplia y transparente.
Fin al reporte de operaciones menores y más libertad para usar dólares
El pasado jueves, el Gobierno anunció que dejará de requerir el reporte al ARCA de transferencias bancarias de hasta 50 millones de pesos y operaciones de compra y venta de autos usados. “La lógica es clara: los ciudadanos pueden usar sus ahorros sin miedo. No vamos a presuponer que todos son evasores o delincuentes“, sostuvo Pazo.
En ese marco, el funcionario enfatizó el giro conceptual que impulsa la nueva administración: “Durante años se aplicaron controles excesivos que terminaron asfixiando la economía. Estamos apelando a la buena fe de los contribuyentes. Cambiar la presunción de culpabilidad por la de confianza es parte de un nuevo paradigma”.
También señaló el fin de normativas que obligaban a informar consumos personales a través de tarjetas de débito, crédito o billeteras virtuales. “Esa disposición quedó sin efecto. Antes, hasta la cajera del supermercado te advertía que debía cortar el ticket para evitar reportar tu compra. Eso ya no pasará”, aseguró.
“Hay que devolverle privacidad a la gente. La identificación puede pedirse para validar una operación, pero no para perseguir a nadie. Vivíamos en una locura burocrática“, agregó.
Pazo remarcó que el objetivo final es estimular la remonetización de la economía y que los principales beneficiarios de esta política serán quienes cumplen con sus obligaciones fiscales. “Si esto funciona, quienes pagamos impuestos vamos a ver los frutos. Este es el primer gobierno con un presidente convencido de que, en la medida en que se consolide el superávit fiscal, se podrán seguir reduciendo impuestos”, expresó.
Nuevos umbrales para reportes financieros al ARCA
Entre los cambios más relevantes, el Gobierno actualizó los límites a partir de los cuales bancos, billeteras virtuales y comercios deben reportar operaciones al organismo recaudador. Estos son los nuevos valores informados por el equipo económico:
Saldos bancarios al cierre del mes: el umbral sube a $50 millones para personas físicas y $30 millones para jurídicas. Plazos fijos: el mínimo pasa de $1 millón a $100 millones para personas físicas; y a $30 millones para jurídicas. Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales: se eleva el tope de $2 millones a $50 millones para individuos y a $30 millones para empresas. Tenencias en sociedades de bolsa (Alycs): los montos se establecen en $100 millones para personas físicas y $30 millones para jurídicas. Compras de consumo final: el nuevo umbral será de $10 millones, independientemente del medio de pago. Antes se exigía identificar pagos en efectivo desde $250.000 y con tarjeta desde $400.000. Extracciones en efectivo: se amplía el límite de $1.000 a $10 millones para personas físicas y jurídicas. Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia del Gobierno para simplificar el sistema tributario, estimular la economía formal y recuperar la confianza de los contribuyentes. Según Pazo, “es tiempo de terminar con la criminalización del ahorro informal y apostar por una nueva relación entre el Estado y los ciudadanos”.
Fuente: iprofesional.com