Con el Salario Mínimo, Vital y Móvil resuelto hasta marzo, más la declaración de la Confederación General del Trabajo (CGT) de no convocar a un paro nacional en el corto plazo, el Gobierno apuesta todo a la baja inflacionaria y el control del dólar, no solo como principales medidas de su gestión, sino para alinear las paritarias que se negociarán en los próximos meses.
En los últimos días del 2024, la Casa Rosada se jactó de ganar una batalla salarial, al no ceder a las presiones de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios, que exigía una suba del orden del 5 por ciento mensual.
A pesar de tratarse de una discusión del sector privado, la intención del ministerio de Economía no solo era ponerle un freno a la demanda de Hugo Moyano, sino establecer un techo para el resto de las organizaciones gremiales. Para el ejecutivo, el acuerdo en el sector de Camioneros del 5 por ciento para el trimestre diciembre-febrero fue todo un triunfo, sin costos políticos ni presiones por medidas de fuerza.
Sueldo de empleados estatales: la propuesta del Gobierno
En materia salarial, el primer desafío de la administración libertaria será sostener la paritaria de la administración pública del 1 por ciento mensual por un cuatrimestre, rechazada por las conducciones de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). A pesar del pataleo gremial, el gobierno no piensa moverse de ese número.
Desde el Palacio de Hacienda, que dirige Luis Caputo, sostienen que las restricciones presupuestarias limitan la capacidad de mejorar las ofertas salariales. Por lo tanto, se estima que el incremento para los estatales será por decreto, en línea con la metodología que se viene aplicando en el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
La respuesta de ATE no se hizo esperar. El gremio que lidera Rodolfo Aguiar está en conflicto permanente desde que asumió Javier Milei y comenzó a aplicar su plan de recorte del personal en el Estado. En tanto, el titular de UPCN, Andrés Rodríguez, calificó la oferta oficial como “totalmente negativa”, y advirtió que la situación económica podría volverse insostenible. Sin embargo, en su rol de secretario Adjunto de la CGT, insiste en que “la gente no acompaña un paro nacional”.
Luis Caputo busca acuerdos semestrales con los gremios
La idea de Caputo no solo pasa por poner un techo a las paritarias tanto privadas como del sector público, sino ampliar el período de los acuerdos. Lo ideal para el equipo económico es que las negociaciones sean, de mínima, semestrales. Supone que, si el Índice de Precios al Consumidor (IPC) rompe la barrera del 2 por ciento, esto es factible. En tanto, se conforma con que las paritarias se pueden cerrar en forma cuatrimestral, como ya está ocurriendo en algunas actividades.
El Ejecutivo admite que crecerá la conflictividad en las distintas áreas del Estado (docentes, administración pública, salud y judiciales), pero supone que puede manejar la situación sin que repercuta tanto en el plan económico como en la opinión pública. Proyecta además que un control de las subas salariales y negociaciones más espaciadas permitirán a las respectivas cámaras empresariales un manejo previsible de sus costos.
En este esquema es donde Hacienda trabaja codo a codo con el ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello y la secretaría de Trabajo, que comanda Julio Cordero, quien viene aceitando sus vínculos con la dirigencia gremial en general y, en especial, con el sector más dialoguista de la CGT. El círculo se cierra con la tarea que lleva adelante el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien considera que una reforma laboral puede activar una recuperación del empleo.
Qué gremio rechazó los acuerdos salariales por empresas
En paralelo, el Gobierno ya lanzó la idea de acuerdos salariales por empresas, lo que rompería los convenios colectivos de trabajo y podría generar una ola de demandas judiciales. En el laboratorio libertario esperan el apoyo de los empresarios para dicha iniciativa, al tiempo que ya les avisaron a los dirigentes gremiales más cercanos que, si no acompañan la iniciativa, avanzará con otras medidas que afecten las cajas de las organizaciones gremiales.
Al respecto, el secretario Adjunto del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garajes y Playas de Estacionamiento (SOESGyPE), Carlos Acuña (h), salió a rechazar de plano las subas salariales por empresas.
Explicó que el convenio colectivo vigente establece un salario mínimo que las empresas deben respetar, pero que, al mismo tiempo, no impone un máximo, lo que ya permite de hecho que aquellas compañías con mayores posibilidades económicas paguen por encima del acuerdo. Agregó que “si lo que pretenden es pagar menos de lo que dice el convenio, estaremos en contra, como todas las organizaciones sindicales”.
En cuanto a la intención del Gobierno de ponerle un techo del 1 por ciento mensual a las paritarias, Acuña aseguró que “legalmente no se puede hacer”, y apuntó que se trata de versiones como “expresiones de deseo que siguen en la misma línea de lo que fue el decreto de necesidad y urgencia y la llamada Ley Bases, iniciativas que no prosperaron”.
Camioneros, empleados de comercio y el dilema de la UTA
A diferencia de otros años, el verano será muy activo en la puja distributiva. En febrero, Camioneros retomará las conversaciones con las patronales y Empleados de Comercio —la paritaria más importante, con más de 1.000.000 de trabajadores y trabajadoras— y se sentará con las cámaras para definir un nuevo aumento. También en los próximos días se reabrirá la discusión salarial entre la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y los empresarios.
Un análisis aparte es la situación del transporte. La Fraternidad, que nuclea a los conductores de locomotoras, se separó de los otros tres gremios del sector (la Unión Ferroviaria, Señaleros y APDEFA —jerárquicos ferroportuarios-) y reclama sus propios porcentajes, coaccionando con la posibilidad de medidas de fuerza.
En cuanto a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) interviene el factor subsidios con la presión que también ejercen los empresarios de colectivos de corta, media y larga distancia. El gobierno ha mostrado sus reflejos en ambos conflictos, con una herramienta que usa a discreción y que le permitió pasar un fin de año sin paros de magnitud: la conciliación obligatoria.
Ya no habrá acuerdos mensuales para empleados bancarios
Otro sector que también tiene su propia dinámica es el de los bancos. En este caso, el Gobierno directamente no intervino y habilitó una actualización automática de los salarios, según la variación mensual del IPC. Hoy, el salario inicial de los bancarios es de 1.570.477,77 pesos, a lo que se suma el monto por Participación en las Ganancias (ROE) que actualmente se encuentra en 78.028,32 pesos, haciendo un conformado de 1.648.506,09 pesos.
Según la Asociación Bancaria, que lidera Sergio Palazzo, el incremento acumulado del 2024 fue del 117,8 por ciento. Esta modalidad de aumentos mes a mes, pactada tanto por los representantes de las cámaras crediticias privadas como públicas, continuará en enero y febrero, en tanto que en la segunda quincena de marzo se reunirán para ver qué modalidad se aplica, en una paritaria que va de enero a diciembre de cada año.
En esa hoja de ruta, Milei se desliga de las negociaciones con los sindicatos, que quedaron bajo el ala de Capital Humano y Trabajo, en cuanto a la conflictividad, y de Economía en la cuestión de números. El Presidente solo saldrá a responder si cuestionan su política o su liderazgo. En paralelo, el protocolo antipiquete sigue vigente con una Patricia Bullrich recargada, ponderada justamente por el control de las calles y la baja de cortes en mano de las organizaciones sociales.
Fuente: iprofesional.com