En momentos en que la provincia de Tierra del Fuego se ve atravesada por la decisión de los industriales de aplicar un paro total en la isla, esto a raíz de la decisión de Nación de bajarles los aranceles a la electrónica importada, otra controversia gana envergadura en torno a Ushuaia. Ocurre que el Gobierno nacional abrió la puerta a un pedido de la jefatura del Comando Sur de los Estados Unidos para la eventual instalación de una base de submarinos al servicio de la armada norteamericana. La iniciativa, expuesta por el almirante Alvin Holsey, al mando de la división militar estadounidense, a funcionarios de la Casa Rosada viene cosechando todo tipo de rechazos en territorio fueguino. Se suma a la controversia derivada de la solicitud, también de Estados Unidos, de reactivación de un radar de alta potencia que se presume opera bajo control de capitales británicos.
Según reconocen fuentes ligadas al gobierno de esa provincia, la solicitud de establecer un atracadero para los sumergibles estadounidenses se ubica dentro del plan general de consolidar una base integrada en Ushuaia.
En ese sentido, el oficialismo nacional reconoce que los planos para el desarrollo de ese punto militar conjunto ya están finalizados. Pero que su evolución se encuentra atada a la aprobación de partidas presupuestarias correspondientes a este año.
En Tierra del Fuego afirman que la posibilidad de que los submarinos estadounidenses operen desde ese distrito se corresponde con la idea norteamericana de consolidar su presencia militar en el Atlántico Sur y la Antártida. Y que ese precepto se ajusta a la estrategía de Donald Trump de reducir al mínimo la influencia de China en esta parte del mundo.
El diálogo en torno al posible despliegue de sumergibles norteamericanos en el sur que mantienen el área de Defensa y el Comando Sur viene cosechando todo tipo de rechazos por parte del segmento político y dirigencial fueguino.
¿Submarinos de Estados Unidos en la Patagonia?: rechazo fueguino
En ese sentido, Walter Vuoto, actual intendente de la capital provincial, afirmó vía su espacio en la red social X que “Ushuaia no se entrega”.
“Rechazamos enérgicamente la instalación de una base naval con participación estadounidense en nuestra ciudad. Este proyecto representa una cesión inadmisible de soberanía y una amenaza directa a nuestra proyección antártica y al reclamo legítimo sobre las Islas Malvinas”, publicó el funcionario.
“La presencia de submarinos nucleares y tropas extranjeras en Tierra del Fuego no responde a los intereses del pueblo argentino, sino a una estrategia geopolítica ajena que busca controlar recursos y rutas estratégicas en el Atlántico Sur”, añadió.
Vuoto reafirmó que “Ushuaia no se alquila, no se entrega, no se rinde”, anticipó que el municipio en cuestión se pronunciará “ante cada intento de despojo disfrazado de cooperación. Porque defender nuestra soberanía no es un acto del pasado, es un compromiso con las futuras generaciones”.
Por su parte, Andrés Dachary, actual responsable de Asuntos Internacionales del gobierno de Tierra del Fuego, tampoco ahorró críticas. “Todas las apreciaciones respecto de lo que está sucediendo en la provincia son reales. Tierra del Fuego tiene un rol geopolítico y geoestratégico que hoy se ve evidenciado con ejercicios militares, radares y bases con submarinos“, declaró.
“Si el Congreso aprueba un Guantánamo en Ushuaia, cerremos todo. Sería algo de una gravedad inusitada en la historia argentina”, agregó.
Dachary comentó que la posibilidad de que el aparato militar norteamericano establezca sus submarinos en la provincia se suma al interés estadounidense por reactivar un controvertido radar extranjero montado en cercanías de Tolhuin.
Tierra del Fuego y el radar de la discordia
A fines de 2023, el gobierno fueguino quitó los permisos de operación de las antenas tras señalar a LeoLabs, la empresa dueña del radar, como un emprendimiento presuntamente ligado a capitales británicos. Y también argumentar que la tecnología en cuestión podría tener un uso militar.
A mediados de 2023, altos mandos de las Fuerzas Armadas cuestionaron la instalación y su capacidad operativa.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos afirma que LeoLabs es una empresa bajo control de accionistas de ese país.
Y que la labor del radar es seguir el “rastreo de basura satelital”. Al mismo tiempo, la administración que encabeza Donald Trump señala que el entramado de antenas genera información clave para empresas como SpaceX y la NASA.
LeoLabs quedó en el centro de la polémica luego de que, a mediados del año pasado, la compañía firmara un acuerdo estratégico con el Ministerio de Defensa del Reino Unido.
El compromiso en cuestión fue notificado por Tony Frazier, director ejecutivo de esa empresa, y, vía ese pacto, el área militar de Gran Bretaña pasó a tener acceso a toda la información recabada por los radares instalados por LeoLabs en distintos puntos del planeta.
Fuente: iprofesional.com