De no mediar una contraorden de último momento, entre lunes y martes la conducción de Vialidad Nacional en manos del menemista Marcelo Campoy comenzará a implementar un plan de ajuste interno que apunta a reducir su actual plantel operativo de 5.400 a 3.800 agentes.
La aplicación de la “motosierra” en el organismo vial implicará, en una primera etapa, un achicamiento del 30% de su estructura operativa con la desvinculación laboral de 1.600 personas entre empleados, técnicos y jerárquicos que desarrollan sus tareas en los todos los distritos provinciales y en la casa central porteña.
El ajuste forma parte del esquema de reestructuración definido por los ministros de Economía, Luis Caputo y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger para Vialidad Nacional que contempla quitarle sus actuales funciones y atribuciones mediante la derogación de la ley 505/58 que la define como una “entidad autárquica de derecho público y con personalidad para actuar privada y públicamente”.
Si bien los despidos afectarán a todos los distritos regionales que Vialidad tiene a nivel nacional; la situación más conflictiva podría registrarse en el denominado “Distrito 1” que engloba a la mayor parte de la provincia de Buenos Aires y es el que más empleados tiene. En este caso, los encargados de definir la lista de los casi 180 despedidos fueron dos funcionarios que pertenecen a las filas libertarias bonaerenses y que ingresaron a Vialidad en los últimos meses del año pasado. Se trata del titular del Distrito, Martín Luis Augusto y la Jefa de Administración, Vanesa Viviana Gioia; quienes arribaron a esos cargos por cuestiones políticas y sin contar con antecedentes vinculados con la actividad y la problemática del sector vial.
El CV de Augusto muestra que es un ex fabricante de macetas y actual productor agropecuario dueño de los establecimientos Las Tres Marías, Don Luis y El Destino. Fue concejal en Cañuelas por Cambiemos y en las últimas elecciones se mudó a las huestes de La Libertad Avanza (LLA). En tanto, Gioia fue presidenta del bloque de concejales de LLA de Esteban Echeverría y es la esposa del titular de los senadores bonaerenses libertarios, Carlos Curestis, que también saltó del PRO al equipo mileista.
Obras paralizadas
La reducción del 30% del personal de Vialidad estuvo precedida de otra medida de ajuste derivada de las limitaciones presupuestarias que afectan el funcionamiento del organismo.
A principios de marzo, el administrador general Campoy ordenó dar de baja todos los contratos de obras con empresas privadas que Vialidad tiene en curso en el país sin importar el grado de avance en que se encuentren.
La gestión libertaria justificó la decisión de suprimir las obras y trabajos de mantenimiento que venían ejecutando contratistas privados en las “restricciones presupuestarias significativas” que tendrá que afrontar la repartición durante este año.
“Ante la situación económica financiera actual, se hace necesaria la finalización y cierre de las obras en las cuales se torna inviable su ejecución”, señaló la medida tomada por la conducción nacional de Vialidad.
Peajes liberados
Además, el recorte del plantel operativo se da a pocos días de que Vialidad se haga cargo de las rutas que conforman la Autovía del Mercosur y el puente Rosario-Victoria ante la expiración de la concesión que tiene la empresa privada Caminos del Río Uruguay (CRUSA).
A partir del 9 de abril, la administración libertaria asumirá las tareas de mantenimiento de banquinas, luminarias y servicios de auxilio y dejará de cobrar peajes en las estaciones Zárate, Colonia Elía, Yerúa, Piedritas e Isla La Deseada que pertenecen al “Corredor Vial 18” y al enlace vial Rosario-Victoria. El cierre de las cabinas de peaje regirá por un período inicial de seis meses o hasta que concluya el proceso licitatorio que dará paso a una nueva operadora privada de la Autovía del Mercosur y del puente que une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.
La empresa CRUSA está integrada por seis constructoras: CODI, Coneviar, Parenti Mai, Eaca, Welbers Insua y Babic. En 1993 se hizo cargo del mantenimiento vial y el cobro de peajes en el puente Zárate-Brazo Largo y en las estaciones de las rutas 12 y 14 Piedritas (Concordia), Yerúa (Colón) y Colonia Elía (Gualeguaychú). En 2014, sumó a su concesión la administración y conservación del puente Rosario-Victoria.
Estuvo varias veces en la mira y muy cerca de que le rescinda el contrato por incumplimientos y atrasos en las obras. Desde mediados de 2023, Vialidad Nacional viene aplicándole multas atrasadas de los últimos 20 años por el deficiente estado de las rutas y la falta de inversiones. A su vez, la empresa presentó en la Justicia un reclamo contra el Estado por la no autorización de ajustes en los peajes que, supuestamente, le generaron un quebranto de u$s300 millones.
La decisión del Gobierno de dar por concluido el contrato de concesión que tenía CRUSA desde principios de 90 llevará a la empresa a tener que prescindir de sus empleados y abonar las correspondientes indemnizaciones por cese de actividades. Entre trabajadores y técnicos, la concesionaria cuenta con un plantel operativo de casi 500 personas que van camino a quedarse sin trabajo. Desde la empresa -que se encuentra en convocatoria de acreedores- advirtieron que sin los ingresos por peaje que tienen actualmente no podrán afrontar los pagos de los salarios, ni de las indemnizaciones por despidos.
A diferencia de otras concesiones viales y de servicios que se dieron por caídas, en este caso los empleados no serán absorbidos por el Estado, ni transferidos por la fuerza a los nuevos operadores. Los empleados de CRUSA que se queden sin trabajo deberán esperar para ver si el futuro concesionario decide volver a tomarlos en su totalidad o solo a una parte de ellos.
Fuente: iprofesional.com