Paralizada por la falta de granos para moler, y sin fondos frescos para cubrir la totalidad de los sueldos adeudados, Vicentin parece encaminarse a un precipicio sin retorno. La compañía en cuestión, que acumula una deuda post concurso superior a los $5.000 millones, continúa intervenida por la Justicia desde mediados de este mes y en la última semana sumó otro frente de escándalo: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, ex directivos de la firma, fueron detenidos e imputados por los presuntos delitos de estafa y asociación ilícita. En concreto, se los acusa de haber utilizado fondos de la compañía para gastos personales. Los acusados enfrentan acciones promovidas por la Fiscalía de Delitos Económicos.
Los cuatro ex directivos tomaron parte de una audiencia imputativa que se llevó a cabo durante la tarde del jueves. Y las detenciones siguen la línea de una investigación abierta hace algo más de cuatro años contra la cúpula de la empresa agroindustrial.
La fiscalía mencionada acusa a Scarel, Macua, Gazze y Buyatti de concebir una presunta asociación ilícita que tuvo como objetivo llevar a cabo la “planificación y comisión de una pluralidad de delitos”.
Entre otros detalles, los ex directivos habrían destinado u$s1,5 millones de la caja de Vicentin para el pago de honorarios de abogados. También se señala que los ejecutivos habrían facturado viajes de avión que llevaron a cabo en una aeronave propiedad de la cerealera.
Vicentin: la Justicia intervino con allanamientos y detenciones
La decisión judicial de detener a los ex directivos llegó como corolario de una veintena de allanamientos promovidos por la fiscalía la semana pasada, todos concretados en el marco de la investigación que se le sigue a la mesa directiva de Vicentin.
Respecto de estos procedimientos, la compañía emitió un comunicado manifestando su rechazo a los allanamientos y alegando que ese tipo de acciones complica aún más la posibilidad de que la compañía retome cierto grado de producción y, a partir de eso, cumpla con sus obligaciones con empleados y acreedores.
“Ante los graves hechos acontecidos el día de ayer (21 de marzo), por los que la Fiscalía a cargo del fiscal Narvaja procedió a allanar 20 domicilios de personal jerárquico de la sociedad, incluyendo a su Presidente, a su VicePresidente y a tres altos gerentes respecto de quienes se ordenó su detención, hacemos saber que los hechos que investiga la Fiscalía son anteriores a la presentación en concurso de la sociedad…”, expuso la firma.
Para luego añadir: “… y que -de acuerdo a trascendidos, ya que la empresa no ha recibido una comunicación fehaciente al respecto- la investigación se habría ampliado ahora a la administración actual, en particular al período comprendido entre agosto de 2024 y la actualidad, con base a la pérdida de caja que ha sufrido la sociedad”.
En otro apartado del texto, Vicentin señaló: “No deja de asombrar que estos allanamientos y detenciones fueron ordenadas en el momento de máxima tensión para la sociedad, que es público y notorio, cuando intenta procurar los fazones que permitan reunir los fondos para terminar de pagar los salarios atrasados, y cuando ha obtenido recientemente un dictamen favorable del Fiscal de Cámaras en su Recurso Extraordinario para alcanzar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Con estos dichos, la compañía coloca a la Justicia como otro de los actores que, a partir de una intervención periódica, dificulta los intentos de la empresa por encontrarle una salida a su crisis productiva y la instancia de convocatoria de acreedores que atraviesa Vicentin.
Vicentin: sin granos para moler
A muy poco de haberse desatado un conflicto con los sindicatos tras haber cubierto sólo el 30% de los sueldos, la compañía entró en fase de parálisis por falta de granos para moler y a raíz de una desconfianza que se multiplica entre sus proveedores.
En días recientes, Daniel Foschiatti, Carlos Sartor y Fernando Bougain, directores de la compañía, enviaron una carta al juez concursal Fabián Lorenzini, que viene de establecer una nueva intervención de Vicentin, argumentando que “la reducción a casi la mitad de la facturación de enero y la ausencia total de fazones de soja en febrero de 2025 generaron el pasivo post concursal que no podrá revertirse hasta que ingresen adelantos por la cosecha de soja”.
Los directivos cargaron contra dos acreedores por la falta de homologación de la última propuesta impulsada desde la empresa para sortear el concurso en el que se encuentra. Afirmaron que CIMA Investments S.A. y el Grupo Grassi, “arriesgan una excelente operación financiera por la voracidad de querer quedarse con Vicentin sin mostrar jamás un plan serio y sustentable”.
Ese parate, argumentan en Vicentin, es la variable que complica el pago de los salarios. La empresa cargó contra los gremios aceiteros señalando que las medidas de fuerza promovidas recientemente alejan aún más la posibilidad de cerrar acuerdos para recuperar el flujo de granos. “Algunos actores sindicales promueven medidas que generarán nuevas cargas sobre la ya comprometida caja de la empresa”, dijeron los directores.
Fuente: iprofesional.com