EE.UU. advierte por invertir en este país latino: 9 jubilados perdieron sus casas de playa

El gobierno de Estados Unidos lanzó una advertencia sobre los riesgos de invertir en Nicaragua después de que varios ciudadanos estadounidenses denunciaran la pérdida de propiedades y bienes comerciales por decisiones de las autoridades locales. Las acusaciones apuntan directamente a los presidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quienes responsabilizan por confiscaciones que, según los denunciantes, se realizan sin garantías legales.

Qué dice Washington sobre las confiscaciones

Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, cuestionó públicamente los procedimientos de la que llamó “dictadura de Murillo-Ortega” sobre las propiedades de estadounidenses en el país centroamericano.

“La dictadura de Murillo-Ortega realiza incautaciones ilegales de propiedades pertenecientes a ciudadanos estadounidenses que son inaceptables y demuestran por qué el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) aconseja que ejerzan una precaución extrema antes de invertir en Nicaragua”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

La advertencia no se limitó a las inversiones. El Departamento de Estado mantiene una recomendación de Nivel 3 para el país, que insta a reconsiderar los viajes debido a riesgos de seguridad, detenciones arbitrarias y aplicación de las leyes locales. Washington también alertó sobre la posibilidad de perder bienes sin recibir compensación.

“Como informa Telemundo, las autoridades son conocidas por incautar propiedades y activos financieros sin previo aviso ni justificación legal”, señaló Segura. “Le instamos a revisar los riesgos antes de que se conviertan en su realidad, y a reconsiderar los viajes a Nicaragua”, agregó.

Nueve jubilados denunciaron la pérdida de sus viviendas

Uno de los casos más resonantes involucra a nueve jubilados estadounidenses que tenían casas en playa Gavilán, en el municipio de Tola, departamento de Rivas. A finales de agosto, las autoridades nicaragüenses tomaron posesión de las viviendas, cuyo valor conjunto —incluidas las mejoras y los bienes que contenían— se estimó en unos US$15 millones, según Confidencial 30.

Los propietarios usaban esas residencias para sus vacaciones desde hacía más de 15 años. De acuerdo con los testimonios difundidos, personas que se presentaron como funcionarios del gobierno o representantes del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) exigieron las llaves a los guardias y ordenaron desalojar al personal, sin que los afectados recibieran una notificación judicial previa.

“Me avisó la gente que trabaja conmigo allí, diciendo que alguien del gobierno entró, preguntó y retiró las llaves y quitaron a la gente”, relató uno de los jubilados identificado como “José” a Telemundo.

La operación incluyó la cancelación de los contratos de arrendamiento correspondientes al año en curso. Los estadounidenses afirmaron que eran propietarios de las construcciones bajo el régimen establecido por la Ley de Zonas Costeras y que pagaban los impuestos y el canon anual de arrendamiento municipal.

Posteriormente, las propiedades fueron transferidas al INSS por medio de la Procuraduría General de Justicia. “Yo me siento triste porque estábamos allí para apoyar a la gente. Cuando me quitaron todo, la gente perdió sus trabajos, teníamos 50 personas empleadas”, agregó uno de los afectados.

Hoteles, vehículos y otros activos también fueron alcanzados

Las denuncias abarcan otros bienes comerciales y productivos. Entre los activos mencionados por los afectados figuran un hotel, una plaza comercial, vehículos, maquinaria pesada y 108 vacas.

Uno de los inversionistas estimó que el conjunto de las inversiones comprometidas rondaría los US$50 millones. Los propietarios de las viviendas de playa también informaron que funcionarios del Seguro Social les ofrecieron la posibilidad de alquilar sus propias casas por US$2000 mensuales.

Aunque ocho de los nueve estadounidenses recuperaron las llaves de sus viviendas, los denunciantes sostuvieron que eso no resuelve el conflicto. Según explicaron, todavía no cuentan con garantías suficientes sobre sus derechos de propiedad y temen que puedan volver a perder el control de los inmuebles.

“Deja claro cómo se maneja el tema de propiedad en Nicaragua, donde se le puede quitar y dar a alguien dependiendo la política y no amparado en los derechos que tienen sobre las propiedades”, expuso el analista político nicaragüense Eliseo Núñez a Telemundo.