El 23,8% de los santacruceños no puede pagar sus deudas: el dato que preocupa

Santa Cruz se afianza como la segunda provincia con mayor morosidad familiar del país, con un 23,8% de deudores en situación de incumplimiento. El informe del Instituto Argentina Grande, con datos del BCRA a julio de 2026, revela que la mora crece a un ritmo acelerado en todo el territorio nacional.

El estudio, correspondiente a septiembre de 2026, indica que el 26,9% de las personas con deudas en el sistema bancario o no bancario registra demoras en sus compromisos. En números absolutos, sobre un universo de 20,6 millones de endeudados, 5,6 millones de ciudadanos enfrentan situaciones de mora, lo que equivale al 15,9% de la población mayor de 18 años.

Santa Cruz en el mapa de la mora

Con una tasa del 23,8%, el territorio santacruceño ocupa el segundo lugar del ranking nacional, solo superado por La Rioja, donde el indicador trepó al 26,0%. Detrás de Santa Cruz se ubican San Luis (23,1%), San Juan (22,1%) y Catamarca (22,1%).

El informe remarca que la distribución geográfica de la incobrabilidad coincide con las zonas donde la pérdida de empleo privado registrado tuvo un impacto más profundo, principalmente en el norte y el sur del país. Incluso en provincias que lograron expandir el empleo, como Neuquén, la mora se incrementó 8,8 puntos porcentuales en el último año hasta alcanzar el 15,8%.

Más deudores y más graves

Entre julio de 2025 y julio de 2026 se sumaron 1,7 millones de nuevos deudores morosos en el sistema. La categoría que más creció fue la catalogada como "irrecuperable" por el Banco Central —aquellos con atrasos de un año o más—, con un aumento interanual del 60%. Hoy existen 3,4 millones de personas en esta condición extrema, el 16,8% del total de deudores del país.

El estudio desarma la idea de que la mora responde a grandes volúmenes de financiamiento o compras de bienes de capital. La mitad de las personas en situación irrecuperable adeuda un monto acumulado de $77.900 o menos. A medida que empeora la calidad del atraso, la mediana de la deuda disminuye: quienes están al día registran un monto mediano de $128.000, aquellos con mora de hasta tres meses deben $220.700 y quienes llevan más de un año sin pagar acumulan saldos de $77.900. Las dificultades afectan fundamentalmente a familias que recurrieron al crédito para financiar gastos diarios de subsistencia.

Jóvenes y comercios, los más golpeados

Por franjas de edad, los jóvenes de 15 a 29 años exhiben el nivel de morosidad más elevado: casi cuatro de cada diez deudores (38,10%) presentan atrasos. Les siguen la franja de 30 a 44 años con un 31,73%, el segmento de 45 a 59 años con un 23,05%, las personas de 60 a 74 años con un 16,77% y los mayores de 75 años con un 14,47%. La cantidad de deudores morosos creció más de un 40% interanual en prácticamente todas las edades.

En cuanto al tipo de acreedor, las entidades bancarias concentran el 86,0% del monto total prestado a las familias. En contraposición, las tarjetas de crédito no bancarias, las fintech y los comercios minoristas manejan montos más reducidos pero llegan a un volumen masivo de la población.

Las casas de venta de electrodomésticos lideran los índices de incobrabilidad: un 54,4% del monto total prestado por este tipo de comercios está en mora, afectando al 40,3% de sus clientes. La morosidad en estas firmas saltó 29,2 puntos porcentuales en doce meses, pasando del 25% al 54%. Las cadenas de comercios generales ocupan el segundo lugar con una tasa de morosidad por personas del 28,7%, seguidas por las fintech con un 24,4% y los bancos tradicionales con un 18,4%.

Factores macroeconómicos

La investigación concluye que el deterioro del crédito de las familias es consecuencia directa de la dinámica macroeconómica reciente. La caída persistente de los salarios reales en los sectores público y privado desde mediados de 2025, combinada con la pérdida de dinamismo en sectores mano de obra intensivos como la construcción, la industria y el comercio, redujo la capacidad de repago. A esto se sumaron las altas tasas de interés activas y el estancamiento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (fijado en $363.000), lo que terminó por asfixiar el presupuesto de los hogares.