El 28% de cada tanque de nafta tenía un destino, pero la Justicia fue a preguntar dónde terminó
Más de $1,5 billones entraron al sistema vial y tres de cada cuatro pesos no llegaron al asfalto. La Justicia fue a preguntar por qué: el reloj corre y hay tres días de plazo.
La Justicia Federal de Entre Ríos aceptó el amparo que presentaron tres legisladores nacionales y les dio tres días hábiles al Ministerio de Economía y a Vialidad Nacional para que expliquen qué pasó con la plata que debería estar reparando las rutas de la provincia.
El juez Federico Martín, al frente del Juzgado Federal de Victoria, firmó la intimación dentro del expediente caratulado como amparo Ley 16.986 12957/2026. En ese escrito les pidió a los organismos demandados "un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud".
Detrás del reclamo están la diputada nacional Marianela Marclay, su par Guillermo Michel y el senador nacional Adán Bahl, que acudieron al Poder Judicial para exigir que se garantice la continuidad de las obras y el mantenimiento de la red vial nacional en territorio entrerriano.
El impuesto que se cobra pero no se ve en el asfalto
El argumento central de los legisladores es simple: una parte de lo que se paga al cargar combustible tiene un destino específico y ese destino no se estaría cumpliendo.
"Cada vez que un argentino echa combustible, el 28 % del impuesto de los combustibles se destina al arreglo de rutas y esa plata no se está enviando", sostuvo Michel al presentar la acción.
Desde el Congreso fueron más duros con el diagnóstico: "De manera ilegal, el gobierno está reteniendo la porción del impuesto de los combustibles destinados a la reparación de las rutas".
Michel detalló además cuáles son las vías más golpeadas por la falta de fondos: "Recurrimos a la Justicia Federal para que se cumpla con la ley y esa plata se envíe a la provincia Entre Ríos para la reparación de la rutas nacionales que atraviesan nuestra provincia: la ruta 14, la ruta 12 y la ruta 136, entre otras".
Los números que sostienen la denuncia
El amparo se apoya en un relevamiento sobre el movimiento de fondos del SISVIAL. Según ese informe, entre enero de 2024 y mayo de 2026 ingresaron al sistema, a nivel nacional, más de $1,5 billones, pero solo unos $394.406 millones se aplicaron efectivamente a obras.
La cuenta que hacen los legisladores es contundente: tres de cada cuatro pesos que debían terminar en el asfalto no llegaron a las rutas.
El relevamiento agrega otro dato: al 31 de mayo, más de $1 billón estaba colocado en títulos públicos y plazos fijos. Y el propio gobierno nacional habría admitido que esos recursos se computan para sostener el equilibrio fiscal, según consignaron los legisladores provinciales.
La concesión que no cierra el círculo
El 7 de octubre, Nación concesionó por 20 años 276 kilómetros de rutas entrerrianas: el tramo de la RN 18 entre Paraná y Puerto Yeruá y el de la RN 12 entre Crespo y Paraná.
Para los denunciantes, esa concesión no explica qué ocurrió con los fondos acumulados en los últimos dos años ni resuelve el mal estado del resto de la red vial de la provincia.
