El 47% de los salteños admite haber sido amenazado por trapitos: el número que incomoda

El 47% de los vecinos de Salta que participaron de una encuesta aseguró haber sufrido amenazas o exigencias de dinero por parte de trapitos en más de una oportunidad. El dato, lejos de ser un caso aislado, se suma a otro 31% que dijo haber pasado por una situación similar al menos una vez. En total, el 78% de los consultados afirmó haber vivido algún episodio de presión o intimidación al estacionar en la vía pública.

La consulta la hizo el medio Que Pasa Salta entre sus lectores, después de que un operativo policial en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus volviera a exponer un conflicto que los conductores denuncian desde hace tiempo. La pregunta fue directa: "¿Alguna vez un cuidacoches te exigió dinero o te amenazó en Salta?". Sobre 2.649 votos, los resultados dejaron en claro que la problemática está lejos de ser marginal.

El sondeo no tiene valor estadístico representativo de toda la población salteña, ya que se trata de una consulta abierta a los lectores del medio. Sin embargo, el volumen de respuestas y la contundencia de los porcentajes reflejan la magnitud que el tema tiene para quienes transitan a diario por la ciudad.

El operativo que reavivó la polémica

El viernes pasado, un despliegue policial sorprendió a vecinos y automovilistas en calle Pedro Pardo, en el barrio Villa Soledad, a metros de avenida Hipólito Yrigoyen y de la Terminal de Ómnibus. La intervención se concretó tras reiterados reclamos por situaciones conflictivas en la zona.

Según la información que se brindó durante el procedimiento, los efectivos buscaron despejar el sector, identificar a las personas que estaban en el lugar y labrar las actuaciones que correspondieran. El operativo no pasó desapercibido y volvió a instalar la discusión sobre el rol de los trapitos y los límites de su actividad.

Salta ya modificó el Código Contravencional

El reclamo no es nuevo. La Legislatura provincial avanzó con cambios en el Código Contravencional para regular a quienes cobran estacionamiento en la vía pública sin autorización. La reforma de la Ley N° 7.135 incorporó el artículo 77 bis y modificó otros puntos de la normativa.

Las sanciones previstas incluyen hasta 50 días de arresto o multas que pueden llegar a $360.000 para determinadas conductas vinculadas con cobros indebidos. Además, se dispuso la creación de un registro provincial de permisionarios, coordinado con los municipios, para que los conductores puedan distinguir quién está habilitado para cobrar estacionamiento de quien actúa fuera del sistema.

El problema no es solo pagar

La encuesta deja otra lectura: la preocupación de los participantes no se limita a tener que entregar dinero. La consulta apuntó específicamente a las exigencias y amenazas, situaciones que pueden convertir un cobro en un conflicto mucho más grave para quien deja el auto estacionado en la calle.

Con el operativo del viernes, los cambios legales y los resultados de la encuesta, vuelve a quedar sobre la mesa una pregunta que lleva tiempo sin respuesta definitiva: cómo controlar la actividad y qué hacer frente a quienes intentan imponer un pago mediante presión o intimidación.