El 5 de septiembre, una pelea en la escuela puede terminar en una causa penal

A partir del 5 de septiembre, un celular robado en el recreo o un empujón entre compañeros podría convertir a un adolescente de 14 años en imputado penal. Así lo advirtió Gabriel Vitale, presidente de la Cámara de Apelaciones Penal del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, en la antesala de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que establece el nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil para chicos de 14 a 18 años.

El magistrado alertó que la norma no se limita a bajar la edad de imputabilidad, sino que aplica todo el Código Penal a los adolescentes, lo que amplía de forma considerable el universo de conductas que pueden llevarlos ante la Justicia. Y en ese punto, puso el foco en el rol que tendrán los colegios del Conurbano.

La escuela, en la mira

Según Vitale, los directores y maestros podrían convertirse en "los primeros eslabones de una cadena que lleva a adolescentes de 14 años ante la Justicia". La ley les impone la obligación de denunciar cualquier delito que ocurra dentro del establecimiento: lesiones, amenazas, hurtos o riñas. "Lo que hasta ayer era un conflicto escolar, desde el 5 de septiembre puede ser una causa penal", aseveró.

El camarista remarcó que la medida impactará de lleno en los equipos pedagógicos, que ya cargan con la tarea de mediar en situaciones cotidianas. "Si cada incidente escolar se judicializa, el colapso del sistema no tardará en llegar", enfatizó.

Denunciar no es judicializar

Vitale diferenció el deber legal de informar un hecho que requiere intervención estatal de la apertura automática de un expediente. "Hay una distinción crucial que la ley no termina de resolver: una cosa es cumplir con el deber legal de comunicar una situación que requiere intervención estatal eficiente, y otra muy diferente es convertir automáticamente cada conflicto protagonizado por adolescentes en una causa penal", explicó.

Para el juez, la obligación de denunciar no debería transformarse en una obligación de judicializar. Y advirtió sobre la paradoja de aplicar una norma centenaria a problemas actuales.

Un Código Penal de 1921 para problemas del siglo XXI

"A los problemas adolescentes del siglo XXI le estamos aplicando el Código Penal de 1921, con diferentes lógicas, miradas e intervenciones", cuestionó Vitale, y reclamó nuevos acuerdos para acompañar a docentes y directivos en su labor cotidiana.

En esa línea, el titular de la Cámara de Apelaciones local planteó que la discusión de fondo no es solo a qué edad empieza la responsabilidad penal, sino qué modelo de política criminal se quiere construir. "La escuela debería ser la primera oportunidad para evitar el sistema penal, no la primera puerta de entrada", concluyó.