El 51% que dejó de importar: quiénes podrán ser proveedores del RIGI desde ahora
Un decreto publicado en el Boletín Oficial borró la exigencia que obligaba a las firmas a tener mayoría de capital nacional para ser proveedoras del RIGI. Qué pasa ahora con las empresas de capitales extranjeros radicadas en el país y por qué una consultora advierte sobre un efecto no deseado.
El Gobierno nacional metió mano en la letra chica del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y cambió las reglas para las empresas que quieren aparecer en la cadena de proveedores de esos proyectos. La modificación se formalizó con el decreto 1366/2026, publicado en el Boletín Oficial.
El punto central: hasta ahora, para ser reconocida como proveedora local, una firma constituida y domiciliada en el país debía tener al menos el 51% de su capital social o de los votos necesarios para formar la voluntad societaria en manos de titulares locales. Ese requisito quedó eliminado.
Qué cambia para las empresas
Con la nueva reglamentación alcanza con que la compañía esté constituida y domiciliada en la Argentina. La nacionalidad o residencia de sus accionistas y la composición de su capital dejan de ser un obstáculo. Así, una empresa de capitales extranjeros radicada en el país podrá ser considerada proveedora local a los efectos del RIGI.
Hay una excepción que no se toca: en el caso de los bienes se mantiene la exigencia de cumplir con los criterios de origen nacional previstos en el Mercosur.
Los fundamentos del decreto sostienen que el objetivo es favorecer la integración de las empresas radicadas en la Argentina en las cadenas de suministro de los proyectos RIGI y promover una mayor concurrencia de proveedores.
Rondas de negocios y la advertencia de una consultora
La medida se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno para acercar a los grandes proyectos de inversión con las empresas proveedoras. En esa línea, el Ministerio de Economía organiza rondas de negocios: la segunda está prevista para el 2 de diciembre, con foco en hidrocarburos y energía, y contempla la participación de 60 empresas compradoras y más de 2000 proveedoras de todo el país.
Según un análisis de la consultora Paspartú, el Gobierno parece reconocer que el desarrollo de proveedores locales no puede quedar exclusivamente en manos de las empresas titulares de los proyectos RIGI y que hace falta una intervención del Estado para facilitar su participación.
Pero la misma consultora advierte sobre un posible efecto no deseado: que la calificación como proveedor local de empresas extranjeras domiciliadas en el país termine perjudicando al entramado productivo nacional en lugar de favorecerlo.
Transferencias de acciones y reorganizaciones
El decreto también flexibiliza las condiciones para la transferencia de acciones y las reorganizaciones societarias de las empresas adheridas al RIGI. Un tercero podrá adquirir participaciones de una compañía beneficiaria sin que esa operación altere, por sí misma, los derechos del proyecto aprobado. Eso sí: el monto de la adquisición no podrá computarse como inversión para cumplir con los mínimos exigidos.
En el caso de las uniones transitorias de empresas (UTE) y otros contratos asociativos, las transferencias de participaciones deberán informarse a la autoridad de aplicación dentro de los 15 días corridos posteriores a su inscripción. El organismo tendrá 30 días para formular observaciones y, si no lo hace, la operación se considerará conformada.
También se habilita que las sucursales dedicadas a proyectos del RIGI se reorganicen mediante la transferencia de sus activos, pasivos, derechos y obligaciones a una sociedad anónima. Para hacerlo deberán contar con autorización previa del Ministerio de Economía, pero no tendrán que volver a adherirse al régimen ni perderán los beneficios y condiciones originalmente aprobados.
Para Paspartú, estos cambios introducen una mayor flexibilidad regulatoria, aunque también incorporan una nueva instancia de no objeción por parte del Ministerio de Economía que no existía cuando se adhirieron los 27 vehículos de proyecto único (VPU) ya aprobados.
Exportaciones estratégicas y divisas del exterior
Por otra parte, se precisan las condiciones para cumplir con los compromisos de inversión de los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, que pueden desarrollarse en distintas etapas, y se amplían las posibilidades de computar divisas ingresadas desde el exterior por accionistas, socios y sociedades vinculadas a los proyectos.
En ese último caso, los fondos deberán destinarse efectivamente a las inversiones aprobadas y su utilización tendrá que estar respaldada por registros contables y mecanismos de trazabilidad. El Banco Central establecerá las condiciones correspondientes para el acceso al mercado de cambios.