El 6 de agosto, una marcha que puede definir el futuro de la Ley de Tierras

El próximo jueves 6 de agosto, el Congreso de la Nación será el escenario de una movilización que promete ser decisiva. Organizaciones de todo el país convocan a una marcha para rechazar el proyecto de reforma de la Ley de Tierras impulsado por el Gobierno de Javier Milei, en una jornada que coincidirá con un debate clave en el Senado.

La protesta, que se extenderá por distintas provincias en los días previos, busca frenar una iniciativa que modifica no solo la Ley de Tierras, sino también normas sobre expropiaciones, desalojos y manejo del fuego. Mientras el oficialismo defiende la reforma como un paso hacia la seguridad jurídica, los convocantes advierten sobre el riesgo de concentración de tierras y extranjerización de recursos estratégicos.

¿Qué se debate en el Senado?

La movilización fue convocada para el jueves 6 de agosto, frente al Congreso, el mismo día en que el Senado tiene previsto retomar el tratamiento de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Este proyecto introduce cambios en el régimen de tierras rurales y en otras normas vinculadas al derecho de propiedad.

En los días previos, se realizarán clases públicas, radios abiertas y encuentros en distintas provincias para informar sobre el contenido de la iniciativa y expresar el rechazo de diversos sectores sociales. La convocatoria reúne a organizaciones ambientales, territoriales, sociales y sindicales, que consideran que el proyecto implica cambios de alto impacto sobre el acceso y la protección de la tierra.

Los puntos más controversiales de la reforma

Uno de los aspectos más discutidos es la modificación de la Ley de Tierras, sancionada en 2011 para limitar la adquisición de campos por parte de extranjeros. La legislación vigente establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país, con límites también por provincia y municipio, y un tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola.

La iniciativa del Gobierno elimina esos topes. Si se aprueba, ya no existiría un porcentaje máximo de tierras en manos extranjeras ni un límite de superficie para un mismo comprador. Desde el Ejecutivo argumentan que la reforma fortalecerá la seguridad jurídica y atraerá inversiones, pero las organizaciones convocantes sostienen que podría facilitar la concentración de grandes extensiones en manos de capitales extranjeros y reducir los controles sobre recursos estratégicos.

Expropiaciones, desalojos y fuego: los otros cambios

El proyecto también introduce modificaciones en la Ley de Expropiaciones, endureciendo las condiciones para que el Estado recupere bienes declarados de utilidad pública. Además, plantea acelerar los procesos de desalojo y modificar la Ley de Manejo del Fuego, eliminando las restricciones que impiden cambiar el uso de tierras afectadas por incendios durante un período determinado, una norma creada para desalentar incendios intencionales con fines inmobiliarios, agropecuarios o comerciales.

La jornada del 6 de agosto será determinante. Si el oficialismo consigue los votos necesarios en el Senado, avanzará con una reforma que modifica aspectos centrales del régimen de tierras, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego. Si no alcanza los apoyos suficientes, la iniciativa volverá a quedar postergada, como ya ocurrió en un primer intento por falta de consenso político.