El 6% que el STJ prometió en abril sigue sin aparecer y los judiciales ya hablan de paro

El 12% se aprobó en febrero y se pagó solo la mitad. El 6% que debía liquidarse en abril sigue sin confirmarse, el gremio ya entregó informes que muestran sueldos por debajo de la pobreza y en Tribunales no descartan paros si la plata no aparece.

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El 6% que el STJ prometió en abril sigue sin aparecer y los judiciales ya hablan de paro
El 6% que el STJ prometió en abril sigue sin aparecer y los judiciales ya hablan de paro

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (SITRAJ) se reunió con los ministros del Superior Tribunal de Justicia y volvió a golpear la puerta con tres reclamos que llevan meses sin respuesta: violencia laboral, seguridad en la Morgue Judicial y un aumento salarial que quedó a mitad de camino. La paciencia del gremio se agota y las medidas de fuerza empiezan a sonar fuerte en los pasillos del Poder Judicial.

La conducción sindical espera una audiencia formal con el presidente del STJ, pero mientras tanto expuso la situación ante los ministros Alejandro Chaín y Luis Eduardo Rey Vázquez. Los planteos abarcan tanto a trabajadores de la Capital como del interior provincial.

Santo Tomé: denuncias por hostigamiento y un clima laboral que no mejora

Uno de los focos del reclamo es el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Santo Tomé, a cargo de la jueza Carolina Noha Durán. Según el sindicato, allí se registran situaciones de violencia laboral, hostigamiento, exigencias horarias excesivas y un "reglamentarismo extremo" que estaría afectando la salud integral de los empleados.

El gremio aseguró que existen denuncias y sumarios en trámite, y cuestionó la falta de medidas concretas para recomponer el clima laboral en esa dependencia.

Morgue Judicial: trabajadores de mantenimiento en la sala de autopsias

En la Capital, SITRAJ volvió a reclamar por la situación de trabajadores de mantenimiento dependientes de la Dirección de Arquitectura que fueron destinados a realizar tareas en la sala de autopsias de la Morgue Judicial. Para el sindicato, esas labores requieren personal especializado por los riesgos sanitarios que implican y por las normas específicas de seguridad laboral y cobertura de las ART.

Además, según detalló Diario Época, el gremio denunció que después de los reclamos se habrían producido medidas destinadas a "amedrentar y acallar" al personal. SITRAJ ratificó su postura en defensa de la salud de los trabajadores y aseguró que ambos ministros manifestaron desconocer tanto estos hechos como el escrito que el sindicato presentó el mes pasado.

El aumento del 12% que quedó incompleto

En el plano económico, la conducción sindical insistió en la falta de respuestas concretas frente al reclamo de recomposición salarial. Durante las reuniones, los representantes gremiales entregaron a los ministros informes gráficos que reflejan la brecha entre la inflación y el poder adquisitivo de los empleados judiciales.

En ese marco, reclamaron la recomposición de los haberes y el pago del 6% adeudado desde abril de 2026. El sindicato advirtió que las categorías más bajas del escalafón se encuentran por debajo de la línea de pobreza, en un contexto de creciente exigencia laboral.

El conflicto se originó a partir de una acordada del Superior Tribunal de Justicia que a mediados de febrero dispuso un incremento del 12% para empleados y funcionarios judiciales, a aplicarse en dos tramos. El primero, correspondiente a marzo, fue abonado. El segundo, previsto para los haberes de abril, aún no fue confirmado, lo que dejó el aumento incompleto y abrió el frente de conflicto.

La pulseada política con el Ejecutivo

En este escenario, el eje de la disputa se trasladó al plano político. Desde el Ejecutivo provincial, encabezado por Juan Pablo Valdés, surgieron objeciones al pago del tramo restante. El ministro de Hacienda, Héctor Grachot, advirtió que la medida tendría un fuerte impacto fiscal, con un costo estimado de entre 38.000 y 48.000 millones de pesos, argumento que fue utilizado para poner en duda su implementación.

Esta postura generó malestar en el ámbito judicial. Desde el sindicato de trabajadores reclaman el cumplimiento de la acordada y exigen que el incremento sea liquidado sin demoras. Ante la falta de respuestas concretas, crece la posibilidad de un conflicto gremial. En los pasillos del Poder Judicial no descartan la implementación de medidas de fuerza, incluyendo paros, en caso de que el aumento no se haga efectivo en los próximos días.

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