El 64% de las tierras del Chaco salteño cambió de manos: ¿quiénes están detrás?

Un investigador de la Universidad Nacional de Salta puso la lupa sobre las grandes transacciones de tierras en la provincia y encontró un dato que sacude el debate: la mayoría de los inversores no son extranjeros, sino argentinos. El estudio, que abarca operaciones de más de 200 hectáreas desde el año 2000, revela que el 67% de los compradores en el país y el 64% en el Chaco salteño son nacionales. La conclusión es incómoda: la discusión sobre la extranjerización, tan instalada en la agenda pública, deja afuera lo que realmente transforma el territorio.

Cristian Venencia es doctor en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, docente de la cátedra de Sociología Ambiental en la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa e integrante del INENCO. También forma parte del Equipo Técnico Regional de Land Matrix LAC, una iniciativa global que registra y analiza grandes transacciones de tierras. Desde ese lugar advierte que la pregunta central no es quién compra, sino para qué se usa el suelo.

“Nuestros datos muestran que en Argentina el 67% de los inversores son nacionales y en el Chaco salteño el 64%”, explica el investigador. Esa cifra desarma el lugar común que reduce el problema a los capitales foráneos y corre el foco hacia un fenómeno más amplio: el acaparamiento de tierras.

Más allá de la extranjerización

La Ley de Tierras 26.737 estableció un límite del 15% para la titularidad extranjera a nivel nacional y provincial, con restricciones adicionales en zonas de frontera y áreas con recursos naturales estratégicos. Para Venencia, esa norma es importante, pero insuficiente para entender lo que pasa en el territorio.

“Si bien es importante el tema de la extranjerización, también es importante el para qué se usa el suelo”, sostiene. El concepto de acaparamiento incorpora otras variables que la nacionalidad del comprador no muestra: la concentración de superficies en pocas manos, las desigualdades entre grandes y pequeños propietarios y los conflictos por el acceso y el uso de la tierra entre inversores y comunidades locales, sean indígenas, campesinas o pequeños productores.

Las operaciones que registra Land Matrix superan las 200 hectáreas, se iniciaron a partir del año 2000 y suponen un cambio potencial en el uso del suelo. En Argentina y América Latina, esos cambios están vinculados principalmente a la producción de soja y a la ganadería, aunque también pueden relacionarse con la actividad minera.

“No importa tanto el tipo de nacionalidad, sino más bien para qué se usa y si eso trae consecuencias sobre los otros actores del territorio”, resume Venencia.

General Pizarro: el caso que muestra el mecanismo

Uno de los ejemplos que el investigador usa para ilustrar estas transformaciones es la Reserva de General Pizarro. Los lotes 32 y 33 eran tierras fiscales de la provincia que fueron desafectadas como reserva provincial para destinarlas a la agricultura. El proceso derivó en una intervención del Estado Nacional, que compró cerca de 8.000 hectáreas que hoy conforman la Reserva Nacional o Área Protegida Nacional General Pizarro. Otras superficies, en cambio, quedaron en manos de actividades agrícolas.

Para Venencia, el caso demuestra que las discusiones sobre la propiedad rural están atadas a las decisiones sobre el destino de los territorios y sus recursos. Y que la información pública es una herramienta clave para seguirles el rastro: Land Matrix construye una base de datos abierta a partir de contratos de compra y venta, arrendamientos, concesiones, notas periodísticas, informes de organizaciones y documentación empresarial, entre otras fuentes. El objetivo es identificar operaciones que no siempre aparecen en las estadísticas oficiales.

Tierra, comunidades y desarrollo

Una de las dimensiones que más preocupa al investigador es el impacto sobre las comunidades indígenas y las familias criollas del Chaco salteño. Muchos pequeños productores y comunidades habitan territorios sobre los que no tienen títulos de propiedad, lo que los deja en una posición vulnerable frente a posibles desalojos y a la presión de actividades productivas y extractivas.

“La principal consecuencia de los conflictos por parte de comunidades indígenas y pequeños productores es la falta de una tenencia de la tierra segura para este tipo de comunidades”, señala Venencia.

El problema, entonces, no se limita a la concentración de la tierra: también involucra la posibilidad de que quienes históricamente la habitan puedan seguir desarrollando sus formas de vida y sus actividades productivas.

Venencia vincula este escenario con la expansión agrícola y ganadera en el Chaco salteño desde comienzos de los años 2000, en particular a partir de la soja transgénica. Según plantea, durante ese período se instaló una expectativa de desarrollo económico para la región que, desde su perspectiva, todavía no se reflejó en las condiciones de vida de parte de sus comunidades.

“Sigue habiendo comunidades que están bajo la línea de pobreza, niños desnutridos en comunidades indígenas, entonces como que ese desarrollo todavía no llegó”, sostiene.

Frente a ese panorama, el investigador destaca el rol de la Universidad y del sistema científico en la producción de conocimiento sobre las transformaciones del territorio. Para Venencia, visibilizar esta problemática permite meter en el debate dimensiones que exceden la propiedad de la tierra y poner sobre la mesa cómo se configuran los territorios, quiénes pueden habitarlos y producirlos y cuáles son las consecuencias sociales y ambientales de los distintos modelos de uso del suelo.

Desde la UNSa, el estudio de estas dinámicas aporta herramientas para entender una problemática que atraviesa el presente y el futuro de la provincia: no solo quién tiene la tierra, sino qué se hace con ella y qué lugar ocupan las comunidades que la habitan.