¿Qué respondió el 76% de los encuestados cuando les preguntaron si usarían la eutanasia si fuera legal en Argentina? El informe del Hospital San Bernardo reveló una postura que sorprende y otra que preocupa.
Un informe del Comité de Bioética Clínica del Hospital San Bernardo puso sobre la mesa una discusión que suele evitarse: qué quieren los salteños para el final de su vida. La investigación, titulada “Ahora y en la hora de nuestra muerte”, reunió 1.506 respuestas de residentes en Salta mayores de 16 años y arrojó resultados que llaman la atención.
El dato más contundente: el 71% de los encuestados se mostró a favor de que Argentina apruebe una ley que regule la eutanasia, una práctica que hoy no está permitida en el país.
Qué pasaría si la ley existiera
La consulta fue más allá de la opinión general. Cuando se preguntó si accederían a la eutanasia en caso de que una legislación la habilitara, el 76% respondió que sí.
Los autores del informe aclararon que esos números reflejan las opiniones de quienes respondieron voluntariamente el cuestionario y que no pueden extrapolarse de manera automática a toda la población provincial.
La conversación que falta en las familias
Otro de los ejes que abordó el relevamiento fue la comunicación dentro del círculo íntimo. Solo el 64% de los participantes había hablado con familiares o allegados sobre sus deseos para el final de la vida.
Eso implica que más de un tercio de los encuestados nunca expresó cómo le gustaría ser acompañado ni qué decisiones deberían tenerse en cuenta ante una situación crítica.
El estudio detectó además un patrón: quienes trabajan en el ámbito de la salud o atravesaron de cerca una enfermedad grave mostraron una mayor predisposición a mantener ese tipo de conversaciones.
Qué propone el Comité de Bioética
A partir de los resultados, el Comité del Hospital San Bernardo planteó una serie de necesidades: generar espacios de información y diálogo sobre el final de la vida, reforzar la formación de los profesionales de la salud y mejorar los procedimientos clínicos que garantizan la autonomía de los pacientes.
El informe también apunta a alimentar un debate público sobre el derecho de las personas a conocer su situación de salud, a participar de las decisiones médicas y a expresar sus preferencias frente a enfermedades graves.
