El abandono de seis hermanos tras un secuestro ilegal: el detalle que estremece en un juicio inédito

Este martes comenzó en Santa Fe un juicio histórico que, por primera vez, aborda delitos de lesa humanidad cometidos específicamente contra niños y niñas durante la última dictadura militar. Cuatro acusados, entre ellos tres expolicías y un exsecretario judicial, se sientan en el banquillo por secuestros, tormentos, allanamientos ilegales y abandono de menores. Las víctimas: 34 personas, entre ellas varios menores de edad.

¿Qué pasó en la ladrillera de Lima?

Uno de los hechos más graves ocurrió el 15 de febrero de 1980 en la localidad bonaerense de Lima. Allí, personal policial irrumpió sin orden judicial en una ladrillera y secuestró a Arnaldo Catalino Páez, a su esposa y al hijo mayor de la familia. Como consecuencia, otros seis hijos del matrimonio, de entre un mes y medio y 12 años, quedaron abandonados. Según reconstruyó la fiscalía, los chicos debieron salir solos a buscar ayuda y sobrevivir como pudieron luego de encontrar su casa saqueada tras el procedimiento policial.

“La fiscalía destacó que este abandono no fue una consecuencia accidental sino una derivación directa del procedimiento ilegal”, señalaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Los acusados y el circuito represivo

Los imputados son los exintegrantes del área de inteligencia de la policía provincial Eduardo Enrique Riuli, Oscar Alberto Cayetano Valdez y Antonio Parvellotti, junto al exsecretario judicial federal Víctor Hermes Brusa. Enfrentan cargos por secuestros, tormentos, allanamientos ilegales y abandono de menores, entre otros delitos. Los hechos ocurrieron entre febrero y junio de 1980 y formaron parte del circuito represivo que operaba alrededor del Departamento de Informaciones D-2 de la Policía de Santa Fe, uno de los principales centros clandestinos de detención de la provincia durante la dictadura.

Las víctimas y los métodos de tortura

Según la acusación, las víctimas eran secuestradas, mantenidas encapuchadas y esposadas, sometidas a torturas físicas y psicológicas y luego trasladadas a cárceles o dependencias judiciales donde eran obligadas a firmar declaraciones bajo amenazas y apremios ilegales. Entre los testimonios reconstruidos aparecen víctimas que denunciaron sesiones de picana eléctrica, golpes, simulacros de fusilamiento y cautiverios en centros clandestinos antes de ser trasladadas a cárceles federales.

Más localidades afectadas

El juicio también aborda la persecución a trabajadores ferroviarios, militantes políticos y vecinos de Laguna Paiva, además de secuestros y torturas ocurridos en Esperanza, Santo Tomé, Ceres y otras localidades. La causa deriva del expediente conocido como “Laguna Paiva”, en el que ya habían sido condenados seis policías provinciales en 2021 por privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos agravados.

El tribunal está integrado por los jueces Ricardo Vázquez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano, mientras que la fiscalía es representada por Nicolás Sacco, integrante de la Oficina de Derechos Humanos de Santa Fe.