El abogado de las juezas del TSJ lanzó una dura advertencia sobre el futuro de la Caja de Previsión

La pelea por las jubilaciones de tres vocales del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz sumó un nuevo capítulo con una denuncia que sacude los cimientos del sistema previsional. Fernando Tanarro, abogado de las magistradas, aseguró que la maniobra esconde un objetivo mayor: entregar la Caja de Previsión Social a la Nación.

El ex fiscal de Estado durante la gestión de Alicia Kirchner habló en exclusiva con La Opinión Austral y fue tajante al analizar el impacto económico de la decisión que afecta a Paula Ludueña, Alicia de los Ángeles Mercau y Reneé Fernández.

¿Qué hay detrás de las jubilaciones compulsivas?

Tanarro aseguró que la salida de las juezas no solo es inconstitucional, sino que además generará un déficit mayor en la Caja. "Es al revés. Esta es la forma de generar un mayor déficit en la Caja y viene con una intención clara que es la de entregar la Caja a Nación", disparó.

El letrado explicó que la medida, lejos de aliviar las finanzas del organismo, las complica. "Si yo jubilo compulsivamente, tengo que generar tres sueldos por acá y tres sueldos más por allá", detalló, haciendo referencia a los reemplazos que habrá que designar en el máximo tribunal.

La presentación de las vocales ante el Correo Argentino, mediante cartas documento, intimó a la Caja a dejar sin efecto los acuerdos en un plazo de 24 horas. La defensa calificó la decisión de "inoponible, improcedente, ilegal e inconstitucional".

El argumento económico que preocupa

Para Tanarro, el mecanismo elegido contradice cualquier intento de fortalecer el organismo previsional. "Esto, en vez de financiar la Caja, desfinancia", sentenció, al señalar que se generan simultáneamente obligaciones previsionales y nuevos costos salariales para el Estado.

La advertencia del abogado coincide con la postura del vocal Cristián Sánchez, quien días atrás confirmó que el directorio avanzó en las jubilaciones a través del decreto 608/24 sin su consentimiento ni el de Viviana Carabajal. "Es una forma clarita de desfinanciar la Caja", había afirmado Sánchez.

El eje constitucional: el artículo 128

El planteo económico se suma al jurídico. Tanarro sostuvo que la jubilación forzada de las magistradas viola el artículo 128 de la Constitución provincial, que garantiza la inamovilidad de los jueces del Tribunal Superior. "Esta jubilación compulsiva es absolutamente inconstitucional", remarcó.

El abogado explicó que los jueces del máximo tribunal solo pueden ser removidos mediante juicio político. "Por eso este tipo de jubilación a través de una directiva de la Caja y de un decreto violenta arbitrariamente la Constitución y no puede ser sostenida bajo ningún punto de vista", afirmó.

Qué debería hacer la Caja para evitar el conflicto

La defensa tiene un pedido concreto: "Para evitar llegar a judicializar toda esta situación tienen que retrotraer la resolución, dejarla sin efecto", exigió Tanarro. El abogado aclaró que el decreto 608/2024 ya está judicializado y seguirá su curso por los canales correspondientes.