El abogado que defendió a Urribarri reveló el día exacto en que cambió todo

El penalista Marcos Rodríguez Allende pasó por Plaza Mansilla, el programa de Elonce Radio & Streaming FM 98.7, y repasó sin filtros su rol como defensor en algunas de las causas de corrupción más resonantes de Entre Ríos. Entre allanamientos, estrategias que no prosperaron y su presente al frente de la defensa de dos exvicegobernadores, dejó definiciones que sacuden el tablero judicial.

Recibido en 1994, Rodríguez Allende construyó una carrera que combina el Estado y el ejercicio privado: fue asesor legal del IAPV, pasó por el Ente Regulador de Energía, la Jefatura de Policía y hasta dio clases dentro de la institución policial. "Siempre digo que el sector eléctrico ha sido mi segunda casa, pero mi pasión es la actividad judicial, sin dudas", confesó.

El quiebre en la causa Urribarri

Al repasar las investigaciones que involucraron al exgobernador Sergio Urribarri, el abogado ubicó un momento bisagra: los allanamientos del 6 de agosto de 2016 en la imprenta de Racedo, Tep SRL. "El quiebre en la investigación fue el 6 de agosto del 2016. Allanamiento en la imprenta de Racedo. Yo creo que ahí fue un antes y un después", sostuvo.

Con esas evidencias sobre la mesa, planteó una salida que finalmente no se concretó: "Una de las estrategias planteadas podía ser acotar las responsabilidades a partir de lo que se llama un juicio abreviado". Según su relato, Urribarri recibió otro asesoramiento y eligió un camino distinto.

Más tarde continuó representando a Juan Pablo Aguilera durante una etapa del proceso. Consultado sobre el desenlace, admitió que esperaba una condena, aunque nunca de esa magnitud: "Nunca me imaginé una pena de esas características. Sí me imaginé una sentencia condenatoria después de haber desarrollado el debate, pero no de esa magnitud".

Contratos II: la causa que tiene a Cáceres y Bahl en la mira

Rodríguez Allende también se refirió al expediente denominado Contratos II, donde ejerce la defensa de los exvicegobernadores José Cáceres y Adán Bahl. El caso analiza posibles responsabilidades de autoridades legislativas en distintos períodos, y el abogado destacó el ida y vuelta con los fiscales: "Nosotros estamos trabajando muy activamente con los fiscales y acá debo reconocer que los fiscales han aceptado todas y cada una de las medidas probatorias que les fui proponiendo".

Según detalló, incorporaron documentación y realizaron entrevistas vinculadas al funcionamiento del sistema de contratación. "En este momento vamos a ver qué deciden los fiscales, pero hemos avanzado significativamente", agregó, y remarcó que, desde la posición de las defensas, considera necesario analizar por separado cada período investigado.

"Llegar a juicio es un cierto fracaso del sistema"

Uno de los ejes centrales de la charla fue el funcionamiento del sistema acusatorio entrerriano. "Sin duda que el sistema acusatorio vino para quedarse, no solo en nuestra provincia, sino también en la República Argentina y en todos los países de Latinoamérica", afirmó.

Para el penalista, el modelo exige que fiscales y defensores se muevan rápido para resolver conflictos en etapas tempranas. "Esto no se trata de una guerra de teorías del caso, a ver quién tiene la teoría del caso más potente y llega al juicio de la forma más grande", advirtió. Y lanzó su definición más fuerte: "Yo creo que llegar a juicio, de alguna manera, representa un cierto fracaso del sistema acusatorio, porque lo que intenta el sistema adversarial es resolver los conflictos con la mayor rapidez posible".

Entre los ajustes que considera pendientes mencionó las facultades de los juzgados de Garantías y los llamados plazos razonables. Aclaró que los tiempos dependen de cada delito: no es lo mismo un caso de flagrancia, que puede elevarse a juicio en 15 días o cerrarse con un abreviado, que una investigación por enriquecimiento ilícito. "Es un delito no solamente complejo, sino estrictamente contable, en donde se hacen distintos tipos de pericias, tasaciones e informes contables. Eso lleva un tiempo prolongado; la recolección de pruebas y de evidencia es compleja", explicó.

Diálogo con la Fiscalía y el futuro del organismo anticorrupción

El abogado contó que su método arranca por juntarse con el fiscal ni bien aparece una denuncia: "Lo primero que hago es juntarme con el fiscal a ver cómo podemos resolver esta cuestión, qué necesita para demostrarle que acá no hay delito". Y reconoció que esa rutina lo obliga a insistir seguido: "Muchas veces peco de pesado con los señores fiscales, pero esto necesita que dos o tres veces a la semana nos estemos juntando, hablemos del tema, propongamos las pruebas y las evidencias que sean necesarias".

Sobre la conformación de la Fiscalía Anticorrupción, consideró positiva la especialización para investigar delitos contra la administración pública. "Es un avance muy importante. Me parece que esa ley de creación, cuando Rosario era ministra de Gobierno, ha sido un gran avance", expresó. Lamentó que se hayan presentado pocos postulantes al concurso, aunque valoró la experiencia de quienes sí lo hicieron, y cerró con una condición clave para el cargo: "La persona que vaya a tener este rol tan importante debe conocer, indudablemente, más allá del derecho penal o la expertiz del derecho procesal, el derecho administrativo".