El abogado que denunció a Caputo, Bausili y Curutchet ahora pide detenerlos: el argumento que complica a los tres

El abogado Gregorio Dalbón amplió la denuncia penal que ya pesaba sobre el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet, por las operaciones con el oro de las reservas durante 2025. En el mismo escrito, les pidió al juez que los detenga y los indague, al sostener que sus cargos podrían poner en riesgo la investigación.

La presentación se apoya en el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que aprobó los estados contables del BCRA al 31 de diciembre de 2025 mediante la Resolución 205/2026. Ese documento registró un resultado negativo de $1.469.155 millones —unos u$s1.023 millones— en operaciones con derivados financieros cuyo activo subyacente fue el oro, con egresos de divisas.

Dalbón encuadró los hechos, por ahora, en tres figuras penales: administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública (artículos 173, inciso 7°, y 174, inciso 5°, del Código Penal), abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248) y asociación ilícita (artículo 210). La causa ya investiga presuntas maniobras de defraudación contra la Administración Pública y abuso de autoridad.

La pérdida que activó la denuncia

El informe de la AGN incluyó un apartado específico sobre las operaciones de opciones vinculadas al oro. Según consignó, el BCRA había concertado durante 2025 operaciones de derivados liquidables en dólares estadounidenses con el argumento de cubrir riesgos asociados a ese activo. Al cierre del ejercicio, ya no existían operaciones de ese tipo, y el resultado de las transacciones fue, textualmente, "una pérdida de $1.469.155 millones en moneda de cierre (u$s1.023 millones), con egresos de divisas".

La cifra se descompone en $1.400.793 millones —unos u$s960,2 millones— registrados como resultado negativo por opciones, y otros $68.362 millones —unos u$s62,8 millones— correspondientes a primas de opciones. En el mismo ejercicio, la tenencia de oro del Banco Central registró una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones.

Para Dalbón, el resultado negativo de las opciones superó ampliamente el costo de las primas: advirtió que la pérdida fue más de quince veces superior a las primas contabilizadas. Esa diferencia, sostuvo, obliga a determinar si el BCRA asumió posiciones vendidas, con qué características y bajo qué límites de riesgo. También pidió establecer si existió un perjuicio patrimonial efectivo para el Estado, más allá de las ganancias contables por la revaluación del oro.

La estrategia del collar y las dudas sobre la cobertura

Uno de los ejes del escrito es la posible utilización de una estrategia conocida como collar, que, según las publicaciones periodísticas citadas por el denunciante, habría combinado la compra de una opción para fijar un piso de precio con la venta de otra para establecer un techo. Bajo esa hipótesis, si la cotización del oro superaba ese límite, el Banco Central debía pagar la diferencia.

El propio Dalbón aclaró que esa descripción no surge directamente del informe de la AGN y que deberá corroborarse con los contratos y la documentación de las operaciones. Además, señaló que el oro subió aproximadamente un 65% en dólares durante 2025 y cuestionó que se hubiera contratado una cobertura sobre un activo que, según planteó, no suele venderse en el mercado.

La presentación remarca que "el costo no fue teórico ni contable", sino que se habría traducido en egresos efectivos de divisas. Por eso reclamó una pericia que determine cómo se estructuraron las transacciones, qué pagos se hicieron y cuál fue su impacto económico real.

Dalbón también citó declaraciones del ex titular del BCRA Martín Redrado, quien sostuvo que "ha habido un error de cálculo", y recordó que Caputo había defendido la posibilidad de obtener rendimientos de los activos del Estado. En julio de 2024, según reprodujo el escrito, el ministro afirmó que mantener el oro "encerrado en el Central sin hacer nada para el país es negativo". Para el denunciante, esa declaración obliga a establecer si la política de rentabilizar las reservas se trasladó a las operaciones cuestionadas y qué intervención tuvo cada funcionario.

El destino del oro y el rol de cada funcionario

Otro de los puntos que Dalbón pidió esclarecer es la localización y el destino de las reservas físicas de oro. Mencionó las distintas versiones públicas sobre la ubicación de los lingotes y la existencia de otra auditoría de la AGN sobre la gestión de las reservas físicas, que habría sido remitida al Banco Central para que presentara su descargo.

El abogado reclamó que se determine si las operaciones con derivados estuvieron vinculadas con el oro trasladado al exterior y si hubo coordinación entre las autoridades económicas y la conducción del BCRA.

Respecto de Bausili, recordó que como presidente de la entidad tiene a su cargo la administración y representación legal del Banco Central. Sobre Curutchet, pidió establecer si participó en la aprobación, el conocimiento, el control o la ratificación de las transacciones. Y en cuanto a Caputo, sostuvo que debe investigarse si intervino, coordinó, instruyó o tomó conocimiento de la estrategia de administración del oro, pese a que la Carta Orgánica del BCRA establece que la entidad no está sujeta a órdenes o instrucciones del Poder Ejecutivo.

El escrito plantea que la investigación debe reconstruir la cadena de decisiones —quién propuso, autorizó, ejecutó y supervisó cada operación— y también identificar a las contrapartes financieras involucradas.

Qué delitos se investigan

La denuncia encuadra provisoriamente los hechos en tres figuras. La primera es la administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública: para Dalbón debe determinarse si quienes administraban las reservas violaron sus deberes y ocasionaron un perjuicio patrimonial al Estado.

La segunda es el abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En ese punto, pidió analizar si las decisiones respetaron la Carta Orgánica del BCRA, la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y las normas internas sobre inversiones y administración de riesgos.

La tercera es la asociación ilícita. El denunciante pidió investigar si existió una actuación coordinada y sostenida entre funcionarios de distintas áreas. Como hipótesis, el escrito vincula el traslado de lingotes al exterior durante 2024 con las operaciones con derivados de 2025. La eventual existencia de delitos y la responsabilidad individual de los funcionarios deberán establecerse en la investigación judicial.

Las pruebas que reclama

Para avanzar con la causa, Dalbón propuso una serie de medidas. Solicitó que la AGN remita el informe completo sobre los estados contables del Banco Central, sus papeles de trabajo, la documentación respaldatoria y la auditoría específica sobre las reservas físicas de oro.

También reclamó que el BCRA entregue las actas del directorio y de los comités internos que hayan intervenido, junto con los contratos, las confirmaciones, la identificación de las contrapartes, los montos, los vencimientos, las primas y los comprobantes de pago. Pidió además los informes técnicos y de riesgo que fundamentaron la estrategia, las políticas de cobertura vigentes y la identificación de los funcionarios que participaron en cada etapa.

Al Ministerio de Economía le solicitó que informe sobre las comunicaciones, instrucciones, reuniones y actuaciones mantenidas con el Banco Central durante 2024, 2025 y 2026 en relación con la administración del oro. Otra medida es la preservación de documentos, registros de operaciones y comunicaciones electrónicas vinculados con los hechos denunciados. Por último, propuso designar peritos contadores para que determinen la naturaleza de los instrumentos, la razonabilidad y efectividad de la cobertura invocada, el resultado económico neto y la existencia de un eventual daño patrimonial.

Por qué pide detenerlos

Dalbón argumentó que la permanencia de los tres funcionarios en sus cargos podría comprometer la preservación de pruebas relevantes, porque parte de la documentación está en organismos que conducen o integran. Según sostuvo, la prueba central son contratos, actas, informes de riesgo, registros de liquidación y comunicaciones entre el Banco Central y el Ministerio de Economía.

En ese marco, afirmó que quienes encabezan esas estructuras tienen acceso material a los documentos y autoridad sobre los funcionarios que podrían ser convocados como testigos. El escrito señala que "la prueba esencial de esta causa es documental y está en poder de organismos que los denunciados dirigen o integran".

Dalbón también sostuvo que los empleados de las áreas de reservas, mercados, riesgos y asuntos jurídicos podrían aportar información sobre la operatoria, y que sus vínculos jerárquicos con los denunciados deben considerarse al evaluar un eventual riesgo de entorpecimiento. Sobre el peligro de fuga, invocó la magnitud económica de las operaciones, las escalas penales de los delitos que propuso investigar y las relaciones de los funcionarios con instituciones y contrapartes financieras del exterior.

El abogado pidió que la detención se extienda por el tiempo estrictamente necesario para resguardar la documentación y los registros del BCRA y del Ministerio de Economía —mediante secuestro o copias forenses— y para recibirles declaración indagatoria. "La única forma de neutralizar ese riesgo con eficacia es apartar transitoriamente a los denunciados de esas fuentes de prueba", argumentó.

De manera subsidiaria, solicitó que, si el juez no considera procedente la detención, se impongan medidas menos restrictivas: prohibición de salir del país, restricciones de acceso a las áreas donde esté la documentación, prohibición de comunicarse entre sí y con funcionarios y auditores que deban declarar, presentaciones periódicas ante el tribunal y una caución. Por último, requirió que, una vez producida la prueba, se cite a prestar declaración indagatoria a Caputo, Bausili y Curutchet, así como a quienes resulten responsables.