El abogado que festejó los rebencazos en Lago Escondido y ahora busca un cargo clave contra la tortura

El oficialismo de Javier Milei impulsa en el Congreso la designación de Fernando Zarabozo como integrante del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Se trata de un abogado de las fuerzas de seguridad, sin antecedentes en derechos humanos, que en los últimos años defendió públicamente la criminalización de la protesta y minimizó la violencia institucional.

Zarabozo, funcionario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), donde está a cargo de la Oficina de Defensa Letrada, celebró en redes sociales las agresiones físicas contra manifestantes que marchaban hacia Lago Escondido. Sus publicaciones forman parte de la impugnación que organizaciones de derechos humanos presentaron contra su candidatura.

Los posteos que complican su postulación

El 2 de febrero de 2023, Zarabozo escribió en X: “Una medalla para estos gauchos. No sólo por evitar la usurpación, sino también por enseñarles a los cabeza de termo cómo deben comportarse”. Lo hizo en respuesta a mensajes que felicitaban a los peones de la estancia del magnate británico Joe Lewis, quienes habían corrido a rebencazos a los participantes de la Séptima Marcha por la Soberanía, ocurrida el 1° de febrero.

Dos días después, volvió a referirse al ataque: “¿Aprendieron la lección? No se metan más en propiedad privada porque cobran y después lloran. Fin”. Y el 8 de febrero redobló: “La próxima vez que quieran usurpar un terreno se van a acordar los rebencazos, jajaja”.

En esa misma semana, el 4 de febrero, se burló de Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, el joven que murió en agosto de 2017 durante un operativo de Gendarmería. Ante la convocatoria de Sergio a marchar el 24 de marzo por la memoria de los detenidos-desaparecidos, Zarabozo le respondió: “Sergio, yo tengo una curiosidad. ¿Cómo haces para estar boludeando todo el día por twitter? ¿Y encima te hacés tiempo para ir a marchas? ¿Cuándo laburás?”.

Qué es el Comité contra la Tortura

El Comité es un órgano dependiente del Congreso, creado en 2013, que funciona como rector del mecanismo de prevención y prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Sus funciones se enmarcan en los artículos 18 y 75, inciso 19, de la Constitución Nacional y en la Convención contra la Tortura.

Si el Senado aprueba su pliego —está previsto que lo trate el 26 de noviembre— y luego hace lo propio Diputados, Zarabozo pasará a ser uno de los responsables de velar por la garantía del derecho a la protesta y por las condiciones dignas de detención en las cárceles.

El respaldo político y el rechazo de los organismos

La candidatura de Zarabozo obtuvo dictamen de comisión la semana pasada con el apoyo de los bloques de La Libertad Avanza (LLA), el PRO y la UCR. Sin embargo, un grupo de organizaciones de derechos humanos presentó una impugnación. Entre ellas figuran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (AC), la Comisión Provincial de la Memoria y el Consejo Federal de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura.

En el documento, las entidades advirtieron que en ponencias académicas de 2020 y 2021 Zarabozo calificó como “actos de terrorismo” protestas sociales en Chile y Colombia, sin mencionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas estatales en esos contextos. También remarcaron que defendió la ampliación del uso de armas de fuego por la policía incluso fuera de situaciones de peligro inminente para la vida o la integridad física, y que consideró que los límites al uso de la fuerza son un obstáculo para la acción policial. Además, señalaron que caracterizó a las comunidades mapuches como “grupos violentos” cuya pertenencia a la Patagonia sería solo “supuesta”.

Su defensa ante el Congreso

En el proceso de selección, Zarabozo expuso ante la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo. Allí reivindicó su trayectoria como abogado penalista, afirmó que dedicó buena parte de su carrera a la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad y sostuvo que defender a policías no implica avalar sus actos.

No obstante, debió hacer una autocrítica por sus mensajes en redes. Sobre el ataque a rebencazos en Lago Escondido dijo: “Fueron expresiones desafortunadas y no las sostengo. Nunca es legítimo que particulares ejerzan violencia física contra otras personas como forma de disciplinamiento, castigo o respuesta frente a un reclamo. La prohibición de la tortura y los malos tratos no admite excepciones”.

Respecto de la burla a Sergio Maldonado, manifestó: “Fue una respuesta de tono impropio en una controversia pública, y no la sostengo. El derecho de los familiares de víctimas de violencia institucional a reclamar verdad, justicia y esclarecimiento, y a manifestarse, es una garantía del sistema democrático”.