Un abogado acumula cerca de 150 causas contra la pesquera que lidera Fernando Álvarez Castellano. Ahora va por él, pero en lo personal: el motivo está en un supuesto pedido de acuerdo que, según el letrado, nunca existió como se difundió.
El abogado Diego Martínez Zapata aseguró que Conarpesa es la única empresa pesquera que no cumple la legislación laboral y confirmó que lleva adelante cerca de 150 demandas contra la compañía que lidera Fernando Álvarez Castellano. Lo dijo en diálogo con Radio Chubut, donde sostuvo que la firma "lisa y llanamente incumple la legislación" y que es la única que opera de esa manera en el sector.
Las causas no son nuevas. El letrado recordó que se acumulan desde 2021 y que, sumadas, representan un monto global de entre 900 y 1.000 millones de pesos. A esa cifra hay que agregarle los reclamos que otros abogados llevan en paralelo por más trabajadores en litigio.
Qué dicen los fallos sobre el accionar del grupo
Martínez Zapata explicó que la Justicia ya se expidió cuestionando el proceder de Conarpesa y de Agropez. En una de las últimas resoluciones, según detalló, al grupo empresario se lo califica como «querulante» y se le atribuye un proceder malicioso.
El nuevo juicio, ahora contra Álvarez Castellano en persona
El abogado anticipó que iniciará otra demanda contra Álvarez Castellano, pero esta vez de manera personal, por daños y perjuicios. El motivo es la difusión falsa de un supuesto pedido de acuerdo que él habría hecho con la intención —según la versión del empresario español— de cobrar primero sus honorarios y relegar el reclamo de los trabajadores.
Martínez Zapata sostuvo que la situación es exactamente al revés: en rigor fue la empresa la que pidió un arreglo a través de Wofco, los socios de Álvarez Castellano, que no quieren que continúen los juicios que se tornaron interminables.
De 13 a 320 millones: por qué creció una demanda
Para graficar cómo se acumulan los reclamos, el letrado puso el ejemplo de una demanda que pasó de 13 a 320 millones de pesos. Aclaró que el aumento no responde a que los trabajadores formen parte de la «industria del juicio», como sostuvo Álvarez Castellano, sino al paso del tiempo: la firma fue perdiendo en todas las instancias y las deudas se fueron acumulando con los años por actualizaciones, multas y tasas judiciales.