El abogado que revisa los descuentos de jubilados y trabajadores chaqueños: "Pueden quedarse sin un peso para comer"

El abogado Carlos Díaz advirtió que los descuentos sobre salarios y haberes pueden absorber el 90% o incluso el 100% de los ingresos de jubilados, pensionados y trabajadores chaqueños, y alertó por la aplicación de intereses que llegan al 1.300% anual en créditos otorgados por bancos y financieras. Lo dijo en diálogo con Radio Natagalá.

Según explicó el letrado, la combinación de tasas elevadas, cuotas y deducciones automáticas empuja a los deudores a destinar una porción cada vez mayor de sus ingresos al pago de obligaciones, hasta dejar sin margen para los gastos básicos: alimentación, vivienda, servicios.

Un problema que no distingue montos

Díaz aclaró que el fenómeno no afecta solo a quienes pidieron créditos por sumas altas. También golpea a personas con ingresos mensuales que no alcanzan a cubrir los descuentos acumulados por distintos compromisos financieros.

El abogado puso el foco en jubilados y pensionados, y en los trabajadores que dependen de un ingreso fijo, porque la magnitud de las retenciones puede dejarlos directamente sin capacidad para afrontar lo esencial.

Qué dice la ley sobre los intereses abusivos

Díaz explicó que el Banco Central no fija un tope máximo general para todas las tasas, pero eso no significa que cualquier porcentaje sea válido ni que quede fuera del control de la Justicia.

El artículo 771 del Código Civil y Comercial faculta a los jueces a reducir los intereses cuando resultan desproporcionados. Esa herramienta permite revisar las condiciones de un crédito y ajustar sus consecuencias, aunque su aplicación exige analizar cada operación y las circunstancias en que se originó la deuda.

La firma no habilita todo

El letrado también se refirió a las normas de orden público que protegen los ingresos. Remarcó que una autorización firmada por el titular de los haberes no alcanza para desconocer los límites legales.

Cuestionó así el argumento de que el consentimiento del trabajador justifica cualquier deducción, sobre todo cuando las retenciones comprometen la cobertura de gastos esenciales. La firma, dijo, es uno más de los elementos que deben analizarse junto con las normas que regulan la protección de los ingresos.

Revisar, reclamar, suspender

Díaz sostuvo que el ordenamiento jurídico vigente ofrece herramientas para intervenir frente a intereses desproporcionados y descuentos que ponen en riesgo la subsistencia. La revisión judicial de las condiciones de un crédito puede permitir la reducción de intereses abusivos y, en determinadas circunstancias, la suspensión de deducciones que afectan gravemente los ingresos.

Para el abogado, no hacen falta nuevas leyes: alcanza con aplicar las que ya existen para proteger a los consumidores y frenar los descuentos abusivos. Los tribunales pueden evaluar la proporcionalidad de los intereses y la legalidad de las retenciones, además de disponer medidas provisionales cuando el caso lo justifique.

En ese marco, recomendó a quienes detecten retenciones elevadas revisar las autorizaciones otorgadas, las condiciones de los créditos y los montos efectivamente descontados, para determinar si hay elementos que justifiquen un reclamo.

El conflicto ya no es solo de las financieras

Díaz indicó que el sobreendeudamiento dejó de estar asociado exclusivamente a entidades financieras no bancarias y hoy involucra también a bancos. Las consecuencias se reflejan en la proporción de ingresos comprometidos y en la imposibilidad de atender las necesidades cotidianas.

El abogado subrayó que el objetivo de la intervención judicial es resolver las controversias conforme al marco jurídico aplicable, sin que el cobro de una obligación implique aceptar cualquier condición financiera ni cualquier nivel de retención.